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JUAN LUIS PÉREZ TORNELL
La obsesión por los registros es típica de cualquier sistema antiliberal. No hace falta que sean estrictamente comunistas. Conque los gobernantes sean idiotas es suficiente para multiplicarlos.
Se trata de que las empresas no salgan de la tupida red de obligaciones estatales e imbecilidades varias, que se les imponen año tras año, para que al final fracasen y se confirme así el dogma o profecía autocumplida de las inevitables “crisis del capitalismo”. Es difícil ser capitalista en España, efectivamente. Por eso todo el mundo aspira a comer de la olla grande… hasta los empresarios. Pobrecillos.
Hoy, 14 de abril, día señero, entra en vigor el “registro salarial por sexos”. Una de esas solemnes tonterías que pretenden mejorar el mundo a base de que otros hagan el trabajo que la administración no quiere hacer. Los empresarios cargan con infinitos registros que ordenan datos que la propia administración ya tiene. Pero esta administración desmesurada es como el pollo monstruoso del cuclillo que exige con ansia e incesantemente comida a la diminuta madre parasitada.
Dice EL PAIS : “Todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla”, expone el reglamento que desarrolla el real decreto ley de 2019 en el que se establece esta obligación, dejando claro que “no hay excepciones”.
¿Acaso Hacienda no sabe exactamente lo que ganamos todos y cada uno de los súbditos y súbditas de este reino cada vez más desquiciado? ¿Si somos mujeres u hombres según nuestra voluntad mudable, no debiera ser también fluida esta categorización en ese registro neonato? Al entrar a trabajar ¿uno podría expresar cómo se siente por la mañana para que alguien observe en alguna subsecretaría si se conculca la sagrada igualdad, que es el faro que nos guía hacia un abismo insondable?
El artículo de “EL PAIS” termina con un admonitorio aviso a navegantes: “La multa puede oscilar entre los 625 y los 6.250 euros.”.
Sirva de consuelo a los sufridos autónomos que odian a las mujeres y les pagan menos por razón de un machismo genético y persistente, que la propia administración, estatal o autonómica, también impone a otras administraciones menores, municipales y espesas, otros registros para conocer detalles propios de “la vida de los otros”. Si no fuera porque la burocracia española es un desastre todo esto daría miedo.
Alguien en Sevilla consiguió crear un registro de “Demandantes de viviendas Protegidas”. Que en abstracto no tiene la menor utilidad, porque nadie se apunta a un registro cuando no existe el objeto concreto que se demanda y puede uno morirse en dicho registro sin que se haya puesto la primera piedra de esa onírica vivienda protegida. Tampoco nadie osa anular estos registros propios del imperio otomano. Hay otros registros perfectamente absurdos, salvo para engañar a los poderes públicos, como el por ejemplo el de “Parejas de hecho” cuya utilidad, hasta la fecha, ignoro. Hay un registro de “Animales potencialmente peligrosos”. Algún tonto ha conseguido, con ese manejo singular del lenguaje para modificar la realidad, que ya no se les moteje de peligrosos, sino disfuncionales o algo así, de tal forma que la igualdad soñada alcance tanto al chihuahua como al mastín tibetano. No hay perros peligrosos: todos son iguales. En todo caso necesitan de la educación (ya se estará preparando seguramente un reglamento, oscuro y farragoso, que imponga algún certificado acreditativo de la formación académico perruna) para que ninguno de esos perros antes estigmatizados por el ominoso adjetivo, le arranque la cara a algún niñito o las piernas a algún anciano. Salvo fracaso escolar.
Se trata de que las empresas no salgan de la tupida red de obligaciones estatales e imbecilidades varias, que se les imponen año tras año, para que al final fracasen y se confirme así el dogma o profecía autocumplida de las inevitables “crisis del capitalismo”. Es difícil ser capitalista en España, efectivamente. Por eso todo el mundo aspira a comer de la olla grande… hasta los empresarios. Pobrecillos.
Hoy, 14 de abril, día señero, entra en vigor el “registro salarial por sexos”. Una de esas solemnes tonterías que pretenden mejorar el mundo a base de que otros hagan el trabajo que la administración no quiere hacer. Los empresarios cargan con infinitos registros que ordenan datos que la propia administración ya tiene. Pero esta administración desmesurada es como el pollo monstruoso del cuclillo que exige con ansia e incesantemente comida a la diminuta madre parasitada.
Dice EL PAIS : “Todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla”, expone el reglamento que desarrolla el real decreto ley de 2019 en el que se establece esta obligación, dejando claro que “no hay excepciones”.
¿Acaso Hacienda no sabe exactamente lo que ganamos todos y cada uno de los súbditos y súbditas de este reino cada vez más desquiciado? ¿Si somos mujeres u hombres según nuestra voluntad mudable, no debiera ser también fluida esta categorización en ese registro neonato? Al entrar a trabajar ¿uno podría expresar cómo se siente por la mañana para que alguien observe en alguna subsecretaría si se conculca la sagrada igualdad, que es el faro que nos guía hacia un abismo insondable?
El artículo de “EL PAIS” termina con un admonitorio aviso a navegantes: “La multa puede oscilar entre los 625 y los 6.250 euros.”.
Sirva de consuelo a los sufridos autónomos que odian a las mujeres y les pagan menos por razón de un machismo genético y persistente, que la propia administración, estatal o autonómica, también impone a otras administraciones menores, municipales y espesas, otros registros para conocer detalles propios de “la vida de los otros”. Si no fuera porque la burocracia española es un desastre todo esto daría miedo.
Alguien en Sevilla consiguió crear un registro de “Demandantes de viviendas Protegidas”. Que en abstracto no tiene la menor utilidad, porque nadie se apunta a un registro cuando no existe el objeto concreto que se demanda y puede uno morirse en dicho registro sin que se haya puesto la primera piedra de esa onírica vivienda protegida. Tampoco nadie osa anular estos registros propios del imperio otomano. Hay otros registros perfectamente absurdos, salvo para engañar a los poderes públicos, como el por ejemplo el de “Parejas de hecho” cuya utilidad, hasta la fecha, ignoro. Hay un registro de “Animales potencialmente peligrosos”. Algún tonto ha conseguido, con ese manejo singular del lenguaje para modificar la realidad, que ya no se les moteje de peligrosos, sino disfuncionales o algo así, de tal forma que la igualdad soñada alcance tanto al chihuahua como al mastín tibetano. No hay perros peligrosos: todos son iguales. En todo caso necesitan de la educación (ya se estará preparando seguramente un reglamento, oscuro y farragoso, que imponga algún certificado acreditativo de la formación académico perruna) para que ninguno de esos perros antes estigmatizados por el ominoso adjetivo, le arranque la cara a algún niñito o las piernas a algún anciano. Salvo fracaso escolar.
