El juez instructor de la supuesta trama de corrupción en El Ejido señala que el empresario José Amate fue el «principal beneficiario» de la sobrefacturación por «servicios inexistentes» a Elsur
EUROPA PRESS / 23·06·2016
El «principal beneficiario» de la sobrefacturación, bien con precios «abusivos» o bien por «servicios inexistentes» a la Empresa Mixta de Servicios Municipales —Elsur— de El Ejido, fue el empresario sevillano José Amate, quien creó un entramado societario con el que saqueó presuntamente a las arcas públicas 24,7 millones de euros cuyo «destino final fue dirigido» al patrimonio de la familia y a financiar un negocio inmobiliario de notable envergadura.
Así lo indica el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, cuyo titular, el juez Jesús Miguel Hernández, sitúa al denominado Grupo Amate en la cúspide de aquellos a los que revirtió el dinero defraudado a Elsur y al Ayuntamiento de El Ejido, seguido del Grupo Abengoa, socio mayoritario y privado de la empresa mixta municipal que habría facturado por servicios inexistentes 16,5 millones de euros y del Grupo Galán, liderado por el empresario José Antonio Galán, con 15,6 millones de euros de supuesta sobrefacturación.
La resolución que pone fin tras siete años a la instrucción del caso 'Poniente' recoge que Amate, director de producción de Elsur, desde antes de 2002 y hasta 2006, sobrefacturó, presuntamente, con subcontratas controladas por él a través de irregularidades que contaron con el «conocimiento y el consentimiento» de los socios de la empresa mixta municipal, es decir del Consistorio ejidense, con el 30 por ciento del accionariado, y Abengoa con el 70 por ciento restante.
Cabe recordar que en la causa, que se sigue por la presunta comisión de delitos de cohecho, de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, están procesadas 65 personas, entre ellas el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, cuyos allegados se beneficiaron de la presunta trama mientras que este último lo habría hecho «en especies», y quien fuera interventor municipal, José Alemán, que según el juez se habría hecho, entre 2002 y 2009, con 7,5 millones de euros en «comisiones ilegales» a través de una «sociedad pantalla».
Una boda de 33.748 euros
El Grupo Amate se constituyó con ocho sociedades instrumentales que actuaron como subcontratas de Elsur y otras cuatro, calificadas como patrimoniales o de supuesta dirección y gestión, que no facturaron a la empresa mixta y que, supuestamente, habrían canalizado el dinero procedente de la sobrefacturación al patrimonio de la familia y al negocio inmobiliario.
Así, detalla el auto del juez instructor que las sociedades subcontratadas facturaron a Elsur un total de «53 millones de euros» mientras que los gastos de personal ascendieron a 19 millones de euros, de lo que el magistrado instructor concluye que eran «meras subcontratas de personal que utilizaban las oficinas, vehículos, maquinaria, herramientas, e, incluso, a los propios trabajadores de Elsur».
Entre los hechos que muestran que el dinero público habría revertido en el patrimonio de la familia, el auto judicial desgrana la compra, mediante sociedades instrumentales, de varios inmuebles en Sevilla o, más curioso aún, que las mercantiles del grupo se hicieron cargo de los gastos del enlace matrimonial de la hija del cabecilla. En concreto, se imputaron 8.437,10 euros a cuatro subcontratas hasta un total de 33.748,31 euros que obedecen, según la investigación, «al pago del banquete de boda, que fue fraccionado en partes iguales».
Promociones inmobiliarias
Mención aparte hace el juez a la promoción inmobiliaria, ya que constituye, tal y como remarca, «una de las más importantes inversiones realizadas por la familia Amate y, en consecuencia, uno de los destinos principales del dinero obtenido de Elsur a través de las sociedades instrumentales».
La resolución judicial indica que Merfaros Almarire Servicios SL construyó el edificio denominado Almarire, en Sevilla, un inmueble de nueve viviendas de lujo para el que, según detalla, había previstos un total de gastos de 4.058.033,10 euros, si bien en el apartado de gastos financieros se cuantificaron cero euros. Es decir, «se desarrolló la promoción de edificio sin recurrir a la financiación ajena y, por tanto, se construye exclusivamente con dinero procedente de las sociedades que subcontrataban con Elsur».
Alude, en esta línea, a la construcción de otro edificio, Alsur, también en Sevilla, por importe de 1,8 millones de euros. Del total de gastos previstos —ahonda el juez—, Merfaros desembolsó, hasta marzo de 2009, 2,4 millones de euros. La promoción constó de nueve viviendas, 19 plazas de garaje, y ocho trasteros, de los que parte se destinó a venta a terceros y otra, a la familia Amate.
La investigación concluye, asimismo, que las sociedades instrumentales canalizaban el flujo monetario de entradas de dinero procedentes del cobro de facturas a Elsur y, en algunos casos, al Grupo Galán y que, si bien existían salidas de fondos para gastos relacionados con la actividad, como nóminas, seguros sociales, impuestos y algunas compras corrientes, los «restantes cargos en las cuentas tienen como destino el propio grupo empresarial y su entorno familiar».
Los mecanismos utilizados abarcarían desde préstamos a otras sociedades del grupo Amate, principalmente patrimoniales, pero también a otras instrumentales, préstamos a socios, pagos a las patrimoniales «por aparentes prestaciones de servicios, constantes traspasos a caja de fuertes sumas de dinero y extracciones de fondos de caja para simular el pago de facturas falsas».
