ALMERÍA HOY / 26·09·2024
Hoy, los sindicatos CCOO y UGT Almería se concentraron frente a ASEMPAL para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en sectores que aún no la aplican. Esta medida busca mejorar las condiciones de trabajo de miles de empleados en la provincia, donde aproximadamente 250.000 personas se verían beneficiadas.
La última reducción legal de la jornada laboral en España se produjo hace más de 40 años, estableciendo el límite en 40 horas semanales. Aunque algunos sectores han conseguido reducirla a 38,5 horas mediante la negociación colectiva, muchas empresas siguen imponiendo largas jornadas, lo que no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también genera competencia desleal y precarización del empleo.
Ambos sindicatos subrayan que esta reducción de jornada debe ir acompañada de un control horario riguroso, no manipulable y supervisado por la Inspección de Trabajo. Este control es fundamental para asegurar que la reducción sea efectiva y que se eviten abusos relacionados con las horas extraordinarias no remuneradas, una situación recurrente en la provincia.
Almería es la segunda provincia de Andalucía con mayor número de horas extraordinarias no remuneradas ni cotizadas, con más del 60% de estas horas trabajadas sin compensación. En promedio, los trabajadores y trabajadoras en la provincia realizan unas 10 horas extras no pagadas por semana. Esta situación refleja una contradicción clara: mientras se resisten a reducir la jornada laboral, los empresarios abusan de las horas extraordinarias sin remunerarlas ni cotizarlas.
Los sindicatos denuncian que este abuso no solo perjudica a los empleados, sino que también contribuye a una competencia desleal entre empresas y supone un retroceso en los derechos laborales. En un contexto en el que las empresas han aumentado sus beneficios en más de un 23%, consideran que no hay justificación para no abordar una reforma legal que permita una reducción de la jornada.
Además, los sindicatos han respondido a las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien cuestionó las movilizaciones sindicales. Argumentan que las empresas son quienes marcan las condiciones laborales y, al negarse a negociar, es natural que las movilizaciones continúen hasta alcanzar un acuerdo justo.
En relación con las recientes mesas de negociación, CCOO y UGT explican que han propuesto soluciones adaptadas a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Las mejoras sugeridas incluyen facilidades para las micropymes con menos de diez trabajadores, entendiendo que su situación es diferente a la de grandes empresas con más de 50 o 100 empleados. A pesar de estas propuestas razonables, la patronal sigue rechazando cualquier cambio que implique la reducción a 37,5 horas semanales.
Finalmente, los sindicatos destacaron la situación crítica en sectores como el agrario, donde los convenios están bloqueados, impidiendo avances en las condiciones laborales. Por esta razón, exigen que la reducción de la jornada sea una medida legislada y de obligado cumplimiento, ya que muchos convenios colectivos, como el del campo, continúan paralizados.
La última reducción legal de la jornada laboral en España se produjo hace más de 40 años, estableciendo el límite en 40 horas semanales. Aunque algunos sectores han conseguido reducirla a 38,5 horas mediante la negociación colectiva, muchas empresas siguen imponiendo largas jornadas, lo que no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también genera competencia desleal y precarización del empleo.
Ambos sindicatos subrayan que esta reducción de jornada debe ir acompañada de un control horario riguroso, no manipulable y supervisado por la Inspección de Trabajo. Este control es fundamental para asegurar que la reducción sea efectiva y que se eviten abusos relacionados con las horas extraordinarias no remuneradas, una situación recurrente en la provincia.
Almería es la segunda provincia de Andalucía con mayor número de horas extraordinarias no remuneradas ni cotizadas, con más del 60% de estas horas trabajadas sin compensación. En promedio, los trabajadores y trabajadoras en la provincia realizan unas 10 horas extras no pagadas por semana. Esta situación refleja una contradicción clara: mientras se resisten a reducir la jornada laboral, los empresarios abusan de las horas extraordinarias sin remunerarlas ni cotizarlas.
Los sindicatos denuncian que este abuso no solo perjudica a los empleados, sino que también contribuye a una competencia desleal entre empresas y supone un retroceso en los derechos laborales. En un contexto en el que las empresas han aumentado sus beneficios en más de un 23%, consideran que no hay justificación para no abordar una reforma legal que permita una reducción de la jornada.
Además, los sindicatos han respondido a las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien cuestionó las movilizaciones sindicales. Argumentan que las empresas son quienes marcan las condiciones laborales y, al negarse a negociar, es natural que las movilizaciones continúen hasta alcanzar un acuerdo justo.
En relación con las recientes mesas de negociación, CCOO y UGT explican que han propuesto soluciones adaptadas a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Las mejoras sugeridas incluyen facilidades para las micropymes con menos de diez trabajadores, entendiendo que su situación es diferente a la de grandes empresas con más de 50 o 100 empleados. A pesar de estas propuestas razonables, la patronal sigue rechazando cualquier cambio que implique la reducción a 37,5 horas semanales.
Finalmente, los sindicatos destacaron la situación crítica en sectores como el agrario, donde los convenios están bloqueados, impidiendo avances en las condiciones laborales. Por esta razón, exigen que la reducción de la jornada sea una medida legislada y de obligado cumplimiento, ya que muchos convenios colectivos, como el del campo, continúan paralizados.
