Muchos propietarios prefieren tener una casa vacía y arrendarla sólo los meses de verano por miedo al inquiokupa y a la inseguridad jurídica
ALMERÍA HOY / 15·01·2025
Los pueblos del Levante almeriense no son ajenos al problema de la carestía de la vivienda; de hecho, alquilar un piso de dos dormitorios sale por 600 euros en cualquiera de ellos, según fuentes municipales.
Son cosas de la ley de la oferta y la demanda: la población, gracias al crecimiento de muchas empresas locales, ha aumentado bastante más rápido que el número de hogares. Estas grandes compañías han tenido que buscar trabajadores fuera de nuestras fronteras al no encontrar aquí a nadie dispuesto a aceptar sus empleos, bien sea en la agricultura, el transporte, la construcción o el sector turístico, y necesitan alojar a su plantilla. Para facilitar el alojamiento se ven obligadas a comprar muchos apartamentos que luego alquilan a sus trabajadores a 150 euros por cama.
Aun así, no es fácil conseguir viviendas. La construcción no ha superado el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Muchos municipios carecen de suelo urbano, y el poco que existe se destina a viviendas de un nivel fuera del alcance de la mayoría o directamente son dedicadas al turismo.
Para corregir la situación, muy pocos ayuntamientos se mueven. Los alcaldes de Antas, Turre, Pulpí y Carboneras no recuerdan la última vez que se construyeron viviendas de Protección Oficial en sus municipios. En Garrucha, fueron 50 siendo alcalde Adolfo Pérez y en Mojácar se levantaron alrededor de 80 en La Fuente y junto al campo de fútbol allá por los 90. Más constancia ha existido en Zurgena, con seis recién terminadas y Arboleas, donde se adjudicaron ocho hace diez años.
Por su parte, la Junta cosechó dos sonoros fracasos en la comarca. El primero de ellos tuvo lugar en Vera. En el año 2000 construyó 60 pisos en cuatro edificios hoy conocidos como ‘La Cárcel’. Todos fueron okupados inmediatamente, y así siguen, aunque hayan cambiado varias veces de inkilinos.
En Cuevas, el Gobierno andaluz invirtió 1,2 millones en 2002 en alzar 22 apartamentos y 11 dúplex en el barrio de San Antón. No llegó a adjudicarlos y fueron vandalizados. Los destrozos eran de tal calibre que el Ayuntamiento ha necesitado emplear 480.000 euros en repararlos. Ahora está pendiente de alcanzar un acuerdo con la Junta para poder adjudicarlos.
MIEDO
Otro factor que resta viviendas al mercado de alquiler es el miedo. El concejal de Obras de Vera, Pedro Salas, que, además, es administrador de fincas, destaca que muchos propietarios prefieren tener una propiedad vacía y arrendarla sólo los meses de verano, o a profesores que usan la vivienda únicamente durante los meses que dura el curso, ante la “inseguridad jurídica” y el “temor al inquiokupa”, es decir, al inquilino que deja de pagar el alquiler, pero puede permanecer hasta cinco años dentro de la vivienda hasta que es desalojado por la Justicia.
El primer edil de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, participa de esta opinión. Fernández mantiene sus reservas sobre el anuncio de una empresa nacional de la vivienda auspiciada por el Gobierno Central. Lamenta la oportunidad perdida tras la crisis del ladrillo. “El Estado tuvo la oportunidad de convertir en viviendas sociales el inmenso parque que asumió para rescatar a la banca, en vez de malvenderlas por cuatro perras a fondos buitre que están especulando con ellas”, siente a modo de solución perdida.
APOYO GRIS. EL EJEMPLO DE LA INICIATIVA PRIVADA
Un resultado bien distinto al cosechado por la Junta de Andalucía en sus promociones de viviendas sociales en Cuevas y Vera, fue el obtenido por la promotora Dizu en Huércal Overa.
Construyó 200 pisos de 80 m2 junto a Montecastillo destinados a familias con rentas bajas. Fueron adjudicados en 2012 a 250 euros de alquiler mensual con derecho a compra, que se formalizará a los 20 años de arrendamiento ininterrumpido. Una iniciativa privada ejecutada con éxito.
Años más tarde, en 2019, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Gobierno de España para construir 25 viviendas. La inversión alcanzaba los 2 millones, pero la lentitud de los procedimientos administrativos elevó la cifra a 3. El Ministerio se negó a aumentar su participación y el Ayuntamiento no estaba en condiciones de hacerlo. El proyecto acabó frustrado, aunque el alcalde Domingo Fernández dice que tiene la esperanza de poder retomarlo.
