El PSOE había solicitado que los ediles de Garrucha con Andalucía fueran declarados tránsfugas de manera inmediata para evitar que accedieran a responsabilidades de Gobierno. La juez que lleva el caso razona que se manifestará sobre el caso cuando lo conozca en profundidad, no antes
ALMERÍA HOY / 30·07·2023
Álvaro Ramos y Luis José Fernández Cortés, los dos concejales de Garrucha con
Andalucía, seguirán siendo, de momento, primer teniente de alcalde y concejal de
Obras y Servicios y Personal, así como edil de Cultura y Pesca, respectivamente,
además de conservar las retribuciones asignadas.
Así lo establece el auto firmado por la titular del número 4 de lo Contencioso de Almería, doña Mª del Carmen Hernández Fontán, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por Rocío Galindo, Juan Pedro Molina, Francisca del Rosario Rosa y Ángel Capel, concejales socialistas en la Corporación garruchera.
Los cuatro denunciantes pedían la “suspensión cautelar” de los decretos firmados por el alcalde Pedro Zamora (PP) el pasado 17 de junio, inmediatamente después de la constitución del nuevo Ayuntamiento. Las resoluciones delegaban responsabilidades en los concejales del equipo de gobierno, incluidos Ramos y Fernández Cortés, y regulaban el porcentaje de dedicación y, por tanto, de la retribución a percibir por cada uno de ellos.
“PLUSVALÍA PARA LOS DISIDENTES”
El recurso socialista, registrado el pasado 4 de julio, explica que los ediles electos por la plataforma de izquierdas “causaron baja en el mismo momento en que apoyaron la investidura” de un regidor popular, algo expresamente prohibido “en el artículo 17 de los estatutos de su partido”. Pero, además, la representante provincial de la alianza ‘Con Andalucía’ solicitó “al alcalde y al secretario municipal el 18 de junio” –un día después de ser nombrados- que se aplicara “la condición de no adscritos” a los citados concejales “por abandono de la formación política”.
Añaden que el edil del PSOE Ángel Capel registró por vía telemática también el 18 un escrito en idénticos términos.
Los socialistas abundan que Ramos y Fernández Cortés “nunca han ejercido cargos ni percibido retribuciones en el Ayuntamiento de Garrucha”, razón por la cual, tras la advertencia de transfuguismo realizada por partida doble, “no pueden ostentar los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde”.
Sobre todo, destacan que tales nombramientos han supuesto una “plusvalía para los disidentes”, porque han significado “un incremento evidente de su situación en cuanto a derechos políticos y económicos”. Añaden el PSOE que junto a las competencias delegadas, a Álvaro Ramos y a Luis José Fernández les han sido asignados unos sueldos anuales de 48.000 euros y de 32.500, “como consecuencia del abandono de la formación política con la que concurrieron a las elecciones”.
Pero, ¿por qué solicitaron los socialistas la suspensión cautelar de los decretos que conferían sueldos y competencias a los concejales “disidentes”? Ellos mismos lo responden en su escrito: “los tránsfugas” podrían provocar “un daño de imposible reparación”, puesto que, en el ejercicio de sus cargos “dictarán resoluciones y participarán en acuerdos careciendo de los requisitos esenciales” al tratarse de ediles “no adscritos”. En ese sentido, agregan que “un importante número de actos administrativos resultarían viciados” al participar en ellos los acusados.
Además, el PSOE de Garrucha entiende que la suspensión cautelar de los nombramientos “no provoca perjuicio alguno” al interés general, porque los asuntos delegados a Ramos y Fernández Cortés pueden ser asumidos tanto “por el alcalde” como “por cualquier otro miembro del equipo de gobierno”.
“GROSERO FRAUDE DE LEY”
Finalmente, el partido que dirige la exalcaldesa María Antonia López comunica a la juez que el alcalde podría haber promovido un “grosero fraude de ley” firmando los decretos justo después de haber sido investido, dando por hecho que se trata de una “argucia” para “disfrazar una situación jurídica para que parezca otra” y, de ese modo, conseguir que Ramos y Fernández Cortés “ostenten cargos y retribuciones prohibidas a los concejales no adscritos”.
Sin embargo, nada de lo expuesto por los cuatro ediles socialistas ha logrado convencer a la titular del número 4 de lo Contencioso de Almería.
Tras haber estudiado los 32 folios del recurso, la magistrada Hernández Fontán explica en su auto, firmado el 5 de julio, que la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa “sólo” permite aplicar medidas cautelares “cuando concurran circunstancias excepcionales de especial urgencia” que, en este caso y “sin entrar a analizar el fondo” del asunto, “no existen”. Por esa razón, la juez aduce que no adoptará ninguna decisión “sin oír previamente a la parte denunciada”.
A continuación, Hernández Fontán, sin mencionar el supuesto “fraude de ley” apuntado por los socialistas en su recurso, destaca que “los nombramientos impugnados fueron acordados el 17 de junio”, es decir, antes de la puesta en conocimiento al Ayuntamiento por parte de IU y PSOE de la condición de no adscritos de Ramos y Fernández Cortés.
