La Junta paga las nóminas de los agentes de Medio Ambiente pese a que el sistema de control de presencia registra sus jornadas como faltas sin justificar. Además, mantiene a un grupo sin nada que hacer
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Registro del trabajo de un agente de Medio Ambiente en el
que aparecen las jornadas laborables como faltas sin justificar. |
ALMERÍA HOY / 22·11·2022
Si en un anterior artículo dábamos cuenta de cómo la Consejería de Desarrollo Sostenible dejó caducar la denuncia por el presunto absentismo de cinco de los seis agentes de Medio Ambiente asignados al Levante almeriense, ahora hemos conocido que la Junta podría estar prevaricando al pagar la nómina de los forestales.
De nada sirvieron las pruebas aportadas por los denunciantes. Ni siquiera los 135 vídeos que registraron los vehículos de los funcionarios señalados aparcados junto a sus domicilios en horas en que debían estar, a decenas de kilómetros de distancia, prestando el servicio por el que les pagan todos los andaluces.
La Consejería dejó transcurrir los tres años que tenía para actuar sin adoptar ninguna medida, y el 16 de septiembre cumplió el plazo que disponía para hacerlo. Peor aún. Ni siquiera ha sido capaz de poner en marcha una herramienta para controlar el horario de los forestales, incumpliendo flagrantemente la ley del Estatuto de los Trabajadores, que sólo exime de tal registro a casos muy puntuales, como toreros o artistas del espectáculo.
Y es que, cada vez que la Consejería ha intentado aplicar una forma de control de la jornada mediante la instalación de aplicaciones en los teléfonos de trabajo, los agentes se han opuesto, han logrado salirse con la suya y permanecer descontrolados. Caso insólito en toda España.
Una de las consecuencias de esta anómala situación estriba en que la Junta podría estar cometiendo un delito de prevaricación al pagar las nóminas de estos funcionarios.
Porque la Consejería cuenta con un “sistema de control de presencia e incidencias” que registra tanto la asistencia al trabajo como las circunstancias que podrían disculpar o no una eventual ausencia, como vacaciones o bajas por enfermedad.
Al no existir prueba alguna de que los agentes acudan al trabajo, todas sus jornadas aparecen en el sistema como faltas “sin justificar”, salvo aquellas respaldadas por un parte médico o similar, así como las correspondientes a días libres y periodos vacacionales.
No obstante, aunque el saldo final siempre resulta deudor en el balance del forestal –salvo en el caso de una baja prolongada o durante el periodo vacacional-, la administración andaluza les paga íntegra y puntualmente la nómina con todos sus complementos. Es decir, la Consejería podría estar cometiendo una prevaricación al librar un gasto con informes contrarios del propio departamento.
UNIDAD CERO
Además, Medio Ambiente también estaría pagando a un grupo de funcionarios a cambio de nada. Se trata de los que integran la Unidad Biogeográfica Cero.
Este grupo no existe en el mapa de la Consejería; no cuenta con un territorio asignado; tampoco aparece en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta.
Nadie sabe en qué consiste su trabajo, sin embargo, disponen de despacho en la Delegación y de vehículos oficiales pagados por todos los andaluces a pesar de no tener que controlar ninguna demarcación y, por tanto, no requerir desplazarse por motivos laborales.
Pero ¿quiénes son los afortunados que componen esta unidad?
Dejemos a un lado a Jorge Pérez Sevilla y José Manuel Pérez Carrasco, que sí tienen otras responsabilidades como coordinador provincial y coordinador adjunto respectivamente.
El resto de está nómina la integran Juan José Alesina y María de los Ángeles Lázaro, anteriores coordinadores provinciales; Ginés Rodríguez, cuyo único mérito conocido consiste en su condición de destacado militante de UGT; y Francisco Sánchez, relevante afiliado a CCOO, a quién, además, han nombrado coordinador de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, un puesto que tampoco figura en la RPT, tal vez por tratarse de una tarea competencia de la Guardia Civil y el cuerpo de bomberos. Por cierto, ninguno de estos dos sindicalistas forma parte del comité de empresa de la Delegación.
METÁSTASIS
Este tipo de situaciones no se circunscriben única y exclusivamente a la provincia de Almería. Como una suerte de metástasis, también se extienden por otras provincias.
Entre todos los casos, tal vez el más relevante sea el de José Montes Rincón, quien llegó a presentarse a sí mismo en una televisión local de Ronda como “asesor técnico del coordinador provincial”, cargo que no existe en la RPT y, por tanto, no contiene ninguna responsabilidad ni función a desempeñar.
Montes es un conocido militante de UGT y llegó a ser coordinador provincial. Saltó a la fama en agosto de 2018 tras ser denunciado ante la Delegación provincial por el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Le acusaron de uso indebido del vehículo oficial que tenía asignado. Lo utilizaba, supuestamente contra el criterio de la Instrucción de la propia Consejería, para acudir a diario desde su domicilio en Ronda hasta el puesto de trabajo que ocupaba en la capital malagueña, a cien kilómetros de distancia. En total, 4.000 Km. al mes.
También dejaron caducar el caso. No se adoptó ninguna medida. Bueno, sí. Le cambiaron el coche por otro sin rotular. Quizás con la intención de que pasara más desapercibido.
