El matrimonio, de 72 años de edad, vive en un garaje desde que su vivienda, que contaba con licencia municipal, fue demolida en 2008
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| Un manifestante exhibe un cartel reclamando el pago de la indemnización durante la intervención del alcalde de Vera. |
ALMERÍA HOY - EUROPA PRESS / 19·05·2016
En torno a un centenar de personas, entre ciudadanos británicos y españoles, han reclamado este jueves en la Plaza Mayor de Vera una solución a la situación que vive desde 2008 el matrimonio formado por Leonard y Helen Prior, de 72 años, quienes residen en un garaje desde que su vivienda fuese demolida pese a contar con licencia municipal y haber recibido el amparo del Tribunal Constitucional (TC); y que acumulan ya más de diez años de litigios en los tribunales.
La concentración llega tras la sentencia que reconoce —en primera instancia— el derecho de la pareja a recibir una indemnización de 425.185,43 euros del Ayuntamiento de Vera, y ha contado con el apoyo de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN), organizadora del acto, además de con el de otros colectivos como SOHA, cuyos socios se han desplazado en autobús desde Málaga.
Durante el transcurso de la concentración, la presidenta de AUAN, Maura Hillen, ha lamentado que el Estado español lleve ocho años «arruinando la vida de la familia Prior, provocando daños al mercado inmobiliario y perjudicando la imagen de España», y ha advertido de que «el reparto de culpas» entre las diferentes administraciones «no sirve para nada».
«Lo que necesitaba esta familia y lo que demandaba el mercado inmobiliario y la economía era poner fin a este atropello», ha asegurado Hillen, quien ha concluido haciendo una llamada a las autoridades para que «hagan lo que deben».
Por su parte, el abogado Gerardo Vázquez, quien ha destacado la «solidaridad» mostrada con el matrimonio Prior, ha hecho hincapié «en la necesidad de evitar estos casos para el futuro», y ha recordado los «pasos importantes» que se han dado en estos últimos meses «para dotar al mercado inmobiliario español de más seguridad jurídica gracias a iniciativas presentadas por el PSOE, con el siguiente apoyo del PP y de otros grupos políticos».
No obstante, Vázquez ha pedido «seguir profundizando en medidas», y ha abogado por que se dote al Registro de la Propiedad de «fehaciencia en asuntos urbanísticos». «Actualmente existe una disfunción en el sistema registral español, dado que un inocente consumidor puede comprar una casa que no muestre problema alguno en el Registro de la Propiedad, incluso hipotecándose, para después enterarse de que existe una orden de demolición contra la casa, por razón de un procedimiento que ya lleva años tramitándose», ha criticado para referirse como ejemplo al caso del edificio Pintos en Bueu, en Pontevedra.
Vázquez ha trasladado, asimismo, su confianza en que los grupos políticos ayudarán, «como lo han hecho hasta ahora, en la búsqueda de soluciones para asegurar la confianza del consumidor y el inversor en el mercado inmobiliario español», pues ello, según ha remarcado, «redundaría en el bienestar económico y social de todos».
El alcalde de Vera, «optimista»
Al acto, ha asistido representantes de diversos partidos políticos como el parlamentario andaluz del PSOE Rodrigo Sanchez Haro, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas (PP), y diversos concejales de IULV-CA o Podemos.
También, el alcalde de Vera, Felix López, bajo cuyo mandato fue concedida la licencia municipal de obras de la vivienda demolida y que ha anunciado recurso contra la sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar al matrimonio. López ha asegurado en declaraciones a los periodistas que es «optimista en la búsqueda de una solución para los Prior», aunque no ha precisado más.
A la concentración se han adherido la asociación AMA de Cantabria y la asociación AGADE de Galicia, así como la confederación andaluza CALU y la asociación Valenciana AUN, organizaciones todas ellas que luchan para resolver los problemas urbanísticos que asolan diversas partes de España.
