Pérez Laborda ha acusado a los parlamentarios de estar aumentando su «sufrimiento», al tiempo que ha asegurado que el «escarnio público» le ha provocado «una grave enfermedad»
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| Francisca Pérez Laborda durante su comparecencia de este lunes en el Parlamento andaluz. |
EUROPA PRESS / 12·04·2016
La exdelegada de Empleo de la Junta en Almería Francisca Pérez Laborda, imputada en la causa de las ayudas a la formación, se ha negado a responder este lunes a las preguntas de los distintos representantes políticos en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz, argumentando que, al estar inmersa en una investigación judicial, su abogado se lo desaconseja porque podría poner «en peligro» su derecho de defensa. No obstante, ha defendido que siempre actuó conforme a la legalidad establecida y con el «máximo rigor».
Así se ha pronunciado Pérez Laborda durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también están citados esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Pérez Laborda ha realizado una intervención inicial de unos 15 minutos en la que ha hecho un resumen del procedimiento de concesión de las subvenciones a la formación. Seguidamente, se ha quejado de haber vivido «un calvario» en el último año, que ha hecho daño a su persona y a su honor. «He sufrido un escarnio público que me ha provocado una enfermedad grave», ha asegurado.
Así, tras manifestar que esta situación no solo le ha afectado profesionalmente sino también de manera personal y familiar, ha sostenido que se encuentra inmersa «injustamente» en un proceso judicial y que, aunque su vocación de servidora pública le empujaba a responder a cuantas preguntas se le hicieran en esta comisión, no lo va a hacer por consejo de su abogado, quien se encontraba sentado a su derecha.
Pérez Laborda, aparentemente nerviosa y con la voz entrecortada, ha defendido que está convencida de que se ha actuado «correctamente» desde la dirección provincial de Empleo de Almería, así como que «jamás» ha recibido órdenes ni directrices de sus superiores para incumplir la legalidad vigente, ni ha dado trato de favor a ninguna empresa.
La exdelegada de Empleo ha indicado también que todos los cursos tenían asignado un técnico de seguimiento, que se visitaban el cien por cien de los mismos —tres veces y sin avisar—, y que se supervisaban las instalaciones, el material y la asistencia de los alumnos. A los seis meses de la finalización del curso, ha añadido, las entidades tenían que enviar un informe de inserción para medir la eficacia de estos.
Tras recordar que el informe especial del propio interventor de la Junta en Almería sobre las ayudas a la formación entre 2009 y 2012 no conllevó informe posterior de actuación, Pérez Laborda ha señalado que tanto el citado interventor como el jefe de servicio de esta provincia coincidieron en asegurar ante esta comisión que no ha habido menoscabo de fondos públicos en Almería. «Ni un euro», ha remarcado.
La compareciente, que ha afirmado que es política y que considera que la política es más necesaria que nunca, ha dicho sentirse orgullosa de haber ayudado a los ciudadanos en los distintos cargos que ha ocupado en distintas administraciones, y que ha desempeñado siempre con «responsabilidad, honorabilidad y honradez». «En todos y cada uno de ellos he actuado con el máximo rigor y cumpliendo la normativa legal», ha subrayado.
Sombras e incógnitas
En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha lamentado que Pérez Laborda se haya negado a responder las preguntas, añadiendo que, dada su larga trayectoria política y su experiencia, sus declaraciones podían resultar «clarificadoras y de una enorme importancia». En su opinión, su silencio arroja una «sombra de duda» sobre los acontecimientos ocurridos en la provincia de Almería.
Raynaud ha explicado que su grupo quería preguntarle sobre la labor del personal de la Faffe —Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo— en la delegación de Empleo; sobre si propuso resoluciones de exoneración, si recibía algunas directrices con las exoneraciones o con los listados de las empresas afectadas, si tuvo reuniones de coordinación con otros responsables provinciales de su mismo rango o si se impartieron cursos de formación en las sedes del PSOE en Almería.
Por su parte, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha manifestado que como penalista comprende que Pérez Laborda no se someta a las preguntas en esta comisión, porque él le habría recomendado lo mismo. Si bien, como diputado, tiene la «obligación» de realizarle preguntas, unas preguntas que iban a estar centradas en el procedimiento de la exceptuación. «Nos hubiera gustado averiguar por qué hay resoluciones y nunca el procedimiento previo, lo que nos impide saber si esas resoluciones son justas o no», ha explicado.
