La diputada de Vox por Almería, Rocío de Meer, declara que existe “negligencia cómplice” y un “plan deliberado” para ocultar por qué “se quemaron 80 millones” hace 12 años en una planta que no ha llegado a funcionar. Culpa a PSOE y PP y promete ser un “martillo pilón hasta encontrar la respuesta”
ALMERÍA HOY / 22·12·2024
- ¿Por qué no genera un debate en las Cortes una desaladora que, 12 años después de construirse, continúa sin dar agua en la comarca más seca de España?
- Esa pregunta deberían responderla otros. Una de mis primeras iniciativas, en el año 2019, trató sobre la vergüenza que supone esa desaladora. He estado siguiendo el asunto muy de cerca junto al parlamentario Rodrigo Alonso. Pregunté si se iba a reparar o no y por qué se han quemado 80 millones de euros de todos los españoles destinados a producir agua para alimentar a la agricultura comarcal. Es una cantidad importante, mayor que todo el presupuesto del Ministerio de Consumo (63,6 millones). La sucesión de hechos que rodea esta infraestructura me parece grave. Se construyó en terrenos inundables y, como cabía esperar, acabó arrasada por una riada en 2012 sin haber desalado un solo m3. No fue algo casual. Aún no me explico cómo se pudo realizar una inversión tan grande en un bien esencial para una actividad básica de la economía de la provincia, con la connivencia de alcaldes de PP y PSOE, en un lugar tan peligroso. La desaladora de la vergüenza es fruto de una gestión muy sospechosa con un desenlace peor todavía.
- ¿Lo dice enfundada en la camiseta de su partido?
- Diría lo mismo sin ella. Los silencios son cómplices. Son prueba de la responsabilidad y negligencia de PP y PSOE. Es lo que todo el mundo piensa. Ambos partidos están pringados. Por eso es importante depurar responsabilidades penales y no olvidar el control político del tema. Que los responsables den la cara, aunque sé que no lo van a hacer. Lo primero es averiguar en qué estrato se decidió construir la desaladora en ese lugar.
- El PP no ha guardado silencio. El senador Miguel Ángel Castellón se interesó recientemente en la Cámara Alta por la reparación de la planta.
- Algo tienen que decir de vez en cuando, pero socialistas y populares se ponen más veces de acuerdo de lo que pensamos.
- Usted busca responsables, ¿dónde cree que pueden estar? - Los hay a diferentes niveles. Unos actuaron a nivel municipal y otros en el plano nacional y autonómico. Tampoco podemos olvidar a la empresa pública Acuamed, que acabó en la Audiencia Nacional por unos contratos muy sospechosos relacionados, entre otros, con la desaladora de la vergüenza. Pero, además de los actores principales, existen otros culpables por inacción negligente. Me refiero a Rajoy y el PP, que tuvo seis años para arreglar la planta y no lo hizo, dejando arder los 80 millones que costó construirla. Esa inoperancia también es negligencia. Todos son personajes de una acción sostenida en el tiempo. Unos construyeron donde no debían, otros no repararon y todos intentaron tapar.
- Entre negligencia e indiferencia, ¿con qué se queda?
- Podría tratarse de dejadez, que sería lo peor, pero mi obligación como responsable de los almerienses consiste en depurar responsabilidades. No puede ser que el Levante almeriense siga sin agua después de que se hallan quemado 80 millones de todos los españoles para evitarlo.
- ¿Y usted cree que alguien va a salir a explicar?
- No lo sé, pero mi obligación es intentarlo. Con ese fin presenté una Proposición No de Ley y varias preguntas. También lo han hecho otros compañeros, como José María Figaredo, pero la ministra nunca ha dado explicaciones. De todos modos, pido disculpas. Yo tendría que haber actuado como un martillo pilón hasta encontrar la respuesta. Prometo hacerlo, porque es un asunto capital. Preguntaré con más insistencia al Gobierno por la desaladora de la vergüenza.
- ¿El Reglamento del Congreso le limitará esas preguntas?
- Las formuladas por escrito son infinitas. El problema es que el Gobierno puede no contestar. Tiene la sartén por el mango. Pero prometo que seré muy pesada. Y animo a los afectados a que se organicen. Las asociaciones locales tienen mucha fuerza, aunque no lo perciban. Igual que los medios de comunicación. Cuando un asunto suena con insistencia, se coloca en la diana y los actores se coordinan, el Gobierno se siente acorralado ante la presión. Si la conciencia local se organiza en torno al tema, podemos apretar más y conseguir acelerar la reparación, además de lograr inversiones para compensar lo perdido.
- ¿Es posible entender el desastre de la desaladora de la vergüenza sin la participación de políticos de la comarca?
- Desconozco si existió una quinta columna de gente de la comarca que ayudara a consumar este despropósito, pero piensa mal y acertarás.
- ¿Se podrá señalar a los responsables algún día?
- Es muy posible. Hay que señalarlos y que paguen. Cuando se invierten 80 millones hay muchos papeles por el camino firmados por alguien. Hay contratos, empresas que concursan, ubicaciones autorizadas por un político y un técnico, otras alternativas, permisos ambientales que dilatan el proceso… Si hay voluntad, se pueden identificar los responsables con nombres, apellidos y número de carnet.
- ¿Ha podido ver el expediente de obras de la planta?
- No nos han permitido llegar hasta ahí, y es verdad que hay una parte del proceso judicializada aún. Pero procuraré ser más diligente en un asunto crucial para el desarrollo de la comarca. Estoy convencida de que existe un plan deliberado para eludir responsabilidades y tenemos que derrotarlo.
- Esa pregunta deberían responderla otros. Una de mis primeras iniciativas, en el año 2019, trató sobre la vergüenza que supone esa desaladora. He estado siguiendo el asunto muy de cerca junto al parlamentario Rodrigo Alonso. Pregunté si se iba a reparar o no y por qué se han quemado 80 millones de euros de todos los españoles destinados a producir agua para alimentar a la agricultura comarcal. Es una cantidad importante, mayor que todo el presupuesto del Ministerio de Consumo (63,6 millones). La sucesión de hechos que rodea esta infraestructura me parece grave. Se construyó en terrenos inundables y, como cabía esperar, acabó arrasada por una riada en 2012 sin haber desalado un solo m3. No fue algo casual. Aún no me explico cómo se pudo realizar una inversión tan grande en un bien esencial para una actividad básica de la economía de la provincia, con la connivencia de alcaldes de PP y PSOE, en un lugar tan peligroso. La desaladora de la vergüenza es fruto de una gestión muy sospechosa con un desenlace peor todavía.
- ¿Lo dice enfundada en la camiseta de su partido?
- Diría lo mismo sin ella. Los silencios son cómplices. Son prueba de la responsabilidad y negligencia de PP y PSOE. Es lo que todo el mundo piensa. Ambos partidos están pringados. Por eso es importante depurar responsabilidades penales y no olvidar el control político del tema. Que los responsables den la cara, aunque sé que no lo van a hacer. Lo primero es averiguar en qué estrato se decidió construir la desaladora en ese lugar.
- El PP no ha guardado silencio. El senador Miguel Ángel Castellón se interesó recientemente en la Cámara Alta por la reparación de la planta.
- Algo tienen que decir de vez en cuando, pero socialistas y populares se ponen más veces de acuerdo de lo que pensamos.
- Usted busca responsables, ¿dónde cree que pueden estar? - Los hay a diferentes niveles. Unos actuaron a nivel municipal y otros en el plano nacional y autonómico. Tampoco podemos olvidar a la empresa pública Acuamed, que acabó en la Audiencia Nacional por unos contratos muy sospechosos relacionados, entre otros, con la desaladora de la vergüenza. Pero, además de los actores principales, existen otros culpables por inacción negligente. Me refiero a Rajoy y el PP, que tuvo seis años para arreglar la planta y no lo hizo, dejando arder los 80 millones que costó construirla. Esa inoperancia también es negligencia. Todos son personajes de una acción sostenida en el tiempo. Unos construyeron donde no debían, otros no repararon y todos intentaron tapar.
- Entre negligencia e indiferencia, ¿con qué se queda?
- Podría tratarse de dejadez, que sería lo peor, pero mi obligación como responsable de los almerienses consiste en depurar responsabilidades. No puede ser que el Levante almeriense siga sin agua después de que se hallan quemado 80 millones de todos los españoles para evitarlo.
- ¿Y usted cree que alguien va a salir a explicar?
- No lo sé, pero mi obligación es intentarlo. Con ese fin presenté una Proposición No de Ley y varias preguntas. También lo han hecho otros compañeros, como José María Figaredo, pero la ministra nunca ha dado explicaciones. De todos modos, pido disculpas. Yo tendría que haber actuado como un martillo pilón hasta encontrar la respuesta. Prometo hacerlo, porque es un asunto capital. Preguntaré con más insistencia al Gobierno por la desaladora de la vergüenza.
- ¿El Reglamento del Congreso le limitará esas preguntas?
- Las formuladas por escrito son infinitas. El problema es que el Gobierno puede no contestar. Tiene la sartén por el mango. Pero prometo que seré muy pesada. Y animo a los afectados a que se organicen. Las asociaciones locales tienen mucha fuerza, aunque no lo perciban. Igual que los medios de comunicación. Cuando un asunto suena con insistencia, se coloca en la diana y los actores se coordinan, el Gobierno se siente acorralado ante la presión. Si la conciencia local se organiza en torno al tema, podemos apretar más y conseguir acelerar la reparación, además de lograr inversiones para compensar lo perdido.
- ¿Es posible entender el desastre de la desaladora de la vergüenza sin la participación de políticos de la comarca?
- Desconozco si existió una quinta columna de gente de la comarca que ayudara a consumar este despropósito, pero piensa mal y acertarás.
- ¿Se podrá señalar a los responsables algún día?
- Es muy posible. Hay que señalarlos y que paguen. Cuando se invierten 80 millones hay muchos papeles por el camino firmados por alguien. Hay contratos, empresas que concursan, ubicaciones autorizadas por un político y un técnico, otras alternativas, permisos ambientales que dilatan el proceso… Si hay voluntad, se pueden identificar los responsables con nombres, apellidos y número de carnet.
- ¿Ha podido ver el expediente de obras de la planta?
- No nos han permitido llegar hasta ahí, y es verdad que hay una parte del proceso judicializada aún. Pero procuraré ser más diligente en un asunto crucial para el desarrollo de la comarca. Estoy convencida de que existe un plan deliberado para eludir responsabilidades y tenemos que derrotarlo.
