El juez considera que la «intencionalidad perseguida por los integrantes de Greenpeace no era dañar la propiedad ajena» sino protestar por lo que consideran «un grave atentado contra el medio ambiente»
La pintada inicial de los activistas de Greenpeace fue modificada por algunos vecinos de la zona. |
EUROPA PRESS / 10·05·2016
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vera ha acordado el sobreseimiento de la causa abierta a casi una treintena de integrantes de la organización Greenpeace, que el 11 de mayo de 2014 asaltaron el hotel de El Algarrobico y cubrieron de pintura negra la mayor parte de su fachada.
Así lo ha trasladado Greenpeace en una nota, en la que celebra la decisión judicial que pone fin a toma de declaraciones de los investigados que se seguía desde hace varios meses tanto en los juzgados veratenses, así como en otras dependencias judiciales de Málaga, Granada, Madrid, Pontevedra y Zaragoza.
Según ha explicado la organización, el auto del juez incide en que el hotel «está condenado a su demolición por una sentencia del Tribunal Supremo, por ser el único modo de restablecer la legalidad urbanística al ser un edificio ilegal e ilegalizable».
En este sentido, matiza que la «intencionalidad perseguida por los integrantes de Greenpeace no era dañar la propiedad ajena, sino protestar por lo que ellos consideran, al igual que un sector amplio de la población, un grave atentado contra el medio ambiente y a los recursos naturales, siendo un acto donde prima el exponente simbólico frente al material».
Así, según añade Greenpeace a partir del auto, «este hecho, unido a que el mencionado hotel está condenado a su demolición, provocaría que la cuantificación de los desperfectos causados al pintar la fachada de negro podría quedar anulada».
Fueron más de un centenar de integrantes de la organización los que asaltaron el hotel para pintar «un gigantesco punto negro de 8.000 metros cuadrados» en la fachada y exigir así su «desmantelamiento inmediato». En la pintada se podía leer sobre el edificio «hotel ilegal».
Esta acción se produjo apenas mes y medio después de que el Tribunal Superior de Andalucía emitiera un segundo pronunciamiento —ahora anulado— que contradecía el fallo anterior, dictado por el mismo órgano, en el que declaraba el terreno de El Algarrobico como urbanizable, lo que a juicio de Greenpeace, no hacía más «enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley».
Así lo ha trasladado Greenpeace en una nota, en la que celebra la decisión judicial que pone fin a toma de declaraciones de los investigados que se seguía desde hace varios meses tanto en los juzgados veratenses, así como en otras dependencias judiciales de Málaga, Granada, Madrid, Pontevedra y Zaragoza.
Según ha explicado la organización, el auto del juez incide en que el hotel «está condenado a su demolición por una sentencia del Tribunal Supremo, por ser el único modo de restablecer la legalidad urbanística al ser un edificio ilegal e ilegalizable».
En este sentido, matiza que la «intencionalidad perseguida por los integrantes de Greenpeace no era dañar la propiedad ajena, sino protestar por lo que ellos consideran, al igual que un sector amplio de la población, un grave atentado contra el medio ambiente y a los recursos naturales, siendo un acto donde prima el exponente simbólico frente al material».
Así, según añade Greenpeace a partir del auto, «este hecho, unido a que el mencionado hotel está condenado a su demolición, provocaría que la cuantificación de los desperfectos causados al pintar la fachada de negro podría quedar anulada».
Fueron más de un centenar de integrantes de la organización los que asaltaron el hotel para pintar «un gigantesco punto negro de 8.000 metros cuadrados» en la fachada y exigir así su «desmantelamiento inmediato». En la pintada se podía leer sobre el edificio «hotel ilegal».
Esta acción se produjo apenas mes y medio después de que el Tribunal Superior de Andalucía emitiera un segundo pronunciamiento —ahora anulado— que contradecía el fallo anterior, dictado por el mismo órgano, en el que declaraba el terreno de El Algarrobico como urbanizable, lo que a juicio de Greenpeace, no hacía más «enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley».