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JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
Desde el comienzo de la Transición los medios informativos se posicionaron señalando una línea editorial en consonancia a las ideologías que han venido siendo preponderantes desde 1.978. Los profesionales del periodismo y el público en general conocían estas relaciones que ahora mismo se mantienen apoyando al poder establecido o a la oposición.
La asombrosa novedad es que la esposa de un presidente del Gobierno, y su hermano, estén en la lupa de los medios informativos como protagonistas de un escándalo por presuntas corrupciones que están siendo investigadas por los tribunales de Justicia. Medios nacionales e internacionales se hacen eco de esta trama que salpica la figura institucional de la Presidencia del Gobierno y la credibilidad y ética de las instituciones españolas. Editorialistas y columnistas de influyentes diarios europeos afirman que una situación semejante no sería posible en democracias donde los contrapoderes establecidos cumplen sus funciones en relación a las actividades del Gobierno, y sus áreas de influencia personales y familiares estarían sometidas a un estricto control parlamentario, mediático y judicial. Además de ello, las exigencias de las sociedades civiles organizadas y conscientes de su responsabilidad en el orden democrático determinaría, en ciertos casos, la propia continuidad de un Gobierno o de cualquiera de sus miembros o cargos institucionales. El reciente caso de Boris Johnson, obligado a dimitir de primer ministro del Reino Unido por exigencia de sus propios compañeros del partido conservador, nos muestra las exigencias éticas de los propios partidos políticos frente a ciertas prácticas sospechosas de perjudicar la reputación de las instituciones democráticas.
Nada de esto se asemeja a lo que diariamente ocurre en España. Por razones varias, la sociedad española se ha adormecido y no muestra deseos de posibles exigencias y respuestas a tanto escándalo personal y político, cuyos actores de relevancia tienen obligación de ajustarse a las leyes y a los controles establecidos en la Constitución. Sin la actividad vigilante y eficiente de dichos controles, ningún país puede calificarse como democracia, aunque en tiempos pretéritos se comportara como tal. Las democracias requieren una permanente actitud, unos equilibrios de control, respeto y sometimiento de todos los poderes del Estado al imperio de la Ley. Esto no parece preocupar a Pedro Sánchez, que avanza impertérrito hacia la fragmentación territorial, social y política de España, socavando con leyes y decretos la propia esencia de la democracia. Es posible imaginar que reunido en cónclave con sus 645 asesores, traten de eludir todas las obligaciones y compromisos democráticos, con el único objetivo de permanecer en el poder.
Lo cierto es que el balance de la democracia española en 2024 presenta anomalías dignas de mención: Pedro Sánchez prefiere eludir el debate y el control parlamentario y ha batido el récord de Decretos/Ley de toda la historia de la democracia española; en 2023 el 69% de las leyes se aprobaron por el sistema de Decretos sin mediación del debate parlamentario. Tal es el grado de soberbia e impunidad que se arroga el presidente del Gobierno, que en fechas recientes ha llegado a afirmar en un acto público del PSOE: “Avanzaremos con o sin el Poder Legislativo”. Tal declaración ha causado alarma en los demócratas españoles y europeos; no existe un gobierno que pueda calificarse democrático que desprecie al Poder Legislativo, porque tal gobierno sería una forma de dictadura bajo la apariencia de democracia.
Para los fines explícitos y obsesivos de poder, no basta la constante colonización y corrosión de las Instituciones y Organismos de la Alta Administración del Estado. Sánchez también apunta a las actividades profesionales de jueces, magistrados, fiscales y medios de comunicación, señalando y hostigando a profesionales de la judicatura que, cumpliendo con su deber, investigan casos de presunta corrupción a miembros de su familia y destacados dirigentes y ministros de su Gobierno. Como muestra de las reacciones de la prensa internacional sobre la deriva autoritaria de Sánchez, el demoledor reportaje de la revista The Economist titula: “Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española”. Esto no es una ocurrencia de la prensa, la radio o las televisiones españolas situadas, según Sánchez y sus corifeos, en la “fachosfera”. Esto lo publica una de las revistas más prestigiosas del mundo a la que no podrán alcanzar esas anunciadas y severas sanciones con apariencia de ley que trata de amedrentar y amordazar la libertad de opinión y de la libertad de información en España. The Economist añade más: “Sánchez, en coalición minoritaria, gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos a un coste cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus Instituciones”. No se ha conocido una crítica más severa en 48 años de democracia.
