Informes de funcionarios probarían la “contratación presuntamente ilegal” de empleados municipales durante los mandatos socialistas. Lo ha revelado el portavoz del Gobierno local, que los ha trasladado al Juzgado
Ramos ante los juzgados de Vera. |
ALMERÍA HOY / 30·08·2023
Álvaro Ramos (Garrucha con Andalucía), teniente de alcalde y portavoz del Gobierno local, ha trasladado al Juzgado número 4 de Vera, varios informes firmados por técnicos municipales que probarían prácticas de “enchufismo” que se habrían llevado a cabo durante los mandatos presididos por María Antonia López Cervantes (PSOE).
Este Juzgado instruye la querella presentada contra la exalcaldesa por el fiscal, tras investigar la información aportada por Ramos acerca de la supuesta contratación de empleados municipales, entre ellos, el de Victoria Soler, hija del conocido militante socialista local José Soler ‘el Coco’. El contrato habría sido presuntamente firmado directamente por decreto de Alcaldía y sin procedimiento administrativo que lo justificara.
En uno de los documentos aportados por el portavoz del Ejecutivo garruchero al proceso penal, el técnico municipal de personal manifiesta que la selección de aspirantes de la bolsa de empleo para barrenderos la realizaba “única y exclusivamente el equipo de Gobierno anterior”, que enviaba los datos de los elegidos al funcionario para “darles de alta en la Seguridad Social”.
En otro de los informes, el secretario del Ayuntamiento considera “obviamente irregular” haber contratado trabajadores de “una bolsa temporal de empleo caducada sin haber promovido la constitución de una nueva”. El funcionario abunda ser “contrario a la aprobación de bolsas de empleo municipales” para escoger trabajadores por parte de los ayuntamientos. Apunta que, “la prevalencia de criterios sociales enmascara favores”, y las ayudas a personas en riesgo de exclusión “deben ser cubiertas de otra forma”.
A este marco general de actuación, Ramos añade dos casos muy concretos relacionados con la contratación de dos destacados militantes socialistas locales: El exjefe de Protección Civil, José Requena ‘el Cañizo’, y el vicesecretario general de la Ejecutiva Nacional de la Juventudes Socialistas, el garruchero José Ramón García Túñez.
EL CAÑIZO
En cuanto al primero, el propio Requena ya había generado por sí mismo sospechas sobre su contratación cuando declaró a la Policía Judicial, durante la instrucción de otro procedimiento penal, que había sido empleado “por afinidad con el Ayuntamiento”.
Por si esta “evidencia” no fuera suficiente, el departamento de Personal del Consistorio añade que ‘el Cañizo’ empezó a ocupar un puesto de conserje de edificios públicos del municipio el 1 de agosto de 2018 en virtud de un “contrato de trabajo temporal de fin de obra o servicio”. No obstante, ese “fin de obra o servicio” nunca llegó y, el pasado 8 de junio, Requena fue nombrado “laboral fijo” por llevar más de tres años ininterrumpidos trabajando para el Ayuntamiento, a pesar de que el “único documento” que existe en el expediente de su contratación es su propia “solicitud para optar al puesto de conserje”.
En lo que concierne al vicesecretario general nacional de las Juventudes Socialistas, José Ramón García Túñez, fue contratado como socorrista por el Ayuntamiento de Garrucha -entonces gobernado por el PSOE- para la campaña veraniega de 2020.
Según fuentes municipales, como muchos otros jóvenes, García Túñez –por entonces estudiante de Derecho en la Universidad de Almería- había solicitado el puesto para obtener un dinero durante sus meses de ocio.
Las aspiraciones del estudiante socialista parecían torcerse, ya que el Centro de Coordinación Operativa Municipal le había excluido de la selección. Aunque García Túñez recurrió la decisión, el tribunal desestimó sus alegaciones.
CAPEL “ENCHUFA”
No obstante, según ha informado el departamento de Personal del Ayuntamiento, Ángel Capel, concejal de Protección Civil durante el último mandato socialista -2019/2023- “ordenó” que se le diera de alta, de ese modo fue contratado a tiempo parcial para desempeñar “durante cuatro horas al día” funciones de socorrista con el cometido de atender emergencias en las playas del municipio. Ese empleo proporcionó a García Túñez 1.529,62 euros por 64 jornadas de trabajo al 50% de dedicación.
El vicesecretario nacional de los jóvenes socialistas ya había estado en nómina del Ayuntamiento de Garrucha durante el verano anterior, y también de una forma que despierta ciertas dudas. Al menos, eso suscitan las informaciones municipales.
Según estas fuentes, García Túñez habría desempeñado tareas de información turística entre el 3 de julio y el 15 de septiembre de 2019 con cargo a la Administración local. Durante ese tiempo percibió 4.098,07 euros en concepto de salarios.
Sin embargo, cuando el actual equipo de Gobierno solicitó el expediente de contratación del joven socialista como informador turístico, los funcionarios municipales respondieron “no haber podido encontrar” la existencia de ningún registro sobre alguna oferta pública de empleo para cubrir esa plaza en fechas previas a la contratación.
El joven socialista rehusó hacer declaraciones a esta redacción, y Capel cortó el teléfono al pedirle su versión de los hechos. Así cabe entenderlo, ya que, tras interrumpirse de forma repentina la comunicación, justo después de identificarnos y requerir su punto de vista, no atendió las llamadas siguientes y tampoco las devolvió.
