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CLEMENTE FLORES MONTOYA
Estos días andan revueltos y se están manifestando unos 300.000 jóvenes españoles. Pertenecen a la generación que este año acabará sus estudios de bachillerato y se van a enfrentar a las Pruebas de acceso a la Universidad (PAU).
La razón por la que se manifiestan y protestan es que, habiendo comenzado el curso, y habiéndose puesto en marcha las clases en toda España, en este momento sus profesores no tienen claro y definido el temario que han de impartir, ni conocen cómo van a ser los modelos y contenidos concretos de los exámenes a que van a ser sometidos a final de curso, ni tampoco con qué criterios van a ser evaluados los exámenes. Los jóvenes se sienten intranquilos y desorientados, porque la carrera que podrán seguir, a partir del examen de junio, y la profesión que ejercerán durante su vida, dependerán de esa nota, al igual que la posibilidad de poder cursarla, dentro o fuera de la respectiva Comunidad Autónoma, lo cual puede repercutir en los costes que conlleva para el alumno: salir y vivir en otra comunidad donde tenga que estudiar y las consecuencias mayores o menores del posible desarraigo familiar que se produzca al vivir por primera vez lejos del domicilio habitual.
Ocurre también que, con independencia de la carrera que ellos prefieran o elijan, serán admitidos en una u otra facultad o escuela según la nota mínima que este año haya sido fijada por esa facultad o escuela universitaria, y del número de alumnos que opten a ocupar las plazas fijadas, que será un numerus clausus y, por tanto, limitado y establecido de antemano. En resumen, la admisión a cada centro se hace en competencia con el resto de los alumnos que hayan solicitado la plaza y en función de la nota que cada cual haya obtenido. El sistema es, según mi opinión, discutible, como en general ocurre con todas las cosas, aunque es legal, porque así lo han fijado las muchas leyes y normas vigentes, como es usual en estos tiempos. Con el sistema establecido, un alumno que desee estudiar medicina en Madrid y su nota no le permita acceder a ello, porque no haya obtenido la nota de corte fijada este año, puede verse obligado a solicitar como primera opción cursar los estudios de farmacia y ser admitido para intentar ser ingeniero en la Escuela de Caminos. Es un caso extremo, pero posible, porque la plaza que se obtenga va a depender, en primera instancia, de la nota que obtengan en la PAU, pero si no le alcanza para lograr lo que prefiere, se recurre a otras plazas, porque se permite al alumno que indique hasta diez opciones diferentes.
Sabiendo que el sistema, al asignar las plazas y carreras a estudiar, funciona sin salirse de la legalidad establecida, muchos alumnos inciden en que, sin embargo, no es un sistema justo y que va contra los principios constitucionales, que dicen que todos los españoles somos iguales ante la Ley, y piensan que en el caso que nos ocupa no es así, porque no cumple los requisitos o principios de igualdad, mérito y capacidad. Fundamentan su razonamiento en que los exámenes no son los mismos ni corresponden a idénticos temarios en todas las comunidades autónomas. Hasta ahora no se ha logrado establecer una “Selectividad Única” o simplemente “Común”, y este año tampoco la habrá, porque los currículos de estudios serán y han sido distintos en cada territorio.
Ni la LOMLOE aprobada el 29/12/2020, ni el RD 534/2024 de 11/6/2024 (es curioso que se legisle por decreto tratándose de educación) “Características Básicas de la prueba de acceso y normativa de procedimientos de admisión” van a solucionar el problema. El PP que gobierna 12 comunidades ha declarado que en el problema de unificar contenidos y exámenes no es posible hoy, porque ni en las mismas comunidades gobernadas por el partido están de acuerdo.
Llegar a tener un examen y una evaluación igual para todos requeriría reformas largas y profundas a las que hoy no pueden ponerse fechas. Si los estudiantes presionan mucho, la chapuza estará servida, y de una forma u otra, al final oiremos que los unos han regalado aprobados y otros han rebajado el nivel de exigencias incidiendo en la asignación injusta de plazas. El curso ha empezado, los profesores no tienen claros los temarios y los alumnos no saben a ciencia cierta de qué se tienen que examinar.
¿Cuántos funcionarios o políticos están inquietos, porque su salario o puesto de trabajo puedan verse afectados?
Con la Constitución de 1978 se pusieron las semillas del mejor sistema político que hemos tenido los españoles, pero los casi cincuenta años pasados no los hemos utilizado bien. Hemos creado una democracia que es un vivero de corrupciones, malas prácticas, nepotismo y de modales cutres mafiosos y barriobajeros. Hemos permitido que la Administración se plagase de inútiles y vagos irresponsables ocupando niveles donde claramente son ineficaces y perniciosos.
Ningún español puede confiar en unos políticos, los congresistas, por poner un ejemplo, que hace unos días han aprobado una ley de cuyo contenido y consecuencias nadie se hace responsable y que la mitad de ellos confiesa que la votó favorablemente sin haberla leído. ¿Cabe mayor desfachatez por parte de estos próceres de pacotilla? Mientras tanto, los jóvenes pueden empezar a digerir como se está gastando dinero, desaprovechando el tiempo y utilizando medios docentes y materiales sin ningún sentido ni provecho en este curso clave para ellos que acaba de empezar.
