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PASEO ABAJO/Juan Torrijos
Galasa fue un buen proyecto, nadie lo puso en duda en ningún momento. Y hoy sigue siendo una buena opción. La Institución Provincial intentó paliar los problemas hídricos en algunos pueblos del levante almeriense, y el aplauso fue unánime por parte de todos los vecinos que veían aclararse el futuro del agua y de sus grifos, en una tierra seca como la nuestra.
Si los políticos almerienses que han pasado por Diputación, bien del PSOE, bien del PP, hubieran llevado la praxis en su acción política, si la templanza hubiera sido una de sus virtudes, y la prudencia marcado su labor diaria, bien de gobierno o de oposición, es posible que Galasa se hubiera convertido en el buen proyecto ideado en su día por parte de la Diputación.
Galasa ha vivido momentos tormentosos, especulaciones políticas, ataques y zancadillas en su labor diaria. No se trabajaba por el bien de los ciudadanos, ni siquiera por el bien de la empresa, se buscaba solo el hundimiento político del rival, y si para ello había que acabar con la empresa, su prestigio y crear problemas en el servicio que estaba prestando a los ciudadanos, no importaba, lo primero el poder político.
¡Sátrapas!
Son los políticos, siempre pensado en sus beneficios, nunca en el de los ciudadanos a los que dicen servir.
Galasa pasaba a ser un saco de boxeo donde los partidos hacían sus prácticas a la hora de la política provincial. Lo hacía el PP cuando mandaba el PSOE, y el PSOE lo hace en estos tiempos en los que manda el PP. En estos días el parlamentario del PSOE en la eterna y fascinante Sevilla, le pide a la Junta de Moreno Bonilla que se haga cargo de las obras que necesitan Galasa, y que vendrían a beneficiar a los ayuntamientos a la hora de ofrecer el servicio de agua a sus vecinos. Y parece de lógica la petición de José Luis S. Teruel. Los ayuntamientos, algunos de ellos, no pueden sufragar el alto coste de las obras, por lo que pedir ayudas a los administraciones superiores entra dentro de lo que entendemos como la praxis política de la colaboración entre ellas. Lo que llama la atención es que la petición se le haga a la Junta y no a Diputación, que es la responsable en primera instancia de la empresa por ella creada, junto a los ayuntamientos que se fueron sumando a la misma.
Las fugas de agua que tienen las tuberías en estos municipios no son en primera instancia de la responsabilidad de Galasa, pero cuando se permite que se pierda el tan preciado líquido, entre unos y otros, empresa y ayuntamientos, creo que la primera reacción se tendría que dar desde el despacho de Javier Aureliano García.
Es fantástico lo que está haciendo Diputación con el antiguo Hospital Provincial, el intento en el Cortijo del Fraile y otros proyectos en los que anda metida con, y por nuestra provincia, incluidos en la última hornada cajeros, bares y tiendas en los municipios, pero ello no puede hacer que se olvide de lo que viene ocurriendo en Galasa. Que por negligencia se deje perder agua, en una tierra como la nuestra, es un delito a considerar de gravedad, y que debería estar severamente castigado.
Pedir moderación, análisis, prudencia y estudio de los temas a solucionar no es fácil en la política en la que nos han metido en los últimos años los partidos, pero se debería hacer imprescindible cuando se trata de solucionar los problemas de agua de los ciudadanos, en una tierra donde se está pagando el hectómetro cúbico a precio de lingote.
No esperamos nada bueno de ellos, tristemente los conocemos.
Si los políticos almerienses que han pasado por Diputación, bien del PSOE, bien del PP, hubieran llevado la praxis en su acción política, si la templanza hubiera sido una de sus virtudes, y la prudencia marcado su labor diaria, bien de gobierno o de oposición, es posible que Galasa se hubiera convertido en el buen proyecto ideado en su día por parte de la Diputación.
Galasa ha vivido momentos tormentosos, especulaciones políticas, ataques y zancadillas en su labor diaria. No se trabajaba por el bien de los ciudadanos, ni siquiera por el bien de la empresa, se buscaba solo el hundimiento político del rival, y si para ello había que acabar con la empresa, su prestigio y crear problemas en el servicio que estaba prestando a los ciudadanos, no importaba, lo primero el poder político.
¡Sátrapas!
Son los políticos, siempre pensado en sus beneficios, nunca en el de los ciudadanos a los que dicen servir.
Galasa pasaba a ser un saco de boxeo donde los partidos hacían sus prácticas a la hora de la política provincial. Lo hacía el PP cuando mandaba el PSOE, y el PSOE lo hace en estos tiempos en los que manda el PP. En estos días el parlamentario del PSOE en la eterna y fascinante Sevilla, le pide a la Junta de Moreno Bonilla que se haga cargo de las obras que necesitan Galasa, y que vendrían a beneficiar a los ayuntamientos a la hora de ofrecer el servicio de agua a sus vecinos. Y parece de lógica la petición de José Luis S. Teruel. Los ayuntamientos, algunos de ellos, no pueden sufragar el alto coste de las obras, por lo que pedir ayudas a los administraciones superiores entra dentro de lo que entendemos como la praxis política de la colaboración entre ellas. Lo que llama la atención es que la petición se le haga a la Junta y no a Diputación, que es la responsable en primera instancia de la empresa por ella creada, junto a los ayuntamientos que se fueron sumando a la misma.
Las fugas de agua que tienen las tuberías en estos municipios no son en primera instancia de la responsabilidad de Galasa, pero cuando se permite que se pierda el tan preciado líquido, entre unos y otros, empresa y ayuntamientos, creo que la primera reacción se tendría que dar desde el despacho de Javier Aureliano García.
Es fantástico lo que está haciendo Diputación con el antiguo Hospital Provincial, el intento en el Cortijo del Fraile y otros proyectos en los que anda metida con, y por nuestra provincia, incluidos en la última hornada cajeros, bares y tiendas en los municipios, pero ello no puede hacer que se olvide de lo que viene ocurriendo en Galasa. Que por negligencia se deje perder agua, en una tierra como la nuestra, es un delito a considerar de gravedad, y que debería estar severamente castigado.
Pedir moderación, análisis, prudencia y estudio de los temas a solucionar no es fácil en la política en la que nos han metido en los últimos años los partidos, pero se debería hacer imprescindible cuando se trata de solucionar los problemas de agua de los ciudadanos, en una tierra donde se está pagando el hectómetro cúbico a precio de lingote.
No esperamos nada bueno de ellos, tristemente los conocemos.
