El abogado de la familia ha criticado la posición adoptada por la Consejería de Educación en cuanto a su propia actuación, ya que si el menor hubiera vuelto a clase tras el ataque, se habría encontrado de nuevo con el supuesto agresor
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| Inmaculada Rivas, madre del menor agredido en Olula del Río. |
EUROPA PRESS / 18·10·2016
La Fiscalía de Menores de Almería ha citado a declarar este miércoles a Inmaculada Rivas, la madre del niño de 12 años que ha interpuesto una denuncia por agresión a su hijo en el instituto Rosa Navarro de Olula del Río, y que desde hace años sufre acoso escolar por parte de otros alumnos, lo que también ha sido denunciado en ocasiones anteriores.
Así lo ha trasladado el letrado de la familia, Juan Padilla, quien ha explicado que espera que el Ministerio Público resuelva también sobre la orden de alejamiento solicitada para evitar que el presunto agresor, de 14 años, vuelva a tener contacto con la víctima, quien sigue tratamiento médico por depresión tras el último episodio que tuvo lugar el pasado día 22.
El abogado ha mantenido que existen indicios suficientes que «desvirtúan» la versión ofrecida por la dirección del centro y la Delegación Territorial de Educación sobre una correcta aplicación del protocolo de acoso, toda vez que ha señalado que se actuó «tarde y mal» para proteger al niño una vez que este comunicó a principio de curso la existencia en su aula de otros tres menores que identificó como «agresores».
Padilla ha recordado que la agresión que ha motivado el último procedimiento, que ocasionó al menor lesiones en espalda y cuello, tuvo lugar el día 21 de septiembre, «días después» de que su defendido comunicara su situación y de que fuera empujado en el gimnasio del centro. No obstante, según ha añadido, no fue hasta el 4 de octubre cuando se comunicaron a la familia las medidas adoptadas por el instituto, todas ellas referidas a su hijo.
De igual forma, ha criticado la posición adoptada por la Consejería de Educación en cuanto a su propia actuación, ya que si el menor hubiera vuelto a clase tras el ataque, se habría encontrado de nuevo con el supuesto agresor, a quien no se le dictó una orden de expulsión cautelar del centro por un periodo de 30 días hasta el pasado 11 de octubre, según ha detallado. «Habrían vuelto a compartir aula», ha apostillado.
Así lo ha trasladado el letrado de la familia, Juan Padilla, quien ha explicado que espera que el Ministerio Público resuelva también sobre la orden de alejamiento solicitada para evitar que el presunto agresor, de 14 años, vuelva a tener contacto con la víctima, quien sigue tratamiento médico por depresión tras el último episodio que tuvo lugar el pasado día 22.
El abogado ha mantenido que existen indicios suficientes que «desvirtúan» la versión ofrecida por la dirección del centro y la Delegación Territorial de Educación sobre una correcta aplicación del protocolo de acoso, toda vez que ha señalado que se actuó «tarde y mal» para proteger al niño una vez que este comunicó a principio de curso la existencia en su aula de otros tres menores que identificó como «agresores».
Padilla ha recordado que la agresión que ha motivado el último procedimiento, que ocasionó al menor lesiones en espalda y cuello, tuvo lugar el día 21 de septiembre, «días después» de que su defendido comunicara su situación y de que fuera empujado en el gimnasio del centro. No obstante, según ha añadido, no fue hasta el 4 de octubre cuando se comunicaron a la familia las medidas adoptadas por el instituto, todas ellas referidas a su hijo.
De igual forma, ha criticado la posición adoptada por la Consejería de Educación en cuanto a su propia actuación, ya que si el menor hubiera vuelto a clase tras el ataque, se habría encontrado de nuevo con el supuesto agresor, a quien no se le dictó una orden de expulsión cautelar del centro por un periodo de 30 días hasta el pasado 11 de octubre, según ha detallado. «Habrían vuelto a compartir aula», ha apostillado.