El concejal del gobierno Álvaro Ramos entiende que todo lo referido reúne nuevas “evidencias” de supuestas contrataciones ilegales en el Ayuntamiento de Garrucha. El conjunto de documentos ha sido aportado al procedimiento penal que se sigue en Juzgado número 4 de Vera.
Este Juzgado instruye la querella presentada contra la exalcaldesa por el fiscal, tras investigar la información aportada por Ramos acerca de la supuesta contratación de empleados municipales, entre ellos, el de Victoria Soler, hija del conocido militante socialista local José Soler ‘el Coco’. El contrato habría sido presuntamente firmado directamente por decreto de Alcaldía y sin procedimiento administrativo que lo justificara.
En uno de los documentos aportados por el portavoz del Ejecutivo garruchero al proceso penal, el técnico municipal de personal manifiesta que la selección de aspirantes de la bolsa de empleo para barrenderos la realizaba “única y exclusivamente el equipo de Gobierno anterior”, que enviaba los datos de los elegidos al funcionario para “darles de alta en la Seguridad Social”.
En otro de los informes, el secretario del Ayuntamiento considera “obviamente irregular” haber contratado trabajadores de “una bolsa temporal de empleo caducada sin haber promovido la constitución de una nueva”. El funcionario abunda ser “contrario a la aprobación de bolsas de empleo municipales” para escoger trabajadores por parte de los ayuntamientos. Apunta que, “la prevalencia de criterios sociales enmascara favores”, y las ayudas a personas en riesgo de exclusión “deben ser cubiertas de otra forma”.
A este marco general de actuación, Ramos añade dos casos muy concretos relacionados con la contratación de dos destacados militantes socialistas locales: El exjefe de Protección Civil, José Requena ‘el Cañizo’, y el vicesecretario general de la Ejecutiva Nacional de la Juventudes Socialistas, el garruchero José Ramón García Túñez.
EL CAÑIZO
En cuanto al primero, el propio Requena ya había generado por sí mismo sospechas sobre su contratación cuando declaró a la Policía Judicial, durante la instrucción de otro procedimiento penal, que había sido empleado “por afinidad con el Ayuntamiento”.
Por si esta “evidencia” no fuera suficiente, el departamento de Personal del Consistorio añade que ‘el Cañizo’ empezó a ocupar un puesto de conserje de edificios públicos del municipio el 1 de agosto de 2018 en virtud de un “contrato de trabajo temporal de fin de obra o servicio”. No obstante, ese “fin de obra o servicio” nunca llegó y, el pasado 8 de junio, Requena fue nombrado “laboral fijo” por llevar más de tres años ininterrumpidos trabajando para el Ayuntamiento, a pesar de que el “único documento” que existe en el expediente de su contratación es su propia “solicitud para optar al puesto de conserje”.
En lo que concierne al vicesecretario general nacional de las Juventudes Socialistas, José Ramón García Túñez, fue contratado como socorrista por el Ayuntamiento de Garrucha -entonces gobernado por el PSOE- para la campaña veraniega de 2020.
Según fuentes municipales, como muchos otros jóvenes, García Túñez –por entonces estudiante de Derecho en la Universidad de Almería- había solicitado el puesto para obtener un dinero durante sus meses de ocio.
Las aspiraciones del estudiante socialista parecían torcerse, ya que el Centro de Coordinación Operativa Municipal le había excluido de la selección. Aunque García Túñez recurrió la decisión, el tribunal desestimó sus alegaciones.
CAPEL “ENCHUFA”
No obstante, según ha informado el departamento de Personal del Ayuntamiento, Ángel Capel, concejal de Protección Civil durante el último mandato socialista -2019/2023- “ordenó” que se le diera de alta, de ese modo fue contratado a tiempo parcial para desempeñar “durante cuatro horas al día” funciones de socorrista con el cometido de atender emergencias en las playas del municipio. Ese empleo proporcionó a García Túñez 1.529,62 euros por 64 jornadas de trabajo al 50% de dedicación.
El vicesecretario nacional de los jóvenes socialistas ya había estado en nómina del Ayuntamiento de Garrucha durante el verano anterior, y también de una forma que despierta ciertas dudas. Al menos, eso suscitan las informaciones municipales.
Según estas fuentes, García Túñez habría desempeñado tareas de información turística entre el 3 de julio y el 15 de septiembre de 2019 con cargo a la Administración local. Durante ese tiempo percibió 4.098,07 euros en concepto de salarios.
Sin embargo, cuando el actual equipo de Gobierno solicitó el expediente de contratación del joven socialista como informador turístico, los funcionarios municipales respondieron “no haber podido encontrar” la existencia de ningún registro sobre alguna oferta pública de empleo para cubrir esa plaza en fechas previas a la contratación.
El joven socialista rehusó hacer declaraciones a esta redacción, y Capel cortó el teléfono al pedirle su versión de los hechos. Así cabe entenderlo, ya que, tras interrumpirse de forma repentina la comunicación, justo después de identificarnos y requerir su punto de vista, no atendió las llamadas siguientes y tampoco las devolvió.
El concejal del gobierno Álvaro Ramos entiende que todo lo referido reúne nuevas “evidencias” de supuestas contrataciones ilegales en el Ayuntamiento de Garrucha. El conjunto de documentos ha sido aportado al procedimiento penal que se sigue en Juzgado número 4 de Vera.