La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha censurado que la compareciente no responda las preguntas de los grupos y le ha trasladado que si no tuviera nada que ocultar «no debería tener reparo» en ello. En su opinión, contestar a las preguntas de los diputados no tiene porqué obstaculizar su situación judicial. Seguidamente, Bosquet ha formulado sus preguntas, que han estado centradas en los informes de la Intervención y de la Cámara de Cuentas.
La diputada de IULV-CA, quien también ha formulado preguntas a Pérez Laborda, ha lamentado la decisión de la compareciente de no colaborar, siendo además la primera «política» que comparece ante la comisión. «La primera en la frente», ha señalado la parlamentaria, quien ha manifestado esperar que el resto de ex delegados provinciales y exdirectores del SAE «no cojan el mismo camino», porque pondrían a la comisión en una situación «muy complicada» a la hora de determinar las responsabilidades políticas en este fraude.
Finalmente, la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy ha criticado que no se respete el derecho constitucional de la compareciente de no acogerse a su derecho a no declarar, asegurando que formular preguntas que no van a tener respuesta «nada aporta al trabajo de esta comisión». «¿Dónde acaba nuestro derecho y dónde empieza el derecho del compareciente?», se ha preguntado la socialista, quien ha explicado que parlamentarios de su formación visitaron la delegación de Empleo en Almería y comprobaron que había orden en el trabajo y que los expedientes estaban «completos».
«Soy tan honrada como ustedes»
Pérez Laborda ha vuelto a hacer uso de la palabra para cerrar la sesión y ha afirmado que no tendrá problema en comparecer para responder a todas las preguntas, una vez que concluya el proceso judicial. «Soy inocente y tan honrada como todos ustedes, y vamos a ver quién va a resarcirme de todo lo que se ha dicho aquí», ha apuntado la exdelegada de Empleo.
Ha reprochado a los parlamentarios, sin dirigirse a ninguno en particular, que ya tengan «las conclusiones hechas». «Ustedes venían con su teoría y lo único que hacen es aumentar el sufrimiento de los que por aquí pasamos. Hubiera dicho lo que hubiera dicho no se habrían quedado conformes porque piensan que hubo lo que no hubo, cuando la orden de subvenciones se cumplía a rajatabla», ha apostillado.
Así, tras defender que la Junta es una de las administraciones más garantistas y la que tiene «más controles», Pérez Laborda ha concluido asegurando que no podrá dejar bienes materiales a su hijo porque no tiene patrimonio, pero la que honorabilidad y honradez que sí le va a dejar «también me la quieren quitar». «Pero la voy a defender hasta el final», ha finalizado la compareciente, acusando a los miembros de la comisión de no haber respetado su presunción de inocencia ni sus derechos constitucionales.
Así se ha pronunciado Pérez Laborda durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también están citados esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Pérez Laborda ha realizado una intervención inicial de unos 15 minutos en la que ha hecho un resumen del procedimiento de concesión de las subvenciones a la formación. Seguidamente, se ha quejado de haber vivido «un calvario» en el último año, que ha hecho daño a su persona y a su honor. «He sufrido un escarnio público que me ha provocado una enfermedad grave», ha asegurado.
Así, tras manifestar que esta situación no solo le ha afectado profesionalmente sino también de manera personal y familiar, ha sostenido que se encuentra inmersa «injustamente» en un proceso judicial y que, aunque su vocación de servidora pública le empujaba a responder a cuantas preguntas se le hicieran en esta comisión, no lo va a hacer por consejo de su abogado, quien se encontraba sentado a su derecha.
Pérez Laborda, aparentemente nerviosa y con la voz entrecortada, ha defendido que está convencida de que se ha actuado «correctamente» desde la dirección provincial de Empleo de Almería, así como que «jamás» ha recibido órdenes ni directrices de sus superiores para incumplir la legalidad vigente, ni ha dado trato de favor a ninguna empresa.
La exdelegada de Empleo ha indicado también que todos los cursos tenían asignado un técnico de seguimiento, que se visitaban el cien por cien de los mismos —tres veces y sin avisar—, y que se supervisaban las instalaciones, el material y la asistencia de los alumnos. A los seis meses de la finalización del curso, ha añadido, las entidades tenían que enviar un informe de inserción para medir la eficacia de estos.
Tras recordar que el informe especial del propio interventor de la Junta en Almería sobre las ayudas a la formación entre 2009 y 2012 no conllevó informe posterior de actuación, Pérez Laborda ha señalado que tanto el citado interventor como el jefe de servicio de esta provincia coincidieron en asegurar ante esta comisión que no ha habido menoscabo de fondos públicos en Almería. «Ni un euro», ha remarcado.
La compareciente, que ha afirmado que es política y que considera que la política es más necesaria que nunca, ha dicho sentirse orgullosa de haber ayudado a los ciudadanos en los distintos cargos que ha ocupado en distintas administraciones, y que ha desempeñado siempre con «responsabilidad, honorabilidad y honradez». «En todos y cada uno de ellos he actuado con el máximo rigor y cumpliendo la normativa legal», ha subrayado.
Sombras e incógnitas
En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha lamentado que Pérez Laborda se haya negado a responder las preguntas, añadiendo que, dada su larga trayectoria política y su experiencia, sus declaraciones podían resultar «clarificadoras y de una enorme importancia». En su opinión, su silencio arroja una «sombra de duda» sobre los acontecimientos ocurridos en la provincia de Almería.
Raynaud ha explicado que su grupo quería preguntarle sobre la labor del personal de la Faffe —Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo— en la delegación de Empleo; sobre si propuso resoluciones de exoneración, si recibía algunas directrices con las exoneraciones o con los listados de las empresas afectadas, si tuvo reuniones de coordinación con otros responsables provinciales de su mismo rango o si se impartieron cursos de formación en las sedes del PSOE en Almería.
Por su parte, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha manifestado que como penalista comprende que Pérez Laborda no se someta a las preguntas en esta comisión, porque él le habría recomendado lo mismo. Si bien, como diputado, tiene la «obligación» de realizarle preguntas, unas preguntas que iban a estar centradas en el procedimiento de la exceptuación. «Nos hubiera gustado averiguar por qué hay resoluciones y nunca el procedimiento previo, lo que nos impide saber si esas resoluciones son justas o no», ha explicado.
La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha censurado que la compareciente no responda las preguntas de los grupos y le ha trasladado que si no tuviera nada que ocultar «no debería tener reparo» en ello. En su opinión, contestar a las preguntas de los diputados no tiene porqué obstaculizar su situación judicial. Seguidamente, Bosquet ha formulado sus preguntas, que han estado centradas en los informes de la Intervención y de la Cámara de Cuentas.
La diputada de IULV-CA, quien también ha formulado preguntas a Pérez Laborda, ha lamentado la decisión de la compareciente de no colaborar, siendo además la primera «política» que comparece ante la comisión. «La primera en la frente», ha señalado la parlamentaria, quien ha manifestado esperar que el resto de ex delegados provinciales y exdirectores del SAE «no cojan el mismo camino», porque pondrían a la comisión en una situación «muy complicada» a la hora de determinar las responsabilidades políticas en este fraude.
Finalmente, la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy ha criticado que no se respete el derecho constitucional de la compareciente de no acogerse a su derecho a no declarar, asegurando que formular preguntas que no van a tener respuesta «nada aporta al trabajo de esta comisión». «¿Dónde acaba nuestro derecho y dónde empieza el derecho del compareciente?», se ha preguntado la socialista, quien ha explicado que parlamentarios de su formación visitaron la delegación de Empleo en Almería y comprobaron que había orden en el trabajo y que los expedientes estaban «completos».
«Soy tan honrada como ustedes»
Pérez Laborda ha vuelto a hacer uso de la palabra para cerrar la sesión y ha afirmado que no tendrá problema en comparecer para responder a todas las preguntas, una vez que concluya el proceso judicial. «Soy inocente y tan honrada como todos ustedes, y vamos a ver quién va a resarcirme de todo lo que se ha dicho aquí», ha apuntado la exdelegada de Empleo.
Ha reprochado a los parlamentarios, sin dirigirse a ninguno en particular, que ya tengan «las conclusiones hechas». «Ustedes venían con su teoría y lo único que hacen es aumentar el sufrimiento de los que por aquí pasamos. Hubiera dicho lo que hubiera dicho no se habrían quedado conformes porque piensan que hubo lo que no hubo, cuando la orden de subvenciones se cumplía a rajatabla», ha apostillado.
Así, tras defender que la Junta es una de las administraciones más garantistas y la que tiene «más controles», Pérez Laborda ha concluido asegurando que no podrá dejar bienes materiales a su hijo porque no tiene patrimonio, pero la que honorabilidad y honradez que sí le va a dejar «también me la quieren quitar». «Pero la voy a defender hasta el final», ha finalizado la compareciente, acusando a los miembros de la comisión de no haber respetado su presunción de inocencia ni sus derechos constitucionales.
