El padre del joven denuncia que el proceso no ha esclarecido las circunstancias en las que desapareció su hijo, y adelanta que solicitará la apertura de una nueva causa por homicidio contra quien le acompañaba en la embarcación aquel día
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| Joaquín Fernández, desaparecido en 2008. |
MAR F. FELICES - EUROPA PRESS / 06·05·2016
El Juzgado de lo Penal 2 de Almería ha concluido que no existe ninguna prueba de cargo que permita afirmar la «intervención de terceras personas» en la desaparición en alta mar en septiembre de 2008 del joven de 23 años Joaquín Fernández, hijo del presidente de 'SOS Desaparecidos', Joaquín Amills, y ha determinado que el joven desapareció intentando alcanzar, junto a otro que sí pudo ser rescatado, la costa de Carboneras «a nado» tras quedarse sin combustible la embarcación con la que participaban en un alijo de hachís.
Así se recoge en la sentencia dictada a raíz del juicio que ha derivado en un fallo condenatorio contra el superviviente, J.D.C.G., por delito contra la salud pública en grado de tentativo y robo con fuerza en las cosas, y otros dos hombres, M.D.B. y A.C.J., por un delito contra la salud pública, también en grado de tentativa. Al primero le impone penas que suman 18 meses de prisión y multas de 12.000 y 18.000 euros, mientras que a los otros dos les condena a seis y nueve meses de prisión respectivamente, al tiempo que tendrán que pagar las multas que oscilan entre los 750 y los 2.250 euros al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y, en el caso de M.D.B., la de confesión.
La resolución absuelve a J.D.C.G., quien iba en la embarcación junto a Joaquín Fernández, del delito de encubrimiento que le imputaba la acusación particular ejercida por el padre del joven desaparecido, ya que el juez no estima acreditado que, tal y como mantiene, fuese «alguna persona más en la embarcación 'Papuchi Uno' en la noche del 10 de septiembre hasta la tarde del 11 de septiembre de 2008 o alguna persona en el encuentro con la otra embarcación que iba a transbordar la droga hiciese desaparecer a Joaquín».
«No existe en el presente juicio ninguna prueba de cargo que permita afirmar la intervención de terceras personas en la desaparición y que, como consecuencia de ello, J.D.C.G. haya sido encubridor de un delito cometido contra Joaquín Fernández», recoge el fallo, que no se llegar a pronunciar sobre el delito de omisión del deber de socorro que también le atribuía la acusación particular ya que esta decidió retirarlo antes del comienzo del acto de juicio.
«Numerosas intervenciones telefónicas»
El juez, que remarca que el origen de la causa se encuentra en el hecho de la desaparición de Joaquín Fernández y no tanto en la operación de alijo de hachís que se enjuicia tras la confesión que realizó el superviviente para explicar el porqué de su presencia en alta mar, relata en la resolución que todos los enjuiciados respondieron «sin dudar» que iba «sólo» con J.D.C.G en la embarcación y que «no pudo ser rescatado».
Hace alusión, en esta línea, a que el informe de la Guardia Civil incluía, entre las posibilidades que podían darse en relación a la desaparición, «la intervención de terceras personas» si bien recuerda que se llevaron a cabo «numerosas» escuchas telefónicas, en el marco de un procedimiento declarado secreto, con la finalidad de conseguir indicios sobre las causas y que «nada se obtuvo con resultado positivo, ni tampoco en relación con el informe sobre el análisis del tráfico de llamadas el día de los hechos».
El fallo indica que la versión del único testigo presencial, J.D.C.G., «ha sido siempre la misma» aunque reconoce que se han producido «algunas contradicciones en lo relativo a la barca en la que iban, o cómo fueron los últimos momentos en los que vio con vida a Joaquín», y refiere como narró que ambos iban «solos en la embarcación, que después de navegar gran parte de la noche, y quedarse sin gasolina, llamaron a otro de los implicados en el alijo y a un tercero para pedirle que fuera a por ellos en una moto de agua pero que no pudieron facilitarle las coordenadas porque no sabían leer el GPS, ni sabían dónde estaban».
Según su testimonio, sobre las 12:00 horas del día 11, «decidieron tirarse al agua porque veían la costa desde la barca, auxiliados en principio de chalecos salvavidas, con aletas y móvil protegido en una bolsa de plástico aunque luego se mojó quedando inutilizado». Así, siempre de acuerdo a su versión recogida en la sentencia, estuvieron en el agua hasta las 18:30 horas, momento en el que «decidieron quitarse los flotadores porque les impedían nadar bien, que la marea y las olas les impedían acercarse, que sin flotador estuvieron sobre unas cuatro horas, que los dos nadaban juntos aunque a veces la mares les separaba y que se llamaban a voces».
También detalló que intentaron «pedir ayuda a varios barcos pero que nos lo vieron y que, justo media hora antes de que lo rescataran, había dejado de oír a Joaquín aunque le dijo al que lo rescató que su amigo estaba en el agua y estuvieron otros barcos primero y después el operativo de rescate de Salvamento Marítimo tratando de encontrarlo».
Una nueva causa por homicidio
En declaraciones a ALMERÍA HOY, el padre del joven, Joaquín Amills, ha adelantado que no recurrirá la sentencia, puesto que su intención fue siempre la de que se abriera «una pieza separada en la que se investigara la desaparición», en lugar abordarla conjuntamente con los posibles delitos de tráfico de drogas, como se ha hecho finalmente, y que no han permitido esclarecer «cómo y por qué desapareció mi hijo». Por este motivo, ha anunciado, abrirá nuevas diligencias para acusar a J.D.C.G. de un presunto delito de homicidio.
«Llevamos tiempo pretendiendo que se hiciera una pieza separada en mismo juicio para demostrar, con todos los informes que tenemos de criminólogos, que hay muchas cosas que se están incumpliendo y que demostrarían que, posiblemente, que la desaparición de mi hijo fue consecuencia de un acto delictivo cometido por las personas que estaban con él», ha sentenciado Amills, para quien la instrucción del proceso ha estado «llena de mentiras» y «de contradicciones de Juan David Carrillo —J.D.C.G.— sobre cómo murió mi hijo».
El padre del joven considera que se ha producido una situación de «indefensión», puesto que la causa por la desaparición ha terminado convirtiéndose en otra distinta por tráfico de estupefacientes y omisión de socorro, sin que se haya arrojado luz sobre lo que sucedió realmente con su hijo.
«Tanto la Guardia Civil como la Policía Judicial llegan a referirse al suceso en sus informes como muerte "en extrañas circunstancias", mientras que la instrucción deja sin esclarecer las circunstancias de la desaparición, entre ellas, por qué cambiaron de rumbo aquel día».
«Tenemos pruebas, tenemos todos los fallos y tenemos claro lo que no se ha hecho en la instrucción, por lo que solicitaremos que se abra una causa nueva que centraremos en un presunto homicidio», ha subrayado Amills, para quien «ahora nos queda cerrar esa etapa» y «empezar realmente a trabajar para saber qué pasó con mi hijo».
Así se recoge en la sentencia dictada a raíz del juicio que ha derivado en un fallo condenatorio contra el superviviente, J.D.C.G., por delito contra la salud pública en grado de tentativo y robo con fuerza en las cosas, y otros dos hombres, M.D.B. y A.C.J., por un delito contra la salud pública, también en grado de tentativa. Al primero le impone penas que suman 18 meses de prisión y multas de 12.000 y 18.000 euros, mientras que a los otros dos les condena a seis y nueve meses de prisión respectivamente, al tiempo que tendrán que pagar las multas que oscilan entre los 750 y los 2.250 euros al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y, en el caso de M.D.B., la de confesión.
La resolución absuelve a J.D.C.G., quien iba en la embarcación junto a Joaquín Fernández, del delito de encubrimiento que le imputaba la acusación particular ejercida por el padre del joven desaparecido, ya que el juez no estima acreditado que, tal y como mantiene, fuese «alguna persona más en la embarcación 'Papuchi Uno' en la noche del 10 de septiembre hasta la tarde del 11 de septiembre de 2008 o alguna persona en el encuentro con la otra embarcación que iba a transbordar la droga hiciese desaparecer a Joaquín».
«No existe en el presente juicio ninguna prueba de cargo que permita afirmar la intervención de terceras personas en la desaparición y que, como consecuencia de ello, J.D.C.G. haya sido encubridor de un delito cometido contra Joaquín Fernández», recoge el fallo, que no se llegar a pronunciar sobre el delito de omisión del deber de socorro que también le atribuía la acusación particular ya que esta decidió retirarlo antes del comienzo del acto de juicio.
