El juez del caso 'Poniente' apunta que además José Alemán habría realizado pagos por importe de casi 4,5 millones que se deben «principalmente» a «compras de inmuebles»
EUROPA PRESS / 21·06·2016
El exinterventor municipal del Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán, uno de los principales procesados en el caso 'Poniente' que le llevó a ser detenido y encarcelado en octubre de 2009, obtuvo presuntamente a través de su «sociedad pantalla», Sistemas de Dirección SL, más de 7,5 millones de euros en «comisiones ilegales» entre los años 2002 y 2009 «bajo la apariencia falsa de contratos de consultoría y asesoría».
Así lo indica el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Almería, el magistrado Jesús Miguel Hernández, en el auto que se dio a conocer este lunes tras siete años de investigación de una supuesta trama de corrupción municipal y empresarial, y en el que acuerda el procesamiento de un total de 65 personas por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráficos de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
La resolución detalla que la mayor parte de estos ingresos, cuantificados concretamente en 7.496.779,00 euros, procedería de empresas o grupos de empresas que habrían percibido, a su vez, «importantes cantidades de dinero» del Ayuntamiento de El Ejido y propiedad de otros procesados en la trama, ya fuese de forma «directa o indirecta», a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales —Elsur—, participada en un 70 por ciento por Abengoa.
En concreto, le imputa que con esa «sociedad pantalla», bajo «su absoluto control», generó un «montaje ficticio» de facturación por asesoramiento a determinadas adjudicatarias de contratos municipales sin que, «en realidad, existiese tal asesoramiento y tratándose del cobro de comisiones ilegales satisfechas por los beneficiarios de los citados contratos municipales».
Cabe recordar que el juez instructor apunta a que el dinero era «desviado» a diferentes grupos empresariales y personas implicadas en el procedimiento en el «último eslabón» de la supuesta trama, basada sobre todo en la «sobrefacturación» a Elsur, que se hacía incrementando «artificial y exageradamente» el importe del canon anual por servicios de mantenimiento, con precios «abusivos a servicios y obras fuera de canon» y con servicios «inexistentes», siempre con la «connivencia y participación», tanto de Abengoa como del Ayuntamiento ejidense.
Se refiere a estos como una «infraestructura organizada de personas que se dedican a realizar actividades mercantiles a través de un elevado número de sociedades», y en esta infraestructura le otorga una «fundamental importancia» a Sistemas de Dirección SL, con la que Alemán, según reitera, «se habría estado lucrando mediante el cobro de comisiones ilegales por facilitar al resto de los implicados la contratación con Elsur y con el Ayuntamiento» dada la «importante posición que ocupaba» como interventor y también como consejero de Elsur.
Al hilo de esto, alude a las intervenciones telefónicas que obran en el sumario que revelarían que las relaciones entre Alemán y los grupos de sociedades afines «se caracterizaban por procurarse favores de naturaleza mercantil, así como por lucrarse a costa de las subcontratas adjudicadas a empresas gestionadas directamente por los investigados o sus familiares». «Entre dichos privilegios se encontraría el financiarse a través de créditos ICO, así como de los Fondos Proteja», ahonda.
El juez subraya que de la investigación se desprende que no existen «ni contratos con sus clientes, ni informes, ni trabajadores cualificados para este trabajo» y que las empresas pagadoras de estas cantidades aseguraron durante la instrucción del caso que el asesoramiento «había sido verbal y se había prestado personalmente por José Alemán».
«Alto nivel de vida»
«Por tanto, con tal sociedad pantalla, sin actividad económica real, canalizaba sus propios cobros y pagos particulares y privados, cobros que derivaban principalmente de comisiones ilegales obtenidas de empresas beneficiarias tanto de contratos municipales con el Ayuntamiento como con Elsur y con cuyos pagos se sufragaba casi en exclusiva su vida privada y alto nivel de vida disfrutado», concluye.