Frente a esta realidad, Sánchez, apalancado tras el muro contra la “ultraderecha” y ayudado de su equipo de campaña, ha preparado minuciosamente una batería de medidas restrictivas de la libertad, que se reúnen en un pomposo título: “Plan de Acción del Gobierno para la Regeneración de la Democracia”, una contradicción en sus términos. Contempla 31 medidas coercitivas referidas a los medios de información, con el supuesto fin de “perseguir la desinformación”. Según publica el País, diario oficial del sanchismo, “la regeneración del Gobierno impone mayor control sobre cargos públicos y una comisión en el Congreso contra los bulos”. Hubiera sido una excelente propuesta que pudiera haber evitado el nombramiento a dedo de esos altos cargos de ejemplaridad pública, como personifica un tal Koldo y Tito Berni, y de ministros como el tal Ábalos, que es una muestra de la tranquilidad de conciencia de un político socialista a la hora de votar. La omertá es una tradición ventajosa en estos países mediterráneos.
Ante esta degradación de la política española, desde diversos sectores políticos, académicos, económicos y sociales, se reclama la urgente necesidad de pactos de Estado y de gobierno con, al menos, el principal partido de la oposición, que cuenta con 137 diputados, detenta el poder en once comunidades autónomas y en 3.193 ayuntamientos; entre ellos 34 capitales de provincia. Además, tiene una mayoría absoluta en el Senado. Sería el comienzo de una verdadera regeneración. Frente a lo aconsejable para el interés general, Sánchez ha preferido pactar con partidos y agrupaciones electorales de izquierda extrema y partidos separatistas minoritarios, cuyo impacto de votos en el cómputo nacional es irrelevante.
La asombrosa novedad es que la esposa de un presidente del Gobierno, y su hermano, estén en la lupa de los medios informativos como protagonistas de un escándalo por presuntas corrupciones que están siendo investigadas por los tribunales de Justicia. Medios nacionales e internacionales se hacen eco de esta trama que salpica la figura institucional de la Presidencia del Gobierno y la credibilidad y ética de las instituciones españolas. Editorialistas y columnistas de influyentes diarios europeos afirman que una situación semejante no sería posible en democracias donde los contrapoderes establecidos cumplen sus funciones en relación a las actividades del Gobierno, y sus áreas de influencia personales y familiares estarían sometidas a un estricto control parlamentario, mediático y judicial. Además de ello, las exigencias de las sociedades civiles organizadas y conscientes de su responsabilidad en el orden democrático determinaría, en ciertos casos, la propia continuidad de un Gobierno o de cualquiera de sus miembros o cargos institucionales. El reciente caso de Boris Johnson, obligado a dimitir de primer ministro del Reino Unido por exigencia de sus propios compañeros del partido conservador, nos muestra las exigencias éticas de los propios partidos políticos frente a ciertas prácticas sospechosas de perjudicar la reputación de las instituciones democráticas.
Nada de esto se asemeja a lo que diariamente ocurre en España. Por razones varias, la sociedad española se ha adormecido y no muestra deseos de posibles exigencias y respuestas a tanto escándalo personal y político, cuyos actores de relevancia tienen obligación de ajustarse a las leyes y a los controles establecidos en la Constitución. Sin la actividad vigilante y eficiente de dichos controles, ningún país puede calificarse como democracia, aunque en tiempos pretéritos se comportara como tal. Las democracias requieren una permanente actitud, unos equilibrios de control, respeto y sometimiento de todos los poderes del Estado al imperio de la Ley. Esto no parece preocupar a Pedro Sánchez, que avanza impertérrito hacia la fragmentación territorial, social y política de España, socavando con leyes y decretos la propia esencia de la democracia. Es posible imaginar que reunido en cónclave con sus 645 asesores, traten de eludir todas las obligaciones y compromisos democráticos, con el único objetivo de permanecer en el poder.
