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JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
ALMERÍA HOY / 14·07·2024
LA POLÍTICA ESPAÑOLA nunca deja de sorprendernos, y la última propuesta de la ministra de Hacienda, de nombre artístico Marichús, no es una excepción. Con su habitual desparpajo, Marichús ha lanzado la idea de una financiación singular para Cataluña, incluyendo la creación de una Hacienda propia para la comunidad autónoma. Esta propuesta ha generado un terremoto político, desvelando la incoherencia y falta de principios tanto de Montero como del gobierno de Pedro Sánchez.
Resulta cómico recordar a la Montero de antaño, cuando como consejera de Economía de la Junta de Andalucía defendía con vehemencia la equidad y solidaridad territorial. En aquel entonces, abogaba por un sistema justo que asignara recursos según las necesidades de cada comunidad, independientemente de su capacidad tributaria. Ahora parece que esa Montero se ha evaporado dejando en su lugar a una ministra/títere que favorece a Cataluña en detrimento de las demás regiones. Quién nos hubiera dicho que Marichús, tan andaluza ella, tan vehemente ella, tan hipócrita ella, se convertiría en la reina del doble rasero olvidando aquel discurso en defensa de su “Andalusía pobre y olvidada”, como le gustaba repetir en campañas electorales. Ella, tan sevillana, se asemeja a ese otro andaluz nacido en Jaén, Gabriel Rufián, o aquel otro presidente de la Generalitat de Cataluña, el cordobés José Montilla, dos travestis políticos peones de briega al servicio de los intereses de la burguesía de Cataluña. Ambos, como Marichús Montero, reniegan de sus raíces, desprecian a los andaluces y olvidan su tierra por aquello de la pasta gansa. Resulta difícil comprender una degeneración capaz de arrastrar al estercolero el valor de lo que significa la política cuando las personas se transforman en siervos sin otra voluntad que la ambición monetaria y la necesidad de ser alguien, que jamás lo hubieran logrado fuera del lodazal de la política.
La propuesta de financiación singular para Cataluña no sólo crea un abismo financiero entre las regiones, sino que también intensifica la desigualdad entre sus ciudadanos. Mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Castilla La Mancha y otras comunidades con escasos recursos se esfuerzan por equilibrar el bienestar social, Cataluña se prepara para recibir un trato preferencial que exacerbará esta disparidad económica y social por voluntad de un presidente entregado a satisfacer a los golpistas de Cataluña a cambio de siete votos. Marichús Montero es una pieza más en este puzzle de intereses bastardos capaces de anular algún rastro de dignidad y coherencia en favor de la permanencia en el poder a cualquier precio. Pero habrá de saber que se enfrenta a un tema de imprevisibles consecuencias: descontento social, frustración y rabia ante tan descomunal favoritismo a Cataluña, situada entre las tres comunidades más desarrolladas de España, en detrimento de las menos favorecidas. Su nivel de incompetencia, vergonzosamente probado, habrá de enfrentarse a las voces de millones de ciudadanos andaluces, extremeños y castellanos y de todos los españoles que claman por la justicia social distributiva, capaz de equilibrar las desigualdades económicas y sociales de las autonomías. Cabe recordar su nefasta gestión de la Hacienda de Andalucía en aquellos años de triste memoria, cuando dejó en la puta ruina las cuentas públicas de la Junta de Andalucía. Es imposible olvidar que fue consejera de Hacienda con José Antonio Griñán cuando se perpetró la trama de los ERES fraudulentos, el mayor caso de corrupción de la historia de España y de Europa. Para favorecer a los gobernantes del PSOE, Marichús renunció reclamar 680 millones de euros de la trama de los ERES, abonando con dinero público el mayor caladero de votos del socialismo en toda España. Las hemerotecas, memoria reciente de los hechos vividos, señalan a Marichús como cómplice moral y por aquella fechoría fue recompensada con su ascenso político como ministra de Rodríguez Zapatero y hoy de Pedro Sánchez, acaparando un enorme poder que no corresponde en modo alguno a sus repetidos fracasos como gestora política en Andalucía y ahora en España, tal que hicieron Elena Salgado y Pedro Solbes en aquellos años de hundimiento que llevó al país al borde del rescate económico de la UE.
Expertos en economía y derecho han levantado la voz señalando que un régimen de financiación singular para Cataluña podría ser inconstitucional, rompiendo el principio de igualdad ante la ley y fragmentando la cohesión fiscal del país. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha expresado la preocupación que esta medida podría despojar al Estado de los recursos necesarios para mantener servicios públicos esenciales en todas las regiones. Pero parece que Montero, en su nueva faceta de prestidigitadora política, está más interesada en complacer a los socios de investidura de Sánchez, como ERC y Junts, que en defender la equidad y justicia social que reclamaba para Andalucía. Sus decisiones parecen diseñadas no para el bien común, sino para mantener a flote un gobierno que se deshace en concesiones a sus aliados políticos. La ministra ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a cruzar cualquier línea roja para asegurarse de que su asiento en el poder siga siendo cómodo y bien remunerado. Inspectores de Hacienda y juristas han señalado que esta propuesta no sólo introduce desigualdades inaceptables en el sistema de financiación, sino que también podría desestabilizar el marco fiscal del país. Las críticas no provienen únicamente de la oposición, sino también de voces disidentes del propio PSOE y de otras comunidades autónomas que se sienten traicionadas por esta medida.
En definitiva, las decisiones de Marichús reflejan una alarmante falta de coherencia y compromiso con los principios fundamentales de equidad y solidaridad. Las políticas de financiación autonómica deben ser justas y equitativas, respetando la unidad del país y garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a los mismos servicios públicos. La propuesta de financiación singular para Cataluña no es sólo un error estratégico, sino también un atentado contra los valores de igualdad y justicia que deberían guiar nuestra política fiscal. Y como guinda de su obediencia sectaria ha anunciado que se propone llevar al Congreso la reforma de financiación autonómica, que englobará la “armonización “del impuesto de Sucesiones y Donaciones para obligar a un tipo impositivo mínimo común para todas las comunidades autónomas. Tal medida perjudicaría la capacidad de las comunidades autónomas para aplicar, según acuerdos estatuarios, en favor de los ciudadanos bonificando un impuesto que algunos expertos consideran doble imposición.
Resulta irónico que Montero, alguna vez defensora ferviente de la solidaridad territorial, se haya convertido ahora en la campeona de los privilegios fiscales para Cataluña. En su afán por mantener contentos a los socios de investidura de Sánchez, está dispuesta a sacrificar cualquier principio. La ministra “bien pagá” ha demostrado que en política no hay barreras éticas ni compromiso alguno, sólo se trata de la poltrona.
Resulta cómico recordar a la Montero de antaño, cuando como consejera de Economía de la Junta de Andalucía defendía con vehemencia la equidad y solidaridad territorial. En aquel entonces, abogaba por un sistema justo que asignara recursos según las necesidades de cada comunidad, independientemente de su capacidad tributaria. Ahora parece que esa Montero se ha evaporado dejando en su lugar a una ministra/títere que favorece a Cataluña en detrimento de las demás regiones. Quién nos hubiera dicho que Marichús, tan andaluza ella, tan vehemente ella, tan hipócrita ella, se convertiría en la reina del doble rasero olvidando aquel discurso en defensa de su “Andalusía pobre y olvidada”, como le gustaba repetir en campañas electorales. Ella, tan sevillana, se asemeja a ese otro andaluz nacido en Jaén, Gabriel Rufián, o aquel otro presidente de la Generalitat de Cataluña, el cordobés José Montilla, dos travestis políticos peones de briega al servicio de los intereses de la burguesía de Cataluña. Ambos, como Marichús Montero, reniegan de sus raíces, desprecian a los andaluces y olvidan su tierra por aquello de la pasta gansa. Resulta difícil comprender una degeneración capaz de arrastrar al estercolero el valor de lo que significa la política cuando las personas se transforman en siervos sin otra voluntad que la ambición monetaria y la necesidad de ser alguien, que jamás lo hubieran logrado fuera del lodazal de la política.