Son cosas de la ley de la oferta y la demanda: la población, gracias al crecimiento de muchas empresas locales, ha aumentado bastante más rápido que el número de hogares. Estas grandes compañías han tenido que buscar trabajadores fuera de nuestras fronteras al no encontrar aquí a nadie dispuesto a aceptar sus empleos, bien sea en la agricultura, el transporte, la construcción o el sector turístico, y necesitan alojar a su plantilla. Para facilitar el alojamiento se ven obligadas a comprar muchos apartamentos que luego alquilan a sus trabajadores a 150 euros por cama.
Aun así, no es fácil conseguir viviendas. La construcción no ha superado el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Muchos municipios carecen de suelo urbano, y el poco que existe se destina a viviendas de un nivel fuera del alcance de la mayoría o directamente son dedicadas al turismo.
Para corregir la situación, muy pocos ayuntamientos se mueven. Los alcaldes de Antas, Turre, Pulpí y Carboneras no recuerdan la última vez que se construyeron viviendas de Protección Oficial en sus municipios. En Garrucha, fueron 50 siendo alcalde Adolfo Pérez y en Mojácar se levantaron alrededor de 80 en La Fuente y junto al campo de fútbol allá por los 90. Más constancia ha existido en Zurgena, con seis recién terminadas y Arboleas, donde se adjudicaron ocho hace diez años.
Por su parte, la Junta cosechó dos sonoros fracasos en la comarca. El primero de ellos tuvo lugar en Vera. En el año 2000 construyó 60 pisos en cuatro edificios hoy conocidos como ‘La Cárcel’. Todos fueron okupados inmediatamente, y así siguen, aunque hayan cambiado varias veces de inkilinos.
En Cuevas, el Gobierno andaluz invirtió 1,2 millones en 2002 en alzar 22 apartamentos y 11 dúplex en el barrio de San Antón. No llegó a adjudicarlos y fueron vandalizados. Los destrozos eran de tal calibre que el Ayuntamiento ha necesitado emplear 480.000 euros en repararlos. Ahora está pendiente de alcanzar un acuerdo con la Junta para poder adjudicarlos.
MIEDO
Otro factor que resta viviendas al mercado de alquiler es el miedo. El concejal de Obras de Vera, Pedro Salas, que, además, es administrador de fincas, destaca que muchos propietarios prefieren tener una propiedad vacía y arrendarla sólo los meses de verano, o a profesores que usan la vivienda únicamente durante los meses que dura el curso, ante la “inseguridad jurídica” y el “temor al inquiokupa”, es decir, al inquilino que deja de pagar el alquiler, pero puede permanecer hasta cinco años dentro de la vivienda hasta que es desalojado por la Justicia.
El primer edil de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, participa de esta opinión. Fernández mantiene sus reservas sobre el anuncio de una empresa nacional de la vivienda auspiciada por el Gobierno Central. Lamenta la oportunidad perdida tras la crisis del ladrillo. “El Estado tuvo la oportunidad de convertir en viviendas sociales el inmenso parque que asumió para rescatar a la banca, en vez de malvenderlas por cuatro perras a fondos buitre que están especulando con ellas”, siente a modo de solución perdida.
APOYO GRIS. EL EJEMPLO DE LA INICIATIVA PRIVADA
Un resultado bien distinto al cosechado por la Junta de Andalucía en sus promociones de viviendas sociales en Cuevas y Vera, fue el obtenido por la promotora Dizu en Huércal Overa.
Construyó 200 pisos de 80 m2 junto a Montecastillo destinados a familias con rentas bajas. Fueron adjudicados en 2012 a 250 euros de alquiler mensual con derecho a compra, que se formalizará a los 20 años de arrendamiento ininterrumpido. Una iniciativa privada ejecutada con éxito.
Años más tarde, en 2019, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Gobierno de España para construir 25 viviendas. La inversión alcanzaba los 2 millones, pero la lentitud de los procedimientos administrativos elevó la cifra a 3. El Ministerio se negó a aumentar su participación y el Ayuntamiento no estaba en condiciones de hacerlo. El proyecto acabó frustrado, aunque el alcalde Domingo Fernández dice que tiene la esperanza de poder retomarlo.
