El abogado de Salvemos Mojácar, Greenpeace y Ecologistas en Acción recuerda que los terrenos son propiedad de la Junta de Andalucía
ALMERÍA HOY / 12·02·2025
La ministra Montero anunciaba la expropiación de terrenos a Azata del Sol, propietaria del Hotel, pero no se ha dado cuenta de que los terrenos son propiedad de la Junta de Andalucía. Azata sólo tiene la posesión, según el Tribunal Supremo. Por lo que para José Ignacio, abogado de Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y Greenpeace, “el anuncio del Gobierno Central es irrealizable”.
“Un brindis al sol”. Con estas palabras ha definido Ecologistas en Acción el anuncio de expropiación del hotel El Algarrobico. Aunque consideran que es importante la implicación del Gobierno central, indican que la solución estaría en el cumplimiento de las sentencias que obligan a revisar la licencia de obras y a modificar el PGOU de Carboneras para adaptarlo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Los ecologistas insisten en que los terrenos donde se asienta el hotel pertenecen a la Junta de Andalucía, después de que ésta ejerciese su derecho de retracto y depositase 2.000.000 euros para que Azata le entregase los terrenos.
“Carece de sentido que una administración pública expropie a otra” y aseguran que la solución pasaría por el cumplimiento de la sentencia y revisión de la licencia de obras por parte del consistorio carbonero, “que la Junta lleve a cabo la demolición al ser propietaria de los terrenos y que las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Gobierno central, cooperen para solucionar este problema”.
En este sentido, sobre la demolición, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ayer declaró que se estima que el coste del derribo del hotel, podría ascender a 7 millones.
“Un brindis al sol”. Con estas palabras ha definido Ecologistas en Acción el anuncio de expropiación del hotel El Algarrobico. Aunque consideran que es importante la implicación del Gobierno central, indican que la solución estaría en el cumplimiento de las sentencias que obligan a revisar la licencia de obras y a modificar el PGOU de Carboneras para adaptarlo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Los ecologistas insisten en que los terrenos donde se asienta el hotel pertenecen a la Junta de Andalucía, después de que ésta ejerciese su derecho de retracto y depositase 2.000.000 euros para que Azata le entregase los terrenos.
“Carece de sentido que una administración pública expropie a otra” y aseguran que la solución pasaría por el cumplimiento de la sentencia y revisión de la licencia de obras por parte del consistorio carbonero, “que la Junta lleve a cabo la demolición al ser propietaria de los terrenos y que las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Gobierno central, cooperen para solucionar este problema”.
En este sentido, sobre la demolición, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ayer declaró que se estima que el coste del derribo del hotel, podría ascender a 7 millones.
