La Junta le toca al órgano

El órgano en cuestión no es directamente el BIC, lo es el convento y sus pertenencias inventariadas; o sea, que las monjitas no se incluyen en el inventario, pero se las han de inventar para pagar los 170.000 —¡ciento setenta mil euros!—. La multa no está nada mal, cuando el órgano no se ha destruido, perdido ni expoliado; simplemente se ha llevado a restaurar por la fundación experta Alqvimia Musicae en el taller de Alcalá del Río


Imagen: Europa Press.

ANTONIO FELIPE RUBIO

La Junta de Andalucía acaba de dar una sonora campanada con la extendida noticia de la multa a las monjas del convento de Santa Inés de Sevilla por haber decidido esa serena y cristiana comunidad llevar a restaurar el órgano de la capilla del citado convento, que ya fue declarado Bien de la Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía.

El órgano en cuestión no es directamente el BIC, lo es el convento y sus pertenencias inventariadas; o sea, que las monjitas no se incluyen en el inventario, pero se las han de inventar para pagar los 170.000 —¡ciento setenta mil euros!—. La multa no está nada mal, cuando el órgano no se ha destruido, perdido ni expoliado; simplemente se ha llevado a restaurar por la fundación experta Alqvimia Musicae en el taller de Alcalá del Río.

Por cierto, la restauración estaba valorada en 150.000 euros, pero el responsable de la Fundación, Abraham Martínez, reusó la parte de sus emolumentos que, sumado a las aportaciones de los feligreses, la restauración quedaba reducida a un coste simbólico para las monjitas. Por otro lado, el desglose de la multa es: 20.000 euros por trasladar el órgano sin permiso de la Junta, y 150.000 por llevar a cabo la restauración sin autorizarla y supervisarla la Junta de Andalucía. ¡Aquí no se mueve una piedra sin permiso de la Junta del PSOE de Sevilla!

Dejemos de tocar el asunto del órgano de la Junta y vayamos a otros casos conocidos en la provincia de Almería. El Cable Inglés fue declarado BIC por la Junta de Andalucía. Se anunció y aprobó un presupuesto —jamás destinado— a la restauración como Patrimonio de Arqueología Industrial. Se pagó un estudio de aprovechamiento arquitectónico y viabilidad para diferentes usos. Nunca se terminó de restaurar; nunca se aplicó el presupuesto designado; nunca se le otorgó uso y disfrute salvo para, sin consultar con nadie porque la Junta se entendía propietaria, celebrar el aniversario de Canal Sur con unos fuegos artificiales que prendieron la tablazón, destruyendo parte de la misma. Nadie resultó responsable, y pagamos los contribuyentes.

Así las cosas, la situación actual es la siguiente: La Junta ahora dice que el Cable Inglés no es suyo, es responsabilidad del puerto (Gobierno central). Entre tanto, la Autoridad Portuaria (nombrada por Susana Díaz), al percibir esta desviación de responsabilidad de la Junta, encarga un estudio sobre la seguridad del BIC y, ante las evidentes deficiencias, ordena su aislamiento en evitación de posibles desgracias. Conclusiones: la Junta es propietaria de lo que le da la gana y descarga sus responsabilidades cuando le da la gana, y aquí no hay multas ni admonición alguna. Además, la Junta, en flagrante irresponsabilidad, mantuvo una situación de riesgo para los ciudadanos que no se ha evidenciado hasta que el Cable le ha «caído» en suerte a la Autoridad Portuaria, que se cura en salud ante posibles eventualidades.

Otro caso es el del Hospital Provincial (S. XVI). La Junta lo ha utilizado como hospital y centro de salud, con la salvedad de que pareciese un asediado hospital de campaña en la Guerra de Korea a la hora de entregarlo como unos «zorros» a la Diputación Provincial de Almería. La institución provincial ha realizado reportajes y peritaje técnico, resultando los daños incontables desde un valor histórico y patrimonial irrecuperable por el destrozo protagonizado por la Junta de Andalucía. Además, sin contar con el propietario, expoliaron el botamen (utensilios de farmacia y laboratorio con más de cien años de antigüedad), así como un mobiliario de despacho en maderas nobles y repujados que pudo ser recuperado tras una intensa investigación… ¡Lo tenía otra dependencia de la Junta de Andalucía!

Si te descuidas, la Junta te «levanta» enseres y bienes en el barullo de la mudanza (y de eso bien saben las turbadas monjitas sevillanas). La Junta usa las cosas como propietaria y benefactora, como las abandona cuan despojo con idéntico desparpajo. Eso sí; hay que ser ejemplares e implacables con las monjitas por limpiar y adecentar. Pues mejor dejarlo como están tantas cosas: sin oficio ni beneficio… y acumulando mierda. Así no te multan.