Y es que, al margen de los ingresos de 7,5 millones de euros a través de las que denomina «sociedades pantalla» ya que incluye la de Sociedad de Aparcamientos y Señalización SL, el magistrado le atribuye haber realizado pagos por importe de casi 4,5 millones que se deben «principalmente» a «compras de inmuebles y a otras adquisiciones de bienes y servicios privados que no están en absoluto relacionados —remarca— con la supuesta actividad de asesoramiento ni con ninguna otra actividad económica».
Concreta que se trata de viajes privados, coches, joyas, mobiliario, espectáculos taurinos, su boda con su segunda esposa, Isabel Carrasco, quien también está procesada, así como caviar, además, de para la compra de unos inmuebles cuyos pagos «habría realizado en negro, no incluidos en la cantidad anterior por 188.092 euros». La resolución judicial resalta por «llamativo» que Alemán es titular de una tarjeta de crédito exclusiva 'Centurión' de American Express, que exige un gasto mínimo anual de 200.000 euros y una cuota de mantenimiento de 2.000 euros al año.
El auto señala que otra parte de los fondos obtenidos los habría distribuido Alemán a distintos familiares y cita, en concreto, a su «primera esposa, dos hijos, la hija de un primo y la hermana de su segunda esposa», a quienes habría dado de alta como trabajadores de Sistema de Dirección SL, aparentemente no cualificados para desempeñar la supuesta actividad de asesoramiento, así como a la señora que limpiaba su domicilio particular. En total, en concepto de salarios y seguridad social, 963.631,60 euros, según apunta.
A su segunda mujer, Isabel Carrasco, le transfirió presuntamente «simulado» el alquiler de un local por valor de 287.703, una de las razones por las que el instructor remarca que, a partir de 2004, su patrimonio habría comenzado a incrementarse «por encima de la renta generada». De manera que el juez cuantifica el total de fondos supuestamente obtenidos de Alemán en 611.584,81, de los que, al margen del citado alquiler «simulado», unos 363.504,21 euros no «tienen justificación alguna».
El magistrado Jesús Miguel Hernández imputa a José Alemán la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda Pública, a la que le habría causado un «perjuicio económico» de 2,1 millones de euros. En el caso de IRPF, calcula que la cuota defraudada entre los ejercicios 2002 y 2009 es de 3,2 millones de euros.
A su esposa, Isabel Carrasco, la procesa por presuntos delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, al igual que al hermano de su marido, Enrique A.B., y a la primera mujer, Rosalía G.V.
Así lo indica el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Almería, el magistrado Jesús Miguel Hernández, en el auto que se dio a conocer este lunes tras siete años de investigación de una supuesta trama de corrupción municipal y empresarial, y en el que acuerda el procesamiento de un total de 65 personas por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráficos de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
La resolución detalla que la mayor parte de estos ingresos, cuantificados concretamente en 7.496.779,00 euros, procedería de empresas o grupos de empresas que habrían percibido, a su vez, «importantes cantidades de dinero» del Ayuntamiento de El Ejido y propiedad de otros procesados en la trama, ya fuese de forma «directa o indirecta», a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales —Elsur—, participada en un 70 por ciento por Abengoa.
En concreto, le imputa que con esa «sociedad pantalla», bajo «su absoluto control», generó un «montaje ficticio» de facturación por asesoramiento a determinadas adjudicatarias de contratos municipales sin que, «en realidad, existiese tal asesoramiento y tratándose del cobro de comisiones ilegales satisfechas por los beneficiarios de los citados contratos municipales».
Cabe recordar que el juez instructor apunta a que el dinero era «desviado» a diferentes grupos empresariales y personas implicadas en el procedimiento en el «último eslabón» de la supuesta trama, basada sobre todo en la «sobrefacturación» a Elsur, que se hacía incrementando «artificial y exageradamente» el importe del canon anual por servicios de mantenimiento, con precios «abusivos a servicios y obras fuera de canon» y con servicios «inexistentes», siempre con la «connivencia y participación», tanto de Abengoa como del Ayuntamiento ejidense.
