El sindicato asegura que la compañía concesionaria ha utilizado los servicios de otra empresa de limpieza para minimizar los efectos de la huelga de basuras de la localidad.
ALMERÍA HOY / 23·04·2019
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha interpuesto una demanda en el cuartel de la Guardia Civil a la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras de Roquetas de Mar, Urbaser, por vulneración de derechos fundamentales, en concreto, por contravenir el derecho a huelga de los más de 200 trabajadores de dicho servicio. Tal y como ha podido comprobar el sindicato, Urbaser ha utilizado los servicios de otra empresa para minimizar los efectos de la huelga. Es por ello que ha presentado una demanda ante la Benemérita, aportando tanto fotografías como vídeos, identificando a los operarios y las matrículas de los vehículos que están realizando el servicio, además de poner la denuncia en manos de los servicios jurídicos del sindicato.
Por su parte, desde el ayuntamiento ya se han mostrado preocupados por el conflicto laboral y el alcalde de municipio, Gabriel Amat, se ha comprometido a reunirse con la empresa y poner una solución “como mucho en tres días” a esta problemática.
Esta huelga, cuyos servicios mínimos ya tuvo que fijar el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación por la falta de voluntad de la empresa, tiene su origen en 2015, cuando se bloquearon las negociaciones del nuevo convenio laboral de Urbaser, tanto por parte de la empresa como del propio ayuntamiento. Desde entonces la parte social no ha parado de intentar sentarse a dialogar sobre el nuevo acuerdo. Sin embargo, ante la falta de interés por sendas partes, los trabajadores decidieron, en agosto de 2017, convocar manifestaciones y huelga que, finalmente concluyeron con la firma de un acuerdo entre el comité de huelga y los representantes municipales.
Este documento recoge el compromiso de iniciar las negociaciones en enero de 2018, la recuperación del poder adquisitivo y el mantenimiento de las jornadas pactadas en el acuerdo de 2017. Con todo, después de mantener varias reuniones durante 2018 y 2019, el comité de empresa considera que, la empresa con la posible complicidad del ayuntamiento, pretenden acabar con el bienestar social y económico de los trabajadores, negándose a materializar en el nuevo convenio el acuerdo firmado en 2017. Según explican los trabajadores este hecho supondría la bajada de salarios, la libre disposición de la empresa para modificar la jornada laboral y los horarios o la supresión de asuntos propios y de los domingos y festivos, entre otras medidas.
Por su parte, desde el ayuntamiento ya se han mostrado preocupados por el conflicto laboral y el alcalde de municipio, Gabriel Amat, se ha comprometido a reunirse con la empresa y poner una solución “como mucho en tres días” a esta problemática.
Esta huelga, cuyos servicios mínimos ya tuvo que fijar el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación por la falta de voluntad de la empresa, tiene su origen en 2015, cuando se bloquearon las negociaciones del nuevo convenio laboral de Urbaser, tanto por parte de la empresa como del propio ayuntamiento. Desde entonces la parte social no ha parado de intentar sentarse a dialogar sobre el nuevo acuerdo. Sin embargo, ante la falta de interés por sendas partes, los trabajadores decidieron, en agosto de 2017, convocar manifestaciones y huelga que, finalmente concluyeron con la firma de un acuerdo entre el comité de huelga y los representantes municipales.
Este documento recoge el compromiso de iniciar las negociaciones en enero de 2018, la recuperación del poder adquisitivo y el mantenimiento de las jornadas pactadas en el acuerdo de 2017. Con todo, después de mantener varias reuniones durante 2018 y 2019, el comité de empresa considera que, la empresa con la posible complicidad del ayuntamiento, pretenden acabar con el bienestar social y económico de los trabajadores, negándose a materializar en el nuevo convenio el acuerdo firmado en 2017. Según explican los trabajadores este hecho supondría la bajada de salarios, la libre disposición de la empresa para modificar la jornada laboral y los horarios o la supresión de asuntos propios y de los domingos y festivos, entre otras medidas.