Lo cierto es que el balance de la democracia española en 2024 presenta anomalías dignas de mención: Pedro Sánchez prefiere eludir el debate y el control parlamentario y ha batido el récord de Decretos/Ley de toda la historia de la democracia española; en 2023 el 69% de las leyes se aprobaron por el sistema de Decretos sin mediación del debate parlamentario. Tal es el grado de soberbia e impunidad que se arroga el presidente del Gobierno, que en fechas recientes ha llegado a afirmar en un acto público del PSOE: “Avanzaremos con o sin el Poder Legislativo”. Tal declaración ha causado alarma en los demócratas españoles y europeos; no existe un gobierno que pueda calificarse democrático que desprecie al Poder Legislativo, porque tal gobierno sería una forma de dictadura bajo la apariencia de democracia.
Para los fines explícitos y obsesivos de poder, no basta la constante colonización y corrosión de las Instituciones y Organismos de la Alta Administración del Estado. Sánchez también apunta a las actividades profesionales de jueces, magistrados, fiscales y medios de comunicación, señalando y hostigando a profesionales de la judicatura que, cumpliendo con su deber, investigan casos de presunta corrupción a miembros de su familia y destacados dirigentes y ministros de su Gobierno. Como muestra de las reacciones de la prensa internacional sobre la deriva autoritaria de Sánchez, el demoledor reportaje de la revista The Economist titula: “Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española”. Esto no es una ocurrencia de la prensa, la radio o las televisiones españolas situadas, según Sánchez y sus corifeos, en la “fachosfera”. Esto lo publica una de las revistas más prestigiosas del mundo a la que no podrán alcanzar esas anunciadas y severas sanciones con apariencia de ley que trata de amedrentar y amordazar la libertad de opinión y de la libertad de información en España. The Economist añade más: “Sánchez, en coalición minoritaria, gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos a un coste cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus Instituciones”. No se ha conocido una crítica más severa en 48 años de democracia.
Frente a esta realidad, Sánchez, apalancado tras el muro contra la “ultraderecha” y ayudado de su equipo de campaña, ha preparado minuciosamente una batería de medidas restrictivas de la libertad, que se reúnen en un pomposo título: “Plan de Acción del Gobierno para la Regeneración de la Democracia”, una contradicción en sus términos. Contempla 31 medidas coercitivas referidas a los medios de información, con el supuesto fin de “perseguir la desinformación”. Según publica el País, diario oficial del sanchismo, “la regeneración del Gobierno impone mayor control sobre cargos públicos y una comisión en el Congreso contra los bulos”. Hubiera sido una excelente propuesta que pudiera haber evitado el nombramiento a dedo de esos altos cargos de ejemplaridad pública, como personifica un tal Koldo y Tito Berni, y de ministros como el tal Ábalos, que es una muestra de la tranquilidad de conciencia de un político socialista a la hora de votar. La omertá es una tradición ventajosa en estos países mediterráneos.
Ante esta degradación de la política española, desde diversos sectores políticos, académicos, económicos y sociales, se reclama la urgente necesidad de pactos de Estado y de gobierno con, al menos, el principal partido de la oposición, que cuenta con 137 diputados, detenta el poder en once comunidades autónomas y en 3.193 ayuntamientos; entre ellos 34 capitales de provincia. Además, tiene una mayoría absoluta en el Senado. Sería el comienzo de una verdadera regeneración. Frente a lo aconsejable para el interés general, Sánchez ha preferido pactar con partidos y agrupaciones electorales de izquierda extrema y partidos separatistas minoritarios, cuyo impacto de votos en el cómputo nacional es irrelevante.