Se refiere a estos como una «infraestructura organizada de personas que se dedican a realizar actividades mercantiles a través de un elevado número de sociedades», y en esta infraestructura le otorga una «fundamental importancia» a Sistemas de Dirección SL, con la que Alemán, según reitera, «se habría estado lucrando mediante el cobro de comisiones ilegales por facilitar al resto de los implicados la contratación con Elsur y con el Ayuntamiento» dada la «importante posición que ocupaba» como interventor y también como consejero de Elsur.
Al hilo de esto, alude a las intervenciones telefónicas que obran en el sumario que revelarían que las relaciones entre Alemán y los grupos de sociedades afines «se caracterizaban por procurarse favores de naturaleza mercantil, así como por lucrarse a costa de las subcontratas adjudicadas a empresas gestionadas directamente por los investigados o sus familiares». «Entre dichos privilegios se encontraría el financiarse a través de créditos ICO, así como de los Fondos Proteja», ahonda.
El juez subraya que de la investigación se desprende que no existen «ni contratos con sus clientes, ni informes, ni trabajadores cualificados para este trabajo» y que las empresas pagadoras de estas cantidades aseguraron durante la instrucción del caso que el asesoramiento «había sido verbal y se había prestado personalmente por José Alemán».
«Alto nivel de vida»
«Por tanto, con tal sociedad pantalla, sin actividad económica real, canalizaba sus propios cobros y pagos particulares y privados, cobros que derivaban principalmente de comisiones ilegales obtenidas de empresas beneficiarias tanto de contratos municipales con el Ayuntamiento como con Elsur y con cuyos pagos se sufragaba casi en exclusiva su vida privada y alto nivel de vida disfrutado», concluye.
Y es que, al margen de los ingresos de 7,5 millones de euros a través de las que denomina «sociedades pantalla» ya que incluye la de Sociedad de Aparcamientos y Señalización SL, el magistrado le atribuye haber realizado pagos por importe de casi 4,5 millones que se deben «principalmente» a «compras de inmuebles y a otras adquisiciones de bienes y servicios privados que no están en absoluto relacionados —remarca— con la supuesta actividad de asesoramiento ni con ninguna otra actividad económica».
Concreta que se trata de viajes privados, coches, joyas, mobiliario, espectáculos taurinos, su boda con su segunda esposa, Isabel Carrasco, quien también está procesada, así como caviar, además, de para la compra de unos inmuebles cuyos pagos «habría realizado en negro, no incluidos en la cantidad anterior por 188.092 euros». La resolución judicial resalta por «llamativo» que Alemán es titular de una tarjeta de crédito exclusiva 'Centurión' de American Express, que exige un gasto mínimo anual de 200.000 euros y una cuota de mantenimiento de 2.000 euros al año.
El auto señala que otra parte de los fondos obtenidos los habría distribuido Alemán a distintos familiares y cita, en concreto, a su «primera esposa, dos hijos, la hija de un primo y la hermana de su segunda esposa», a quienes habría dado de alta como trabajadores de Sistema de Dirección SL, aparentemente no cualificados para desempeñar la supuesta actividad de asesoramiento, así como a la señora que limpiaba su domicilio particular. En total, en concepto de salarios y seguridad social, 963.631,60 euros, según apunta.
A su segunda mujer, Isabel Carrasco, le transfirió presuntamente «simulado» el alquiler de un local por valor de 287.703, una de las razones por las que el instructor remarca que, a partir de 2004, su patrimonio habría comenzado a incrementarse «por encima de la renta generada». De manera que el juez cuantifica el total de fondos supuestamente obtenidos de Alemán en 611.584,81, de los que, al margen del citado alquiler «simulado», unos 363.504,21 euros no «tienen justificación alguna».
El magistrado Jesús Miguel Hernández imputa a José Alemán la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda Pública, a la que le habría causado un «perjuicio económico» de 2,1 millones de euros. En el caso de IRPF, calcula que la cuota defraudada entre los ejercicios 2002 y 2009 es de 3,2 millones de euros.
A su esposa, Isabel Carrasco, la procesa por presuntos delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, al igual que al hermano de su marido, Enrique A.B., y a la primera mujer, Rosalía G.V.
