El exalcalde de Zurgena se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación por presunta corrupción urbanística
 |
| Imagen de archivo. |
EUROPA PRESS / 21·03·2017
El ex alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, quien se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público por presunta corrupción urbanística durante su mandato como regidor entonces del Partido Andalucista, ha negado este martes que interviniese «en nada» respecto a la promoción de cinco viviendas unifamiliares y de un bloque de viviendas en solares propiedad de él o de su familia, y que el fiscal considera se construyeron «a cambio» de la concesión de licencias urbanísticas a las constructoras «sin cobrar precio».
Ha asegurado, en esta línea, desconocer «si se pagaron» los inmuebles en el núcleo de Los Menchones y el urbano de Zurgena ya que, en uno de los casos, lo llevaban «mi padre y mi hermana» y, en otro caso, «mi madre», al tiempo que ha justificado que no se abstuviese en los plenos en los que se votó la concesión de estas licencias «porque el efecto final, ya que se votaron por unanimidad, hubiera sido el mismo».
A preguntas del fiscal, que sostiene que habría incurrido por estos dos supuestos en un presunto delito de cohecho, Trabalón, ya retirado de la política aunque se le piden más de 1.000 años de inhabilitación, ha afirmado que, en el caso de Los Menchones, las licencias se dieron en un terreno «propiedad de mi hermana por una donación de mi padre hecha en 1999, antes de ser yo alcalde» sin que «yo haya tenido nada que ver con eso», mientras que en el caso del bloque de cuatro plantas y local comercial ha dicho que fue «mi madre la que encargó el edificio».
«Ella llegó a un acuerdo con la empresa porque querían el local para oficina», ha trasladado para responder «yo qué sé» cuando el Ministerio Público le ha interpelado sobre si se pagó la obra, tasada en 200.000 euros, y ha hecho alusión a que la promotora se benefició de licencias.
Trabalón, a quien se acusa en un procedimiento que se sigue contra 23 personas por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, ha espetado al fiscal en varias ocasiones por «decir cosas que no entiendo o hablar de cosas imposibles», ha negado asimismo que encargara los estudios geotécnicos, ha justificado los movimientos en sus cuentas en «errores» y ha explicado que contrataron una caja de seguridad para poner a resguardo las joyas «porque se estaban produciendo muchos robos en esa época en Zurgena».
«Quiere dar a entender que estábamos conchabados, que ha habido trapicheo, pero si eso hubiera sido así, las licencias se le hubieran dado antes», ha indicado el exregidor, quien ha basado su defensa ante el resto de imputaciones en tres máximas: que tenía delegadas las competencias urbanísticas en su concejal de Urbanismo, también procesado, Manuel Tijeras; que las licencias que se aprobaron en pleno «todas absolutamente fueron informadas técnica y jurídicamente de forma favorable» y que, en el caso de las que se concedieron por silencio administrativo positivo, «era la secretaria municipal la encargada de hacer las certificaciones y yo me limitaba a darles el visto bueno».
Al este último respecto, ha hecho referencia a que, en 2006, se dejaron de dar licencias por un «acuerdo» alcanzado con el entonces delegado provincial competente del ramo de la Junta de Andalucía, ya que el Gobierno andaluz «empezó a ponernos pleitos penales y por lo contencioso-administrativo», y la aprobación provisional del PGOU entraba en contradicción con las Normas Subsidiarias Provinciales que se habían estado aplicando hasta el momento.
Ante la matización del fiscal sobre la «ambigüedad» de los informes, ha señalado que si el informe decía que la parcela «formaba parte del núcleo urbano, o se atenía al artículo 45 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), estaba claro que era favorable».
Trabalón, quien continuará declarando a preguntas de las defensas, también ha recurrido varias veces al paso del tiempo desde que sucedieron los hechos que están siendo enjuiciados, entre 2003 y 2007, o a que la Guardia Civil se llevó toda la documentación relativa a los expedientes bajo sospecha «y los devolvió incompletos o no los devolvió». «Devolvieron lo quisieron, lleno de polvo y medio podrido. No se veía nada».