La propuesta de financiación singular para Cataluña no sólo crea un abismo financiero entre las regiones, sino que también intensifica la desigualdad entre sus ciudadanos. Mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Castilla La Mancha y otras comunidades con escasos recursos se esfuerzan por equilibrar el bienestar social, Cataluña se prepara para recibir un trato preferencial que exacerbará esta disparidad económica y social por voluntad de un presidente entregado a satisfacer a los golpistas de Cataluña a cambio de siete votos. Marichús Montero es una pieza más en este puzzle de intereses bastardos capaces de anular algún rastro de dignidad y coherencia en favor de la permanencia en el poder a cualquier precio. Pero habrá de saber que se enfrenta a un tema de imprevisibles consecuencias: descontento social, frustración y rabia ante tan descomunal favoritismo a Cataluña, situada entre las tres comunidades más desarrolladas de España, en detrimento de las menos favorecidas. Su nivel de incompetencia, vergonzosamente probado, habrá de enfrentarse a las voces de millones de ciudadanos andaluces, extremeños y castellanos y de todos los españoles que claman por la justicia social distributiva, capaz de equilibrar las desigualdades económicas y sociales de las autonomías. Cabe recordar su nefasta gestión de la Hacienda de Andalucía en aquellos años de triste memoria, cuando dejó en la puta ruina las cuentas públicas de la Junta de Andalucía. Es imposible olvidar que fue consejera de Hacienda con José Antonio Griñán cuando se perpetró la trama de los ERES fraudulentos, el mayor caso de corrupción de la historia de España y de Europa. Para favorecer a los gobernantes del PSOE, Marichús renunció reclamar 680 millones de euros de la trama de los ERES, abonando con dinero público el mayor caladero de votos del socialismo en toda España. Las hemerotecas, memoria reciente de los hechos vividos, señalan a Marichús como cómplice moral y por aquella fechoría fue recompensada con su ascenso político como ministra de Rodríguez Zapatero y hoy de Pedro Sánchez, acaparando un enorme poder que no corresponde en modo alguno a sus repetidos fracasos como gestora política en Andalucía y ahora en España, tal que hicieron Elena Salgado y Pedro Solbes en aquellos años de hundimiento que llevó al país al borde del rescate económico de la UE.
Expertos en economía y derecho han levantado la voz señalando que un régimen de financiación singular para Cataluña podría ser inconstitucional, rompiendo el principio de igualdad ante la ley y fragmentando la cohesión fiscal del país. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha expresado la preocupación que esta medida podría despojar al Estado de los recursos necesarios para mantener servicios públicos esenciales en todas las regiones. Pero parece que Montero, en su nueva faceta de prestidigitadora política, está más interesada en complacer a los socios de investidura de Sánchez, como ERC y Junts, que en defender la equidad y justicia social que reclamaba para Andalucía. Sus decisiones parecen diseñadas no para el bien común, sino para mantener a flote un gobierno que se deshace en concesiones a sus aliados políticos. La ministra ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a cruzar cualquier línea roja para asegurarse de que su asiento en el poder siga siendo cómodo y bien remunerado. Inspectores de Hacienda y juristas han señalado que esta propuesta no sólo introduce desigualdades inaceptables en el sistema de financiación, sino que también podría desestabilizar el marco fiscal del país. Las críticas no provienen únicamente de la oposición, sino también de voces disidentes del propio PSOE y de otras comunidades autónomas que se sienten traicionadas por esta medida.
En definitiva, las decisiones de Marichús reflejan una alarmante falta de coherencia y compromiso con los principios fundamentales de equidad y solidaridad. Las políticas de financiación autonómica deben ser justas y equitativas, respetando la unidad del país y garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a los mismos servicios públicos. La propuesta de financiación singular para Cataluña no es sólo un error estratégico, sino también un atentado contra los valores de igualdad y justicia que deberían guiar nuestra política fiscal. Y como guinda de su obediencia sectaria ha anunciado que se propone llevar al Congreso la reforma de financiación autonómica, que englobará la “armonización “del impuesto de Sucesiones y Donaciones para obligar a un tipo impositivo mínimo común para todas las comunidades autónomas. Tal medida perjudicaría la capacidad de las comunidades autónomas para aplicar, según acuerdos estatuarios, en favor de los ciudadanos bonificando un impuesto que algunos expertos consideran doble imposición.
Resulta irónico que Montero, alguna vez defensora ferviente de la solidaridad territorial, se haya convertido ahora en la campeona de los privilegios fiscales para Cataluña. En su afán por mantener contentos a los socios de investidura de Sánchez, está dispuesta a sacrificar cualquier principio. La ministra “bien pagá” ha demostrado que en política no hay barreras éticas ni compromiso alguno, sólo se trata de la poltrona.