El servicio de Intervención ha detectado "numerosas irregularidades" en el informe de control interno
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| Manolo García y Rafael Torres presentando escritos sobre el informe de contratos menores |
ALMERÍA HOY / 08·04·2025
El PSOE de Roquetas de Mar ha emprendido una serie de acciones tras conocer en el Pleno de la semana pasada los resultados del preceptivo Informe de Control Financiero Permanente de Contratos Menores correspondiente al ejercicio de 2023 y en el que el servicio de Intervención Municipal ha constatado numerosas irregularidades en la muestra analizada. Se trata, en palabras del concejal socialista, Rafael Torres, de “la constatación de algo que venimos denunciado desde hace mucho tiempo, y de hecho, los resultados de este informe son similares a los de los últimos ejercicios, en los que Intervención repite una y otra vez las mismas recomendaciones, que ignora el equipo de Gobierno del PP de Amat”.
Para Torres, “lo primero que hay que hacer es una auditoría completa y así lo hemos solicitado, porque ese informe solo ha analizado una muestra de los contratos menores de 2023, pero a la vista de los resultados, con irregularidades generalizadas, muchas de ellas calificadas de “graves” por la interventora, este análisis completo debería ser obligatorio”.
Torres ha defendido la necesidad “urgente” de esclarecer lo que está pasando con los contratos menores porque “estamos hablando de pequeñas empresas y de autónomos que no pueden trabajar con el Ayuntamiento porque siempre se encargan las cosas a los mismos, forzando muchas veces los límites legales, como vemos con gran descaro en el área de Deportes”.
El concejal socialista, que fue muy duro con respecto a los resultados del informe en el Pleno del pasado jueves, ha recordado que el análisis realizado por Intervención contabiliza hasta 39 incidencias “graves”, más otras muchas “significativas” o “leves”, sobre una muestra de 90 contratos analizados. Por áreas, Deportes es la más señalada en el informe, con 34 incidencias en total, 14 de ellas graves.
En el informe se habla de un uso ‘fraudulento’ de las necesidades recurrentes y permanentes en el tiempo “con el consiguiente perjuicio de los principios fundamentales sobre los que gira la contratación pública” y también constata la existencia de indicios de fraccionamientos de contratos, que “frecuentemente” se encargan al mismo contratista, lo que para la interventora “evitó el estricto cumplimiento de los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda”.
Además de la petición de una auditoría completa, Rafael Torres ha anunciado la presentación de una batería de preguntas a la interventora para que responda “si considera que ha habido menoscabo de fondos públicos o si considera que hay indicios de delito”, ha asegurado tras recordar que “por cosas mucho menos graves hay en este país políticos condenados e inhabilitados”.
Para Torres, “lo primero que hay que hacer es una auditoría completa y así lo hemos solicitado, porque ese informe solo ha analizado una muestra de los contratos menores de 2023, pero a la vista de los resultados, con irregularidades generalizadas, muchas de ellas calificadas de “graves” por la interventora, este análisis completo debería ser obligatorio”.
Torres ha defendido la necesidad “urgente” de esclarecer lo que está pasando con los contratos menores porque “estamos hablando de pequeñas empresas y de autónomos que no pueden trabajar con el Ayuntamiento porque siempre se encargan las cosas a los mismos, forzando muchas veces los límites legales, como vemos con gran descaro en el área de Deportes”.
El concejal socialista, que fue muy duro con respecto a los resultados del informe en el Pleno del pasado jueves, ha recordado que el análisis realizado por Intervención contabiliza hasta 39 incidencias “graves”, más otras muchas “significativas” o “leves”, sobre una muestra de 90 contratos analizados. Por áreas, Deportes es la más señalada en el informe, con 34 incidencias en total, 14 de ellas graves.
En el informe se habla de un uso ‘fraudulento’ de las necesidades recurrentes y permanentes en el tiempo “con el consiguiente perjuicio de los principios fundamentales sobre los que gira la contratación pública” y también constata la existencia de indicios de fraccionamientos de contratos, que “frecuentemente” se encargan al mismo contratista, lo que para la interventora “evitó el estricto cumplimiento de los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda”.
Además de la petición de una auditoría completa, Rafael Torres ha anunciado la presentación de una batería de preguntas a la interventora para que responda “si considera que ha habido menoscabo de fondos públicos o si considera que hay indicios de delito”, ha asegurado tras recordar que “por cosas mucho menos graves hay en este país políticos condenados e inhabilitados”.