El fiscal, que acusa al exalcalde de un total de 120 delitos —aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas— le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces irregulares. Sostiene además que, en al menos dos ocasiones, lo hizo «a cambio» de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran «sin cobrar precio» un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
Exsecretaria y extécnicos municipales de Zurgena reconocen los hechos
La exsecretaria municipal de Zurgena, María Trinidad L.G., a quien el fiscal acusaba como cooperadora necesaria para que se pudieran conceder licencias urbanísticas por la vía del silencio administrativo positivo como presuntamente idearon el exalcalde, Cándido Trabalón, y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, ha mostrado conformidad en el acto de juicio con la pena interesada por el fiscal y ha reconocido los hechos que se le imputan.
La acusada, de avanzada edad y ya jubilada, ha aceptado, en la sesión celebrada este martes en el marco de la macrocausa por corrupción urbanística 'Costurero', ser autora como cooperadora necesaria de 29 delitos de prevaricación urbanística frente a los 30 atribuidos inicialmente en el escrito de acusación y la pena total de 18 meses de prisión. Se ha conformado, asimismo, con siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de estos delitos.
Según el fiscal, su participación fue necesaria en la tercera etapa de la presunta trama cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra «ilegales» e ideó una manera de hacerlo «de forma menos manifiesta» utilizando la vía del silencio administrativo. Así, «decidió voluntariamente dejar transcurrir» el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para «luego certificar su concesión por silencia administrativo».
Así, la exsecretaria expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde «no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias».
En la misma sesión, se ha conformado quien fuera arquitecto municipal entre octubre de 2005 y febrero de 2006, Francisco S.G., acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, Carlos Domingo B.F., quien ya se conformó en mayo de 2016 durante la sesión dedicada a cuestiones previas.
Este modo de actuar, del que era «conocedor», consistía en emitir informes favorables, en su caso, para más de 150 viviendas promovidas por otros acusados y promotores. Francisco S.G. ha aceptado la pena total de 18 meses de prisión por 25 delitos de prevaricación urbanística y multa de 18 meses con una cuota diaria de cinco euros. Su socio en el estudio, José María G.R. ha aceptado seis meses de cárcel por un delito de prevaricación urbanística.
En todos los casos, el fiscal no se ha opuesto a que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, una vez se dicte la sentencia, acuerde suspender la pena.
Ha asegurado, en esta línea, desconocer «si se pagaron» los inmuebles en el núcleo de Los Menchones y el urbano de Zurgena ya que, en uno de los casos, lo llevaban «mi padre y mi hermana» y, en otro caso, «mi madre», al tiempo que ha justificado que no se abstuviese en los plenos en los que se votó la concesión de estas licencias «porque el efecto final, ya que se votaron por unanimidad, hubiera sido el mismo».
A preguntas del fiscal, que sostiene que habría incurrido por estos dos supuestos en un presunto delito de cohecho, Trabalón, ya retirado de la política aunque se le piden más de 1.000 años de inhabilitación, ha afirmado que, en el caso de Los Menchones, las licencias se dieron en un terreno «propiedad de mi hermana por una donación de mi padre hecha en 1999, antes de ser yo alcalde» sin que «yo haya tenido nada que ver con eso», mientras que en el caso del bloque de cuatro plantas y local comercial ha dicho que fue «mi madre la que encargó el edificio».
«Ella llegó a un acuerdo con la empresa porque querían el local para oficina», ha trasladado para responder «yo qué sé» cuando el Ministerio Público le ha interpelado sobre si se pagó la obra, tasada en 200.000 euros, y ha hecho alusión a que la promotora se benefició de licencias.
Trabalón, a quien se acusa en un procedimiento que se sigue contra 23 personas por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, ha espetado al fiscal en varias ocasiones por «decir cosas que no entiendo o hablar de cosas imposibles», ha negado asimismo que encargara los estudios geotécnicos, ha justificado los movimientos en sus cuentas en «errores» y ha explicado que contrataron una caja de seguridad para poner a resguardo las joyas «porque se estaban produciendo muchos robos en esa época en Zurgena».