Respecto al pago de facturas «falsas», el juez hace referencia a la existencia de apuntes en los que se aprecia como el dinero extraído de la cuenta bancaria de una sociedad instrumental, «teóricamente para pagar a un proveedor», acaba en la caja de esa misma sociedad. «El dinero, así ennegrecido, queda a disposición de la familia Amate», concluye.
El auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería imputa a José Amate, así como a otras siete personas de su entorno familiar más cercano, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública.
Así lo indica el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, cuyo titular, el juez Jesús Miguel Hernández, sitúa al denominado Grupo Amate en la cúspide de aquellos a los que revirtió el dinero defraudado a Elsur y al Ayuntamiento de El Ejido, seguido del Grupo Abengoa, socio mayoritario y privado de la empresa mixta municipal que habría facturado por servicios inexistentes 16,5 millones de euros y del Grupo Galán, liderado por el empresario José Antonio Galán, con 15,6 millones de euros de supuesta sobrefacturación.
La resolución que pone fin tras siete años a la instrucción del caso 'Poniente' recoge que Amate, director de producción de Elsur, desde antes de 2002 y hasta 2006, sobrefacturó, presuntamente, con subcontratas controladas por él a través de irregularidades que contaron con el «conocimiento y el consentimiento» de los socios de la empresa mixta municipal, es decir del Consistorio ejidense, con el 30 por ciento del accionariado, y Abengoa con el 70 por ciento restante.
Cabe recordar que en la causa, que se sigue por la presunta comisión de delitos de cohecho, de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, están procesadas 65 personas, entre ellas el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, cuyos allegados se beneficiaron de la presunta trama mientras que este último lo habría hecho «en especies», y quien fuera interventor municipal, José Alemán, que según el juez se habría hecho, entre 2002 y 2009, con 7,5 millones de euros en «comisiones ilegales» a través de una «sociedad pantalla».
Una boda de 33.748 euros
El Grupo Amate se constituyó con ocho sociedades instrumentales que actuaron como subcontratas de Elsur y otras cuatro, calificadas como patrimoniales o de supuesta dirección y gestión, que no facturaron a la empresa mixta y que, supuestamente, habrían canalizado el dinero procedente de la sobrefacturación al patrimonio de la familia y al negocio inmobiliario.
Así, detalla el auto del juez instructor que las sociedades subcontratadas facturaron a Elsur un total de «53 millones de euros» mientras que los gastos de personal ascendieron a 19 millones de euros, de lo que el magistrado instructor concluye que eran «meras subcontratas de personal que utilizaban las oficinas, vehículos, maquinaria, herramientas, e, incluso, a los propios trabajadores de Elsur».
Entre los hechos que muestran que el dinero público habría revertido en el patrimonio de la familia, el auto judicial desgrana la compra, mediante sociedades instrumentales, de varios inmuebles en Sevilla o, más curioso aún, que las mercantiles del grupo se hicieron cargo de los gastos del enlace matrimonial de la hija del cabecilla. En concreto, se imputaron 8.437,10 euros a cuatro subcontratas hasta un total de 33.748,31 euros que obedecen, según la investigación, «al pago del banquete de boda, que fue fraccionado en partes iguales».
Promociones inmobiliarias
Mención aparte hace el juez a la promoción inmobiliaria, ya que constituye, tal y como remarca, «una de las más importantes inversiones realizadas por la familia Amate y, en consecuencia, uno de los destinos principales del dinero obtenido de Elsur a través de las sociedades instrumentales».
La resolución judicial indica que Merfaros Almarire Servicios SL construyó el edificio denominado Almarire, en Sevilla, un inmueble de nueve viviendas de lujo para el que, según detalla, había previstos un total de gastos de 4.058.033,10 euros, si bien en el apartado de gastos financieros se cuantificaron cero euros. Es decir, «se desarrolló la promoción de edificio sin recurrir a la financiación ajena y, por tanto, se construye exclusivamente con dinero procedente de las sociedades que subcontrataban con Elsur».
Alude, en esta línea, a la construcción de otro edificio, Alsur, también en Sevilla, por importe de 1,8 millones de euros. Del total de gastos previstos —ahonda el juez—, Merfaros desembolsó, hasta marzo de 2009, 2,4 millones de euros. La promoción constó de nueve viviendas, 19 plazas de garaje, y ocho trasteros, de los que parte se destinó a venta a terceros y otra, a la familia Amate.
La investigación concluye, asimismo, que las sociedades instrumentales canalizaban el flujo monetario de entradas de dinero procedentes del cobro de facturas a Elsur y, en algunos casos, al Grupo Galán y que, si bien existían salidas de fondos para gastos relacionados con la actividad, como nóminas, seguros sociales, impuestos y algunas compras corrientes, los «restantes cargos en las cuentas tienen como destino el propio grupo empresarial y su entorno familiar».
Los mecanismos utilizados abarcarían desde préstamos a otras sociedades del grupo Amate, principalmente patrimoniales, pero también a otras instrumentales, préstamos a socios, pagos a las patrimoniales «por aparentes prestaciones de servicios, constantes traspasos a caja de fuertes sumas de dinero y extracciones de fondos de caja para simular el pago de facturas falsas».
Respecto al pago de facturas «falsas», el juez hace referencia a la existencia de apuntes en los que se aprecia como el dinero extraído de la cuenta bancaria de una sociedad instrumental, «teóricamente para pagar a un proveedor», acaba en la caja de esa misma sociedad. «El dinero, así ennegrecido, queda a disposición de la familia Amate», concluye.
El auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería imputa a José Amate, así como a otras siete personas de su entorno familiar más cercano, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública.
