La vista oral contra una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Zurgena celebra a partir de este lunes las dos sesiones previstas para que las partes personadas presenten sus conclusiones
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| Imagen de archivo de Trabalón y Tijeras a la puerta de los juzgados. |
EUROPA PRESS / 08·05·2017
La vista oral de la macrocausa 'Costurero' contra una presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Zurgena entra esta semana en su recta final tras más de un mes y medio desde su arranque, y celebra a partir de este lunes las dos sesiones previstas para que las partes personadas presenten sus conclusiones.
La operación de la que deriva la causa explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo, Cándido Trabalón, y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras.
Encausados figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre los años 2003 y 2011, funcionarios públicos, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura por presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio
Trabalón se enfrenta a 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación mientras que, para Tijeras, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión.
Para este lunes está previsto que presente sus conclusiones ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el fiscal y el abogado del principal acusado mientras que para el miércoles se ha fijado la continuación del trámite de informes.
En la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado 21 de marzo, la exsecretaria municipal, María Trinidad L.G., a quien el fiscal acusaba como cooperadora necesaria para que se pudieran conceder licencias urbanísticas por la vía del silencio administrativo positivo como presuntamente idearon el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo, mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal y reconoció los hechos que se le imputaban.
La acusada, de avanzada edad y ya jubilada, aceptó ser autora como cooperadora necesaria de 29 delitos de prevaricación urbanística frente a los 30 atribuidos inicialmente en el escrito de acusación y la pena total de 18 meses de prisión. Se ha conformado, asimismo, con siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de estos delitos.
Según el fiscal, su participación fue necesaria en la tercera etapa de la presunta trama cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra «ilegales» e ideó una manera de hacerlo «de forma menos manifiesta» utilizando la vía del silencio administrativo. Así, «decidió voluntariamente dejar transcurrir» el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para «luego certificar su concesión por silencia administrativo».
Así, la exsecretaria expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde «no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias».
En la misma sesión, se conformaron quien fuera arquitecto municipal entre octubre de 2005 y febrero de 2006, Francisco S.G., acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, Carlos Domingo B.F., quien ya se conformó en mayo de 2016 durante la sesión dedicada a cuestiones previas.
Este modo de actuar, del que era «conocedor», consistía en emitir informes favorables, en su caso, para más de 150 viviendas promovidas por otros acusados y promotores. Francisco S.G. ha aceptado la pena total de 18 meses de prisión por 25 delitos de prevaricación urbanística y multa de 18 meses con una cuota diaria de cinco euros. Su socio en el estudio, José María G.R. ha aceptado seis meses de cárcel por un delito de prevaricación urbanística.
En todos los casos, el fiscal no se opuso a que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, una vez se dicte la sentencia, acordase suspender la pena.
En la sesión en la que se plantearon las cuestiones previas, otros cuatro acusados reconocieron los hechos y mostraron conformidad con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal. Por un lado, fueron el extécnico municipal Carlos Domingo B.F., quien, al margen de su condición de empleado público, actuó como director de obra en dos de los residenciales bajo sospecha, y, por otro lado, José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., administradores y arquitecta de la constructora 'Colyar SLL', respectivamente.
La operación de la que deriva la causa explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo, Cándido Trabalón, y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras.
Encausados figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre los años 2003 y 2011, funcionarios públicos, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura por presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio
Trabalón se enfrenta a 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación mientras que, para Tijeras, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión.
Para este lunes está previsto que presente sus conclusiones ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el fiscal y el abogado del principal acusado mientras que para el miércoles se ha fijado la continuación del trámite de informes.
En la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado 21 de marzo, la exsecretaria municipal, María Trinidad L.G., a quien el fiscal acusaba como cooperadora necesaria para que se pudieran conceder licencias urbanísticas por la vía del silencio administrativo positivo como presuntamente idearon el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo, mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal y reconoció los hechos que se le imputaban.
La acusada, de avanzada edad y ya jubilada, aceptó ser autora como cooperadora necesaria de 29 delitos de prevaricación urbanística frente a los 30 atribuidos inicialmente en el escrito de acusación y la pena total de 18 meses de prisión. Se ha conformado, asimismo, con siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de estos delitos.
Según el fiscal, su participación fue necesaria en la tercera etapa de la presunta trama cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra «ilegales» e ideó una manera de hacerlo «de forma menos manifiesta» utilizando la vía del silencio administrativo. Así, «decidió voluntariamente dejar transcurrir» el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para «luego certificar su concesión por silencia administrativo».
Así, la exsecretaria expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde «no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias».
En la misma sesión, se conformaron quien fuera arquitecto municipal entre octubre de 2005 y febrero de 2006, Francisco S.G., acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, Carlos Domingo B.F., quien ya se conformó en mayo de 2016 durante la sesión dedicada a cuestiones previas.
Este modo de actuar, del que era «conocedor», consistía en emitir informes favorables, en su caso, para más de 150 viviendas promovidas por otros acusados y promotores. Francisco S.G. ha aceptado la pena total de 18 meses de prisión por 25 delitos de prevaricación urbanística y multa de 18 meses con una cuota diaria de cinco euros. Su socio en el estudio, José María G.R. ha aceptado seis meses de cárcel por un delito de prevaricación urbanística.
En todos los casos, el fiscal no se opuso a que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, una vez se dicte la sentencia, acordase suspender la pena.
En la sesión en la que se plantearon las cuestiones previas, otros cuatro acusados reconocieron los hechos y mostraron conformidad con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal. Por un lado, fueron el extécnico municipal Carlos Domingo B.F., quien, al margen de su condición de empleado público, actuó como director de obra en dos de los residenciales bajo sospecha, y, por otro lado, José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., administradores y arquitecta de la constructora 'Colyar SLL', respectivamente.