«Quiere dar a entender que estábamos conchabados, que ha habido trapicheo, pero si eso hubiera sido así, las licencias se le hubieran dado antes», ha indicado el exregidor, quien ha basado su defensa ante el resto de imputaciones en tres máximas: que tenía delegadas las competencias urbanísticas en su concejal de Urbanismo, también procesado, Manuel Tijeras; que las licencias que se aprobaron en pleno «todas absolutamente fueron informadas técnica y jurídicamente de forma favorable» y que, en el caso de las que se concedieron por silencio administrativo positivo, «era la secretaria municipal la encargada de hacer las certificaciones y yo me limitaba a darles el visto bueno».
Al este último respecto, ha hecho referencia a que, en 2006, se dejaron de dar licencias por un «acuerdo» alcanzado con el entonces delegado provincial competente del ramo de la Junta de Andalucía, ya que el Gobierno andaluz «empezó a ponernos pleitos penales y por lo contencioso-administrativo», y la aprobación provisional del PGOU entraba en contradicción con las Normas Subsidiarias Provinciales que se habían estado aplicando hasta el momento.
Ante la matización del fiscal sobre la «ambigüedad» de los informes, ha señalado que si el informe decía que la parcela «formaba parte del núcleo urbano, o se atenía al artículo 45 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), estaba claro que era favorable».
Trabalón, quien continuará declarando a preguntas de las defensas, también ha recurrido varias veces al paso del tiempo desde que sucedieron los hechos que están siendo enjuiciados, entre 2003 y 2007, o a que la Guardia Civil se llevó toda la documentación relativa a los expedientes bajo sospecha «y los devolvió incompletos o no los devolvió». «Devolvieron lo quisieron, lleno de polvo y medio podrido. No se veía nada».
El fiscal, que acusa al exalcalde de un total de 120 delitos —aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas— le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces irregulares. Sostiene además que, en al menos dos ocasiones, lo hizo «a cambio» de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran «sin cobrar precio» un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
Exsecretaria y extécnicos municipales de Zurgena reconocen los hechos
La exsecretaria municipal de Zurgena, María Trinidad L.G., a quien el fiscal acusaba como cooperadora necesaria para que se pudieran conceder licencias urbanísticas por la vía del silencio administrativo positivo como presuntamente idearon el exalcalde, Cándido Trabalón, y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, ha mostrado conformidad en el acto de juicio con la pena interesada por el fiscal y ha reconocido los hechos que se le imputan.
La acusada, de avanzada edad y ya jubilada, ha aceptado, en la sesión celebrada este martes en el marco de la macrocausa por corrupción urbanística 'Costurero', ser autora como cooperadora necesaria de 29 delitos de prevaricación urbanística frente a los 30 atribuidos inicialmente en el escrito de acusación y la pena total de 18 meses de prisión. Se ha conformado, asimismo, con siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de estos delitos.
Según el fiscal, su participación fue necesaria en la tercera etapa de la presunta trama cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra «ilegales» e ideó una manera de hacerlo «de forma menos manifiesta» utilizando la vía del silencio administrativo. Así, «decidió voluntariamente dejar transcurrir» el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para «luego certificar su concesión por silencia administrativo».
Así, la exsecretaria expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde «no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias».
En la misma sesión, se ha conformado quien fuera arquitecto municipal entre octubre de 2005 y febrero de 2006, Francisco S.G., acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, Carlos Domingo B.F., quien ya se conformó en mayo de 2016 durante la sesión dedicada a cuestiones previas.
Este modo de actuar, del que era «conocedor», consistía en emitir informes favorables, en su caso, para más de 150 viviendas promovidas por otros acusados y promotores. Francisco S.G. ha aceptado la pena total de 18 meses de prisión por 25 delitos de prevaricación urbanística y multa de 18 meses con una cuota diaria de cinco euros. Su socio en el estudio, José María G.R. ha aceptado seis meses de cárcel por un delito de prevaricación urbanística.
En todos los casos, el fiscal no se ha opuesto a que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, una vez se dicte la sentencia, acuerde suspender la pena.
