La UCO cree haber encontrado argumentos suficientes que demuestran la trama de captación de votos a cambio de dinero
ALMERÍA HOY / 19·12·2024
El equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cree haber encontrado argumentos suficientes para sostener que los investigados por la presunta trama de compra de votos para el PSOE en Mojácar, en las últimas municipales de 2023, actuaron “condicionados por la existencia de expectativas empresariales vinculadas a la salida de los despachos del Ayuntamiento de los concejales del Partido Popular, comandados entonces por la ex alcaldesa Rosa María Cano, ahora delegada de Servicios Sociales, Limpieza, Jardinería y Cementerio y adjunta a la Alcaldía”, informa IDEAL.
Los agentes apuntan a tres de los investigados –dos de ellos, concejales elegidos por el PSOE pero ahora en el grupo de No Adscritos, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno–, como las personas que presuntamente habrían originado el sistema de captación de votos por correo a cambio de remuneración económica. Así aparece en el informe de más de 450 páginas elaborado por la Policía Judicial de la Benemérita de Almería.
Según los investigadores, se trataría de “intereses empresariales” que se verían “condicionados” por la actividad del Ayuntamiento en relación, de alguna forma, con licencias o aprobaciones de planes urbanísticos.
Los agentes sostienen en sus diligencias estas sospechas sobre conversaciones mantenidas por los investigados tanto a través de teléfono como de whatsapp, “en las cuales se habrían sincerado sobre la necesidad de «echar» del Consistorio a los regidores populares, especialmente de la entonces alcaldesa, Cano”, indica IDEAL.
Estas conversaciones –registradas por la Policía Judicial de la Guardia Civil y obrantes en autos– reflejan su animadversión contra los entonces regidores por las dificultades que habrían encontrado para hacer negocios en el municipio. Se recoge que, no solo ven dificultades para trabajar en locales de restauración y ocio nocturno, sino que, además, también existen algunos «intereses personales» (de los investigados en la causa) que estarían relacionados «con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana», que habría que cambiar.
En la actualidad, las diligencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera se dirigen contra diez personas, dos de ellos concejales electos bajo las listas del PSOE que continúan con escaño —aunque ahora fuera del paraguas del Grupo Municipal Socialista cuyo cartel encabezó el pasado año por Manuel Zamora, ahora dimitido del plenario—.
Además, los agentes consideran que este sistema de compra de votos se sostuvo con una cifra económica nada desdeñable: unos 120.000 euros recaudados entre personas con intereses empresariales en Mojácar que se estarían viendo, a juicio de los participantes, frustrados por el Gobierno mojaquero. «Es decir, las mismas personas que idearon y pusieron en funcionamiento el sistema», indica el informe policial. Se refiere a los tres principales acusados entre los cuales están los dos regidores socialistas, Flores y Vizcaíno. IDEAL informa que, según la investigación, los implicados habrían llegado a plantearse una alternativa al apoyo a los socialistas, que entonces se encontraban –como ahora– en la oposición: la creación de una lista independiente. Todo con tal de sacar a los populares y a Cano de la Alcaldía. «El éxito de sus expectativas empresariales», según los agentes, dependía, a juicio de los investigados, de la presencia de Rosa María Cano.
500 votos por correo para tumbar el Gobierno del PP
Según los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los investigados trataron presuntamente de frustrar las relevantes opciones electorales del PP en Mojácar con medio millar de votos por correo. Esto supondría «más de tres concejales», suficiente como para condicionar por completo la gobernabilidad en un municipio de 7.000 habitantes. Es una cifra muy similar a los 534 votos que, a juicio de los investigados, habría obtenido el PP en las elecciones de 2019 y que ellos sospechaban como fraudulentos. Esto es: a cambio de una remuneración económica. Para ello, los investigados, siempre según la versión de la Guardia Civil que obra en autos, habrían efectuado un profundo análisis del electorado para buscar potenciales candidatos (Fuentes: IDEAL).
Los agentes apuntan a tres de los investigados –dos de ellos, concejales elegidos por el PSOE pero ahora en el grupo de No Adscritos, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno–, como las personas que presuntamente habrían originado el sistema de captación de votos por correo a cambio de remuneración económica. Así aparece en el informe de más de 450 páginas elaborado por la Policía Judicial de la Benemérita de Almería.
Según los investigadores, se trataría de “intereses empresariales” que se verían “condicionados” por la actividad del Ayuntamiento en relación, de alguna forma, con licencias o aprobaciones de planes urbanísticos.
Los agentes sostienen en sus diligencias estas sospechas sobre conversaciones mantenidas por los investigados tanto a través de teléfono como de whatsapp, “en las cuales se habrían sincerado sobre la necesidad de «echar» del Consistorio a los regidores populares, especialmente de la entonces alcaldesa, Cano”, indica IDEAL.
Estas conversaciones –registradas por la Policía Judicial de la Guardia Civil y obrantes en autos– reflejan su animadversión contra los entonces regidores por las dificultades que habrían encontrado para hacer negocios en el municipio. Se recoge que, no solo ven dificultades para trabajar en locales de restauración y ocio nocturno, sino que, además, también existen algunos «intereses personales» (de los investigados en la causa) que estarían relacionados «con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana», que habría que cambiar.
En la actualidad, las diligencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera se dirigen contra diez personas, dos de ellos concejales electos bajo las listas del PSOE que continúan con escaño —aunque ahora fuera del paraguas del Grupo Municipal Socialista cuyo cartel encabezó el pasado año por Manuel Zamora, ahora dimitido del plenario—.
Además, los agentes consideran que este sistema de compra de votos se sostuvo con una cifra económica nada desdeñable: unos 120.000 euros recaudados entre personas con intereses empresariales en Mojácar que se estarían viendo, a juicio de los participantes, frustrados por el Gobierno mojaquero. «Es decir, las mismas personas que idearon y pusieron en funcionamiento el sistema», indica el informe policial. Se refiere a los tres principales acusados entre los cuales están los dos regidores socialistas, Flores y Vizcaíno. IDEAL informa que, según la investigación, los implicados habrían llegado a plantearse una alternativa al apoyo a los socialistas, que entonces se encontraban –como ahora– en la oposición: la creación de una lista independiente. Todo con tal de sacar a los populares y a Cano de la Alcaldía. «El éxito de sus expectativas empresariales», según los agentes, dependía, a juicio de los investigados, de la presencia de Rosa María Cano.
500 votos por correo para tumbar el Gobierno del PP
Según los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los investigados trataron presuntamente de frustrar las relevantes opciones electorales del PP en Mojácar con medio millar de votos por correo. Esto supondría «más de tres concejales», suficiente como para condicionar por completo la gobernabilidad en un municipio de 7.000 habitantes. Es una cifra muy similar a los 534 votos que, a juicio de los investigados, habría obtenido el PP en las elecciones de 2019 y que ellos sospechaban como fraudulentos. Esto es: a cambio de una remuneración económica. Para ello, los investigados, siempre según la versión de la Guardia Civil que obra en autos, habrían efectuado un profundo análisis del electorado para buscar potenciales candidatos (Fuentes: IDEAL).