Ellos tendrán que mejorar las malas cosas que hemos hecho y erradicar los vicios que les dejamos por la cuenta que les trae. Un consejo: este año muchos de vosotros entraréis en edad de votar ¡Ahí les duele!
La razón por la que se manifiestan y protestan es que, habiendo comenzado el curso, y habiéndose puesto en marcha las clases en toda España, en este momento sus profesores no tienen claro y definido el temario que han de impartir, ni conocen cómo van a ser los modelos y contenidos concretos de los exámenes a que van a ser sometidos a final de curso, ni tampoco con qué criterios van a ser evaluados los exámenes. Los jóvenes se sienten intranquilos y desorientados, porque la carrera que podrán seguir, a partir del examen de junio, y la profesión que ejercerán durante su vida, dependerán de esa nota, al igual que la posibilidad de poder cursarla, dentro o fuera de la respectiva Comunidad Autónoma, lo cual puede repercutir en los costes que conlleva para el alumno: salir y vivir en otra comunidad donde tenga que estudiar y las consecuencias mayores o menores del posible desarraigo familiar que se produzca al vivir por primera vez lejos del domicilio habitual.
Ocurre también que, con independencia de la carrera que ellos prefieran o elijan, serán admitidos en una u otra facultad o escuela según la nota mínima que este año haya sido fijada por esa facultad o escuela universitaria, y del número de alumnos que opten a ocupar las plazas fijadas, que será un numerus clausus y, por tanto, limitado y establecido de antemano. En resumen, la admisión a cada centro se hace en competencia con el resto de los alumnos que hayan solicitado la plaza y en función de la nota que cada cual haya obtenido. El sistema es, según mi opinión, discutible, como en general ocurre con todas las cosas, aunque es legal, porque así lo han fijado las muchas leyes y normas vigentes, como es usual en estos tiempos. Con el sistema establecido, un alumno que desee estudiar medicina en Madrid y su nota no le permita acceder a ello, porque no haya obtenido la nota de corte fijada este año, puede verse obligado a solicitar como primera opción cursar los estudios de farmacia y ser admitido para intentar ser ingeniero en la Escuela de Caminos. Es un caso extremo, pero posible, porque la plaza que se obtenga va a depender, en primera instancia, de la nota que obtengan en la PAU, pero si no le alcanza para lograr lo que prefiere, se recurre a otras plazas, porque se permite al alumno que indique hasta diez opciones diferentes.
Sabiendo que el sistema, al asignar las plazas y carreras a estudiar, funciona sin salirse de la legalidad establecida, muchos alumnos inciden en que, sin embargo, no es un sistema justo y que va contra los principios constitucionales, que dicen que todos los españoles somos iguales ante la Ley, y piensan que en el caso que nos ocupa no es así, porque no cumple los requisitos o principios de igualdad, mérito y capacidad. Fundamentan su razonamiento en que los exámenes no son los mismos ni corresponden a idénticos temarios en todas las comunidades autónomas. Hasta ahora no se ha logrado establecer una “Selectividad Única” o simplemente “Común”, y este año tampoco la habrá, porque los currículos de estudios serán y han sido distintos en cada territorio.
Ni la LOMLOE aprobada el 29/12/2020, ni el RD 534/2024 de 11/6/2024 (es curioso que se legisle por decreto tratándose de educación) “Características Básicas de la prueba de acceso y normativa de procedimientos de admisión” van a solucionar el problema. El PP que gobierna 12 comunidades ha declarado que en el problema de unificar contenidos y exámenes no es posible hoy, porque ni en las mismas comunidades gobernadas por el partido están de acuerdo.
Llegar a tener un examen y una evaluación igual para todos requeriría reformas largas y profundas a las que hoy no pueden ponerse fechas. Si los estudiantes presionan mucho, la chapuza estará servida, y de una forma u otra, al final oiremos que los unos han regalado aprobados y otros han rebajado el nivel de exigencias incidiendo en la asignación injusta de plazas. El curso ha empezado, los profesores no tienen claros los temarios y los alumnos no saben a ciencia cierta de qué se tienen que examinar.
¿Cuántos funcionarios o políticos están inquietos, porque su salario o puesto de trabajo puedan verse afectados?
Con la Constitución de 1978 se pusieron las semillas del mejor sistema político que hemos tenido los españoles, pero los casi cincuenta años pasados no los hemos utilizado bien. Hemos creado una democracia que es un vivero de corrupciones, malas prácticas, nepotismo y de modales cutres mafiosos y barriobajeros. Hemos permitido que la Administración se plagase de inútiles y vagos irresponsables ocupando niveles donde claramente son ineficaces y perniciosos.
Ningún español puede confiar en unos políticos, los congresistas, por poner un ejemplo, que hace unos días han aprobado una ley de cuyo contenido y consecuencias nadie se hace responsable y que la mitad de ellos confiesa que la votó favorablemente sin haberla leído. ¿Cabe mayor desfachatez por parte de estos próceres de pacotilla? Mientras tanto, los jóvenes pueden empezar a digerir como se está gastando dinero, desaprovechando el tiempo y utilizando medios docentes y materiales sin ningún sentido ni provecho en este curso clave para ellos que acaba de empezar.
Ellos tendrán que mejorar las malas cosas que hemos hecho y erradicar los vicios que les dejamos por la cuenta que les trae. Un consejo: este año muchos de vosotros entraréis en edad de votar ¡Ahí les duele!
