La fiscalía pide siete años por el asfaltado de la rambla con fondos malversados y sin autorización medioambiental
ALMERÍA HOY / 21·04·2025
A partir de hoy tendrá lugar el juicio contra el exalcalde de Albox Francisco Torrecillas así como contra el exconcejal de Obras Públicas José Simeón Campoy, en la Audiencia Provincial, para los que la Fiscalía pide siete años de prisión, por el asfaltado de la rambla del municipio para el aparcamiento de vehículos con fondos presuntamente malversados y sin autorización medioambiental de la Junta de Andalucía.
Hay que recordar que la justicia le imputa a Torrecillas y su entonces concejal de Obras, José Campoy, un total de tres delitos. Uno contra la ordenación del territorio, penas que establecen dos años de prisión e inhabilitación para la profesión y oficio relacionado con la construcción.
Otro delito de prevaricación por el que Torrecillas y Campoy se enfrentan también a una pena de doce años de inhabilitación y un tercer delito de malversación de caudales públicos, por el que la justicia acusa Torrecillas, Campoy y a quien fuera interventor municipal como cooperador necesario, por lo que el fiscal solicita la pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para cualquier empleo o cargo público durante 15 años.
El Fiscal relata de manera pormenorizada cómo en el mes de Julio de 2017 el alcalde de Albox Francisco Torrecillas Sánchez y el entonces Concejal de Obras, José Campoy “decidieron de común acuerdo, pavimentar el cauce de la Rambla de Albox. Ambos eran conocedores que la obra requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y pensaban que esta institución no lo concedería”.
“Torrecillas, conociendo que la obra no se ajustaba a la legalidad, decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución, ni tramitar expediente administrativo en el que se emitiera informe jurídico por el secretario de la corporación. Para conseguirlo, siguiendo el razonamiento de la acusación, contó con la colaboración de José Simeón Campoy Fernández”.
La vista oral llega casi un año después de que se aplazara por primera vez, en mayo del pasado año, después de que el Torrecillas alegara una baja médica que le dificultaba la movilidad a causa de una accidente por el que sufrió varias fracturas.
La Fiscalía sostiene que en julio de 2017 el por entonces alcalde independiente y su concejal de Obras Públicas decidieron de común acuerdo pavimentar el cauce de la Rambla de Albox para facilitar el aparcamiento de vehículos pese a que el espacio forma parte del dominio público hidráulico y que aquella construcción requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La acusación mantiene que el alcalde y actual edil por UCIN en el Consistorio actuó a sabiendas que dicha obra «no se ajustaba a la legalidad» y de que la Administración andaluza no concedería al Ayuntamiento el permiso, si bien «decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución ni tramitar expediente administrativo» para eludir el trámite ante la Junta.
A raíz del expediente iniciado por la Junta de Andalucía por las obras en la rambla, el Ayuntamiento abonó una multa de 6.010 euros y ejecutó las obras para reponer el cauce alterado a su estado anterior que conllevaron un coste para las arcas públicas de 24.600 euros. Por todo ello, el fiscal pide que los tres acusados indemnicen al Ayuntamiento de Albox con 57.130 euros, toda vez que para el exalcalde y el responsable de Obras Públicas también se solicita el pago adicional y conjunto de una indemnización al Consistorio de 8.712 euros.
Hay que recordar que la justicia le imputa a Torrecillas y su entonces concejal de Obras, José Campoy, un total de tres delitos. Uno contra la ordenación del territorio, penas que establecen dos años de prisión e inhabilitación para la profesión y oficio relacionado con la construcción.
Otro delito de prevaricación por el que Torrecillas y Campoy se enfrentan también a una pena de doce años de inhabilitación y un tercer delito de malversación de caudales públicos, por el que la justicia acusa Torrecillas, Campoy y a quien fuera interventor municipal como cooperador necesario, por lo que el fiscal solicita la pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para cualquier empleo o cargo público durante 15 años.
El Fiscal relata de manera pormenorizada cómo en el mes de Julio de 2017 el alcalde de Albox Francisco Torrecillas Sánchez y el entonces Concejal de Obras, José Campoy “decidieron de común acuerdo, pavimentar el cauce de la Rambla de Albox. Ambos eran conocedores que la obra requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y pensaban que esta institución no lo concedería”.
“Torrecillas, conociendo que la obra no se ajustaba a la legalidad, decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución, ni tramitar expediente administrativo en el que se emitiera informe jurídico por el secretario de la corporación. Para conseguirlo, siguiendo el razonamiento de la acusación, contó con la colaboración de José Simeón Campoy Fernández”.
La vista oral llega casi un año después de que se aplazara por primera vez, en mayo del pasado año, después de que el Torrecillas alegara una baja médica que le dificultaba la movilidad a causa de una accidente por el que sufrió varias fracturas.
La Fiscalía sostiene que en julio de 2017 el por entonces alcalde independiente y su concejal de Obras Públicas decidieron de común acuerdo pavimentar el cauce de la Rambla de Albox para facilitar el aparcamiento de vehículos pese a que el espacio forma parte del dominio público hidráulico y que aquella construcción requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La acusación mantiene que el alcalde y actual edil por UCIN en el Consistorio actuó a sabiendas que dicha obra «no se ajustaba a la legalidad» y de que la Administración andaluza no concedería al Ayuntamiento el permiso, si bien «decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución ni tramitar expediente administrativo» para eludir el trámite ante la Junta.
A raíz del expediente iniciado por la Junta de Andalucía por las obras en la rambla, el Ayuntamiento abonó una multa de 6.010 euros y ejecutó las obras para reponer el cauce alterado a su estado anterior que conllevaron un coste para las arcas públicas de 24.600 euros. Por todo ello, el fiscal pide que los tres acusados indemnicen al Ayuntamiento de Albox con 57.130 euros, toda vez que para el exalcalde y el responsable de Obras Públicas también se solicita el pago adicional y conjunto de una indemnización al Consistorio de 8.712 euros.