En consecuencia, la juez ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por los socialistas. Eso significa que los dos concejales de Garrucha con Andalucía mantienen, de momento, las responsabilidades y sueldos hasta que la justicia estudie con profundidad el asunto y dicte sentencia.
Así lo establece el auto firmado por la titular del número 4 de lo Contencioso de Almería, doña Mª del Carmen Hernández Fontán, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por Rocío Galindo, Juan Pedro Molina, Francisca del Rosario Rosa y Ángel Capel, concejales socialistas en la Corporación garruchera.
Los cuatro denunciantes pedían la “suspensión cautelar” de los decretos firmados por el alcalde Pedro Zamora (PP) el pasado 17 de junio, inmediatamente después de la constitución del nuevo Ayuntamiento. Las resoluciones delegaban responsabilidades en los concejales del equipo de gobierno, incluidos Ramos y Fernández Cortés, y regulaban el porcentaje de dedicación y, por tanto, de la retribución a percibir por cada uno de ellos.
“PLUSVALÍA PARA LOS DISIDENTES”
El recurso socialista, registrado el pasado 4 de julio, explica que los ediles electos por la plataforma de izquierdas “causaron baja en el mismo momento en que apoyaron la investidura” de un regidor popular, algo expresamente prohibido “en el artículo 17 de los estatutos de su partido”. Pero, además, la representante provincial de la alianza ‘Con Andalucía’ solicitó “al alcalde y al secretario municipal el 18 de junio” –un día después de ser nombrados- que se aplicara “la condición de no adscritos” a los citados concejales “por abandono de la formación política”.
Añaden que el edil del PSOE Ángel Capel registró por vía telemática también el 18 un escrito en idénticos términos.
Los socialistas abundan que Ramos y Fernández Cortés “nunca han ejercido cargos ni percibido retribuciones en el Ayuntamiento de Garrucha”, razón por la cual, tras la advertencia de transfuguismo realizada por partida doble, “no pueden ostentar los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde”.
Sobre todo, destacan que tales nombramientos han supuesto una “plusvalía para los disidentes”, porque han significado “un incremento evidente de su situación en cuanto a derechos políticos y económicos”. Añaden el PSOE que junto a las competencias delegadas, a Álvaro Ramos y a Luis José Fernández les han sido asignados unos sueldos anuales de 48.000 euros y de 32.500, “como consecuencia del abandono de la formación política con la que concurrieron a las elecciones”.
Pero, ¿por qué solicitaron los socialistas la suspensión cautelar de los decretos que conferían sueldos y competencias a los concejales “disidentes”? Ellos mismos lo responden en su escrito: “los tránsfugas” podrían provocar “un daño de imposible reparación”, puesto que, en el ejercicio de sus cargos “dictarán resoluciones y participarán en acuerdos careciendo de los requisitos esenciales” al tratarse de ediles “no adscritos”. En ese sentido, agregan que “un importante número de actos administrativos resultarían viciados” al participar en ellos los acusados.
Además, el PSOE de Garrucha entiende que la suspensión cautelar de los nombramientos “no provoca perjuicio alguno” al interés general, porque los asuntos delegados a Ramos y Fernández Cortés pueden ser asumidos tanto “por el alcalde” como “por cualquier otro miembro del equipo de gobierno”.
“GROSERO FRAUDE DE LEY”
Finalmente, el partido que dirige la exalcaldesa María Antonia López comunica a la juez que el alcalde podría haber promovido un “grosero fraude de ley” firmando los decretos justo después de haber sido investido, dando por hecho que se trata de una “argucia” para “disfrazar una situación jurídica para que parezca otra” y, de ese modo, conseguir que Ramos y Fernández Cortés “ostenten cargos y retribuciones prohibidas a los concejales no adscritos”.
Sin embargo, nada de lo expuesto por los cuatro ediles socialistas ha logrado convencer a la titular del número 4 de lo Contencioso de Almería.
Tras haber estudiado los 32 folios del recurso, la magistrada Hernández Fontán explica en su auto, firmado el 5 de julio, que la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa “sólo” permite aplicar medidas cautelares “cuando concurran circunstancias excepcionales de especial urgencia” que, en este caso y “sin entrar a analizar el fondo” del asunto, “no existen”. Por esa razón, la juez aduce que no adoptará ninguna decisión “sin oír previamente a la parte denunciada”.
A continuación, Hernández Fontán, sin mencionar el supuesto “fraude de ley” apuntado por los socialistas en su recurso, destaca que “los nombramientos impugnados fueron acordados el 17 de junio”, es decir, antes de la puesta en conocimiento al Ayuntamiento por parte de IU y PSOE de la condición de no adscritos de Ramos y Fernández Cortés.
En consecuencia, la juez ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por los socialistas. Eso significa que los dos concejales de Garrucha con Andalucía mantienen, de momento, las responsabilidades y sueldos hasta que la justicia estudie con profundidad el asunto y dicte sentencia.