En este estado de cosas cabe preguntar ¿cuándo se atreverá alguien a emplear el bisturí para evitar que la gangrena infecte a todo el departamento de Medio Ambiente? Recientemente han cambiado los responsables a nivel andaluz y de Almería. Tienen trabajo. ¿Se pondrán manos a la obra?
De nada sirvieron las pruebas aportadas por los denunciantes. Ni siquiera los 135 vídeos que registraron los vehículos de los funcionarios señalados aparcados junto a sus domicilios en horas en que debían estar, a decenas de kilómetros de distancia, prestando el servicio por el que les pagan todos los andaluces.
La Consejería dejó transcurrir los tres años que tenía para actuar sin adoptar ninguna medida, y el 16 de septiembre cumplió el plazo que disponía para hacerlo. Peor aún. Ni siquiera ha sido capaz de poner en marcha una herramienta para controlar el horario de los forestales, incumpliendo flagrantemente la ley del Estatuto de los Trabajadores, que sólo exime de tal registro a casos muy puntuales, como toreros o artistas del espectáculo.
Y es que, cada vez que la Consejería ha intentado aplicar una forma de control de la jornada mediante la instalación de aplicaciones en los teléfonos de trabajo, los agentes se han opuesto, han logrado salirse con la suya y permanecer descontrolados. Caso insólito en toda España.
Una de las consecuencias de esta anómala situación estriba en que la Junta podría estar cometiendo un delito de prevaricación al pagar las nóminas de estos funcionarios.
Porque la Consejería cuenta con un “sistema de control de presencia e incidencias” que registra tanto la asistencia al trabajo como las circunstancias que podrían disculpar o no una eventual ausencia, como vacaciones o bajas por enfermedad.
Al no existir prueba alguna de que los agentes acudan al trabajo, todas sus jornadas aparecen en el sistema como faltas “sin justificar”, salvo aquellas respaldadas por un parte médico o similar, así como las correspondientes a días libres y periodos vacacionales.
No obstante, aunque el saldo final siempre resulta deudor en el balance del forestal –salvo en el caso de una baja prolongada o durante el periodo vacacional-, la administración andaluza les paga íntegra y puntualmente la nómina con todos sus complementos. Es decir, la Consejería podría estar cometiendo una prevaricación al librar un gasto con informes contrarios del propio departamento.
UNIDAD CERO
Además, Medio Ambiente también estaría pagando a un grupo de funcionarios a cambio de nada. Se trata de los que integran la Unidad Biogeográfica Cero.
Este grupo no existe en el mapa de la Consejería; no cuenta con un territorio asignado; tampoco aparece en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta.
Nadie sabe en qué consiste su trabajo, sin embargo, disponen de despacho en la Delegación y de vehículos oficiales pagados por todos los andaluces a pesar de no tener que controlar ninguna demarcación y, por tanto, no requerir desplazarse por motivos laborales.
Pero ¿quiénes son los afortunados que componen esta unidad?
Dejemos a un lado a Jorge Pérez Sevilla y José Manuel Pérez Carrasco, que sí tienen otras responsabilidades como coordinador provincial y coordinador adjunto respectivamente.
El resto de está nómina la integran Juan José Alesina y María de los Ángeles Lázaro, anteriores coordinadores provinciales; Ginés Rodríguez, cuyo único mérito conocido consiste en su condición de destacado militante de UGT; y Francisco Sánchez, relevante afiliado a CCOO, a quién, además, han nombrado coordinador de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, un puesto que tampoco figura en la RPT, tal vez por tratarse de una tarea competencia de la Guardia Civil y el cuerpo de bomberos. Por cierto, ninguno de estos dos sindicalistas forma parte del comité de empresa de la Delegación.
METÁSTASIS
Este tipo de situaciones no se circunscriben única y exclusivamente a la provincia de Almería. Como una suerte de metástasis, también se extienden por otras provincias.
Entre todos los casos, tal vez el más relevante sea el de José Montes Rincón, quien llegó a presentarse a sí mismo en una televisión local de Ronda como “asesor técnico del coordinador provincial”, cargo que no existe en la RPT y, por tanto, no contiene ninguna responsabilidad ni función a desempeñar.
Montes es un conocido militante de UGT y llegó a ser coordinador provincial. Saltó a la fama en agosto de 2018 tras ser denunciado ante la Delegación provincial por el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Le acusaron de uso indebido del vehículo oficial que tenía asignado. Lo utilizaba, supuestamente contra el criterio de la Instrucción de la propia Consejería, para acudir a diario desde su domicilio en Ronda hasta el puesto de trabajo que ocupaba en la capital malagueña, a cien kilómetros de distancia. En total, 4.000 Km. al mes.
También dejaron caducar el caso. No se adoptó ninguna medida. Bueno, sí. Le cambiaron el coche por otro sin rotular. Quizás con la intención de que pasara más desapercibido.
En este estado de cosas cabe preguntar ¿cuándo se atreverá alguien a emplear el bisturí para evitar que la gangrena infecte a todo el departamento de Medio Ambiente? Recientemente han cambiado los responsables a nivel andaluz y de Almería. Tienen trabajo. ¿Se pondrán manos a la obra?