«Numerosas intervenciones telefónicas»
El juez, que remarca que el origen de la causa se encuentra en el hecho de la desaparición de Joaquín Fernández y no tanto en la operación de alijo de hachís que se enjuicia tras la confesión que realizó el superviviente para explicar el porqué de su presencia en alta mar, relata en la resolución que todos los enjuiciados respondieron «sin dudar» que iba «sólo» con J.D.C.G en la embarcación y que «no pudo ser rescatado».
Hace alusión, en esta línea, a que el informe de la Guardia Civil incluía, entre las posibilidades que podían darse en relación a la desaparición, «la intervención de terceras personas» si bien recuerda que se llevaron a cabo «numerosas» escuchas telefónicas, en el marco de un procedimiento declarado secreto, con la finalidad de conseguir indicios sobre las causas y que «nada se obtuvo con resultado positivo, ni tampoco en relación con el informe sobre el análisis del tráfico de llamadas el día de los hechos».
El fallo indica que la versión del único testigo presencial, J.D.C.G., «ha sido siempre la misma» aunque reconoce que se han producido «algunas contradicciones en lo relativo a la barca en la que iban, o cómo fueron los últimos momentos en los que vio con vida a Joaquín», y refiere como narró que ambos iban «solos en la embarcación, que después de navegar gran parte de la noche, y quedarse sin gasolina, llamaron a otro de los implicados en el alijo y a un tercero para pedirle que fuera a por ellos en una moto de agua pero que no pudieron facilitarle las coordenadas porque no sabían leer el GPS, ni sabían dónde estaban».
Según su testimonio, sobre las 12:00 horas del día 11, «decidieron tirarse al agua porque veían la costa desde la barca, auxiliados en principio de chalecos salvavidas, con aletas y móvil protegido en una bolsa de plástico aunque luego se mojó quedando inutilizado». Así, siempre de acuerdo a su versión recogida en la sentencia, estuvieron en el agua hasta las 18:30 horas, momento en el que «decidieron quitarse los flotadores porque les impedían nadar bien, que la marea y las olas les impedían acercarse, que sin flotador estuvieron sobre unas cuatro horas, que los dos nadaban juntos aunque a veces la mares les separaba y que se llamaban a voces».
También detalló que intentaron «pedir ayuda a varios barcos pero que nos lo vieron y que, justo media hora antes de que lo rescataran, había dejado de oír a Joaquín aunque le dijo al que lo rescató que su amigo estaba en el agua y estuvieron otros barcos primero y después el operativo de rescate de Salvamento Marítimo tratando de encontrarlo».
Una nueva causa por homicidio
En declaraciones a ALMERÍA HOY, el padre del joven, Joaquín Amills, ha adelantado que no recurrirá la sentencia, puesto que su intención fue siempre la de que se abriera «una pieza separada en la que se investigara la desaparición», en lugar abordarla conjuntamente con los posibles delitos de tráfico de drogas, como se ha hecho finalmente, y que no han permitido esclarecer «cómo y por qué desapareció mi hijo». Por este motivo, ha anunciado, abrirá nuevas diligencias para acusar a J.D.C.G. de un presunto delito de homicidio.
«Llevamos tiempo pretendiendo que se hiciera una pieza separada en mismo juicio para demostrar, con todos los informes que tenemos de criminólogos, que hay muchas cosas que se están incumpliendo y que demostrarían que, posiblemente, que la desaparición de mi hijo fue consecuencia de un acto delictivo cometido por las personas que estaban con él», ha sentenciado Amills, para quien la instrucción del proceso ha estado «llena de mentiras» y «de contradicciones de Juan David Carrillo —J.D.C.G.— sobre cómo murió mi hijo».
El padre del joven considera que se ha producido una situación de «indefensión», puesto que la causa por la desaparición ha terminado convirtiéndose en otra distinta por tráfico de estupefacientes y omisión de socorro, sin que se haya arrojado luz sobre lo que sucedió realmente con su hijo.
«Tanto la Guardia Civil como la Policía Judicial llegan a referirse al suceso en sus informes como muerte "en extrañas circunstancias", mientras que la instrucción deja sin esclarecer las circunstancias de la desaparición, entre ellas, por qué cambiaron de rumbo aquel día».
«Tenemos pruebas, tenemos todos los fallos y tenemos claro lo que no se ha hecho en la instrucción, por lo que solicitaremos que se abra una causa nueva que centraremos en un presunto homicidio», ha subrayado Amills, para quien «ahora nos queda cerrar esa etapa» y «empezar realmente a trabajar para saber qué pasó con mi hijo».
