La petición también interesada por la acusación particular, se ha producido tras el careo entre el secretario municipal y el portavoz del PSOE
EUROPA PRESS / 18·05·2017
La Fiscalía ha solicitado este jueves que se abra investigación contra el secretario de Carboneras por falso testimonio tras su declaración en la última sesión del juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de Almería contra el alcalde de la referida localidad, el independiente Salvador Hernández (Gicar), quien se enfrenta a una petición de tres años de inhabilitación acusado de negar información al grupo municipal del PSOE en la oposición.
La petición del Ministerio Público, también interesada por la acusación particular, se ha producido tras el careo que ha tenido lugar entre el secretario municipal y el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, quien impulsó la denuncia ante la Fiscalía porque se le habría impedido el acceso a diversa información relativa a expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el juez Luis Columna ha facilitado la contraposición de versiones entre el secretario municipal y el edil socialista, a quienes ha interpelado sobre los momentos de entrega de los expedientes y la citación para la consulta de la documentación requerida por la oposición.
En este sentido, el secretario ha defendido que desde su posición como miembro del Ayuntamiento no tiene «interés en ninguna parte» a la hora de facilitar o no la información que se le requiere, si bien ha defendido que el PSOE tuvo acceso a los expedientes «en la mayoría de los casos» y que el portavoz llegó a «rechazar» las citaciones que se les hizo a través de la Policía Local para que acudiera a consultar los expedientes. El secretario ha añadido incluso que tras un pleno quedó a la espera durante toda la mañana a que se presentara el concejal tras haberlo citado sin que este llegara a acudir.
Por su parte, Amérigo ha rechazado esta versión y ha asegurado que se le han ofrecido «informes incompletos» mientras que no se habrían encontrado los expedientes relativos a determinadas juntas de gobierno en la que se aprobaban contrataciones, con lo que se les daba acceso a una «relación somera» de determinados asuntos. Asimismo, ha asegurado que la versión del secretario sobre las citaciones «no tiene sentido», ya que el mismo pidió que se hiciera constar que era «falso» el que le hubieran notificado comparecencias para acudir a consultar los expedientes.
Una vez elevadas a definitivas sus conclusiones, la Fiscalía ha considerado que ha quedado «acreditado» que el alcalde «ha impedido la labor de la oposición» mediante el «retraso» de la entrega de actas y expedientes, para lo que «en algunas ocasiones», según ha apuntado, el regidor «no ha dado las órdenes oportunas», o ha empleado «subterfugios» para que la oposición no tuviera acceso a los informes requeridos e impedir así su labor de fiscalización.
En la misma línea se ha expresado la acusación particular, desde donde han observado además «contradicciones» entre las versiones del secretario municipal y del alcalde, a quien ha achacado un deliberado interés en retrasar la entrega de documentación y en haberse «escudado en un 'y tú más'» a la hora de defender que los plazos que se siguen en la administración local han sido los mismos que en corporaciones anteriores y se deben a la propia estructura del Ayuntamiento.
Cabe recordar que el escrito de acusación fiscal concreta que a Amérigo se le habrían notificado las actas de las juntas de gobierno en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de diez días y que el regidor le habría impedidO, asimismo, «de forma sistemática» el acceso a la información en 21 ocasiones.
La defensa ha mantenido que por parte del denunciante se ha tratado de «judicializar» un asunto por la vía penal para conseguir un «eco mediático» a favor de tener un «alcalde imputado» al tiempo que ha recordado que la «escasez de medios» de la administración local, con un «personal de oficina de 28 o 30 personas, de las que la mitad son Policía Local», que hace que «malamente puedan salir las cosas» en los plazos establecidos.
Igualmente, ha apuntado que los testimonios aportados han rechazado que hubiera orden del alcalde en retrasar la entrega de información y que existe una «clamorosa falta de prueba» sobre ese aspecto al tener "solo la palabra de Amérigo" y no a testigos o personal municipal que así lo afirmara.
La petición del Ministerio Público, también interesada por la acusación particular, se ha producido tras el careo que ha tenido lugar entre el secretario municipal y el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, quien impulsó la denuncia ante la Fiscalía porque se le habría impedido el acceso a diversa información relativa a expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el juez Luis Columna ha facilitado la contraposición de versiones entre el secretario municipal y el edil socialista, a quienes ha interpelado sobre los momentos de entrega de los expedientes y la citación para la consulta de la documentación requerida por la oposición.
En este sentido, el secretario ha defendido que desde su posición como miembro del Ayuntamiento no tiene «interés en ninguna parte» a la hora de facilitar o no la información que se le requiere, si bien ha defendido que el PSOE tuvo acceso a los expedientes «en la mayoría de los casos» y que el portavoz llegó a «rechazar» las citaciones que se les hizo a través de la Policía Local para que acudiera a consultar los expedientes. El secretario ha añadido incluso que tras un pleno quedó a la espera durante toda la mañana a que se presentara el concejal tras haberlo citado sin que este llegara a acudir.
Por su parte, Amérigo ha rechazado esta versión y ha asegurado que se le han ofrecido «informes incompletos» mientras que no se habrían encontrado los expedientes relativos a determinadas juntas de gobierno en la que se aprobaban contrataciones, con lo que se les daba acceso a una «relación somera» de determinados asuntos. Asimismo, ha asegurado que la versión del secretario sobre las citaciones «no tiene sentido», ya que el mismo pidió que se hiciera constar que era «falso» el que le hubieran notificado comparecencias para acudir a consultar los expedientes.
Una vez elevadas a definitivas sus conclusiones, la Fiscalía ha considerado que ha quedado «acreditado» que el alcalde «ha impedido la labor de la oposición» mediante el «retraso» de la entrega de actas y expedientes, para lo que «en algunas ocasiones», según ha apuntado, el regidor «no ha dado las órdenes oportunas», o ha empleado «subterfugios» para que la oposición no tuviera acceso a los informes requeridos e impedir así su labor de fiscalización.
En la misma línea se ha expresado la acusación particular, desde donde han observado además «contradicciones» entre las versiones del secretario municipal y del alcalde, a quien ha achacado un deliberado interés en retrasar la entrega de documentación y en haberse «escudado en un 'y tú más'» a la hora de defender que los plazos que se siguen en la administración local han sido los mismos que en corporaciones anteriores y se deben a la propia estructura del Ayuntamiento.
Cabe recordar que el escrito de acusación fiscal concreta que a Amérigo se le habrían notificado las actas de las juntas de gobierno en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de diez días y que el regidor le habría impedidO, asimismo, «de forma sistemática» el acceso a la información en 21 ocasiones.
La defensa ha mantenido que por parte del denunciante se ha tratado de «judicializar» un asunto por la vía penal para conseguir un «eco mediático» a favor de tener un «alcalde imputado» al tiempo que ha recordado que la «escasez de medios» de la administración local, con un «personal de oficina de 28 o 30 personas, de las que la mitad son Policía Local», que hace que «malamente puedan salir las cosas» en los plazos establecidos.
Igualmente, ha apuntado que los testimonios aportados han rechazado que hubiera orden del alcalde en retrasar la entrega de información y que existe una «clamorosa falta de prueba» sobre ese aspecto al tener "solo la palabra de Amérigo" y no a testigos o personal municipal que así lo afirmara.