Una indemnización compartida
Fuentes del Partido Popular han explicado a ALMERÍA HOY que la formación a ofrecido su apoyo a Félix López para que retire el recurso contra la sentencia que obliga al Consistorio a pagar 425.185,43 euros al matrimonio Prior, así como para reclamar a la Junta de Andalucía que se haga cargo del 50 por ciento de esa cantidad, a fin de «terminar de una vez con el periplo judicial y la angustia» de la pareja británica. Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, el regidor veratense aún no se ha pronunciado sobre su ofrecimiento.
La concentración llega tras la sentencia que reconoce —en primera instancia— el derecho de la pareja a recibir una indemnización de 425.185,43 euros del Ayuntamiento de Vera, y ha contado con el apoyo de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN), organizadora del acto, además de con el de otros colectivos como SOHA, cuyos socios se han desplazado en autobús desde Málaga.
Durante el transcurso de la concentración, la presidenta de AUAN, Maura Hillen, ha lamentado que el Estado español lleve ocho años «arruinando la vida de la familia Prior, provocando daños al mercado inmobiliario y perjudicando la imagen de España», y ha advertido de que «el reparto de culpas» entre las diferentes administraciones «no sirve para nada».
«Lo que necesitaba esta familia y lo que demandaba el mercado inmobiliario y la economía era poner fin a este atropello», ha asegurado Hillen, quien ha concluido haciendo una llamada a las autoridades para que «hagan lo que deben».
Por su parte, el abogado Gerardo Vázquez, quien ha destacado la «solidaridad» mostrada con el matrimonio Prior, ha hecho hincapié «en la necesidad de evitar estos casos para el futuro», y ha recordado los «pasos importantes» que se han dado en estos últimos meses «para dotar al mercado inmobiliario español de más seguridad jurídica gracias a iniciativas presentadas por el PSOE, con el siguiente apoyo del PP y de otros grupos políticos».
No obstante, Vázquez ha pedido «seguir profundizando en medidas», y ha abogado por que se dote al Registro de la Propiedad de «fehaciencia en asuntos urbanísticos». «Actualmente existe una disfunción en el sistema registral español, dado que un inocente consumidor puede comprar una casa que no muestre problema alguno en el Registro de la Propiedad, incluso hipotecándose, para después enterarse de que existe una orden de demolición contra la casa, por razón de un procedimiento que ya lleva años tramitándose», ha criticado para referirse como ejemplo al caso del edificio Pintos en Bueu, en Pontevedra.
Vázquez ha trasladado, asimismo, su confianza en que los grupos políticos ayudarán, «como lo han hecho hasta ahora, en la búsqueda de soluciones para asegurar la confianza del consumidor y el inversor en el mercado inmobiliario español», pues ello, según ha remarcado, «redundaría en el bienestar económico y social de todos».
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| Miembros del colectivo SOHA han acudido en autobús desde Málaga. |
El alcalde de Vera, «optimista»
Al acto, ha asistido representantes de diversos partidos políticos como el parlamentario andaluz del PSOE Rodrigo Sanchez Haro, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas (PP), y diversos concejales de IULV-CA o Podemos.
También, el alcalde de Vera, Felix López, bajo cuyo mandato fue concedida la licencia municipal de obras de la vivienda demolida y que ha anunciado recurso contra la sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar al matrimonio. López ha asegurado en declaraciones a los periodistas que es «optimista en la búsqueda de una solución para los Prior», aunque no ha precisado más.
A la concentración se han adherido la asociación AMA de Cantabria y la asociación AGADE de Galicia, así como la confederación andaluza CALU y la asociación Valenciana AUN, organizaciones todas ellas que luchan para resolver los problemas urbanísticos que asolan diversas partes de España.
Una indemnización compartida
Fuentes del Partido Popular han explicado a ALMERÍA HOY que la formación a ofrecido su apoyo a Félix López para que retire el recurso contra la sentencia que obliga al Consistorio a pagar 425.185,43 euros al matrimonio Prior, así como para reclamar a la Junta de Andalucía que se haga cargo del 50 por ciento de esa cantidad, a fin de «terminar de una vez con el periplo judicial y la angustia» de la pareja británica. Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, el regidor veratense aún no se ha pronunciado sobre su ofrecimiento.
