Los socialistas almerienses han reivindicado los valores del régimen de 1931 en una serie de discursos con importantes omisiones históricas
 |
| Dirigentes, simpatizantes y afiliados posan ante el busto de Nicolás Salmerón. |
DIEGO JEREZ / 15·04·2016
El grupo de memoria histórica del PSOE de Almería ha celebrado este jueves en el parque Nicolás Salmerón de Alhama de Almería un acto para conmemorar el 85º aniversario de la proclamación de la II República Española.
Según detalla el partido en un comunicado, la ceremonia «ha servido para recordar los valores de solidaridad, libertad, democracia, igualdad y justicia que estuvieron en la base de la II República y para reivindicar la necesidad de que se repare la memoria de aquellos que murieron por defenderla».
La apertura ha corrido a cargo del secretario general del PSOE de Alhama, Salvador López, que ha recordado la tradición republicana del municipio, que «tuvo como máximo exponente a Nicolás Salmerón, alhameño y presidente del Poder Ejecutivo en la I República; continuó con sus hijos, que fueron diputados por Almería durante la II República; y se perpetuó con los centenares de alhameños que siguieron sus enseñanzas, muchos de los cuales fueron duramente represaliados al final de la Guerra Civil o se vieron obligados a tomar el camino del exilio»
.
Por su parte, Fernando Martínez, secretario general del PSOE de la capital y coordinador del grupo de memoria histórica del PSOE provincial, ha apuntado que la II República introdujo la democracia en España por segunda vez, «después de décadas de caciquismo y control de la vida política y social por parte de una oligarquía terrateniente y financiera».
Entre los mayores logros de aquel periodo, Martínez ha señalado que la II República «dio el voto a las mujeres y las hizo ciudadanas; puso como objetivo fundamental la educación de la ciudadanía, combatiendo el analfabetismo y promoviendo una escuela laica; impulsó la separación de la Iglesia y el Estado; y estableció los jurados mixtos para regular la vida laboral y el entendimiento entre obreros y patronos bajo la tutela del Estado». «Aquella Republica de trabajadores de toda clase pensó también en cómo dignificar la vida del campesinado español, doblegando a los caciques locales, a través de las ley de términos municipales y planteando una reforma agraria que diera vida y dignidad a las familias campesinas», ha recordado.
«La II República abrió el proceso de modernización para España, equiparándonos con el occidente europeo», ha resumido, antes de que fuera «interrumpida por un golpe de militares rebeldes y una derecha que no se había resignado a perder su hegemonía caciquil sobre el conjunto de las clases sociales españolas».
Reparación para las víctimas
Precisamente a las víctimas de aquel conflicto ha dedicado buena parte de su intervención la vicepresidenta de la asociación ‘Memoria y Libertad’, Antonia Amate, defendiendo la necesidad de «recuperar la memoria de los hombres y mujeres que defendieron la II República con su vida».
Amate ha recordado a «aquellos que dieron su vida por defender los valores democráticos que consagró la Constitución de 1931: a los que perecieron, a los que sobrevivieron y sufrieron las represalias y, sobre todo, a aquellos que fueron ejecutados y enterrados en pozos, cunetas y fosas comunes, sin que a día de hoy hayan tenido un entierro digno». «La II República no sólo fue una forma de organización del Estado, también fue solidaridad, libertad, democracia, igualdad y justicia, unos valores que deberían ser tan actuales hoy como entonces», ha defendido. Por ello, Amate ha pedido «el retorno de la ética que presidió la II República» y ha insistido en la importancia de que se haga «justicia con quienes con tanto arrojo y dignidad la defendieron».
En este sentido, Antonio Amérigo, secretario de Ideas de la ejecutiva provincial del PSOE, ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno andaluz para impulsar la Ley de Memoria Democrática, que se encuentra actualmente en fase parlamentaria. Amérigo ha asegurado que el objetivo último de esta ley es «hacer justicia y que los hechos injustos queden reflejados como injustos». Según ha explicado, la futura ley definirá la memoria democrática como «el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, como garantías para que nunca más se repitan hechos similares». «Conocer la verdad es la única manera de evitar volver al pasado y, en ese sentido, ésta será una Ley con vocación de construir futuro», ha concluido.
Problemas de memoria
Resulta, no obstante, paradójico que un grupo denominado 'de memoria' se muestre incapaz de recordar aspectos tan significativos de aquel periodo histórico como la severa restricción de libertades civiles, especialmente de expresión y prensa, que representó la Ley de Defensa de la República, de 21 de octubre de 1931, que permitía encarcelar indefinidamente a quienes fueran considerados autores de «actos de agresión a la República», contándose como tales, entre otros, «la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público», «toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones del Estado» o «la apología del régimen monárquico».
De igual modo, la ley facultaba al Gobierno para, sin necesidad de mandato, intervención o tutela judicial alguna, «clausurar los centros o asociaciones que se considere incitan a la realización de actos de agresión contra la República», o «para intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de fondos» de cualquier asociación.
Los socialistas almerienses parecen olvidar asimismo la feroz oposición de destacados miembros de su partido al sufragio femenino en 1931, entre los que se encontraba Margarita Nelken, primera diputada del PSOE, para quien «poner un voto en manos de la mujer» suponía «realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario».
Tampoco recuerdan o consideran digno de mención el grado de violencia política vivido en la España de aquel periodo, que dejó en torno a 2.000 muertos en cinco años, a los que contribuyó de manera notable el Partido Socialista durante el intento de golpe de Estado que protagonizó en 1934 junto a la UGT, la CNT, la FAI y el PCE, y que perseguía la sustitución de la II República por un régimen comunista.
«Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos», confesaba en una carta el presidente de la República Manuel Azaña en marzo de 1936.
Por último, olvidan el retroceso que supuso para la libertad de culto, con la quema de decenas de iglesias, monasterios y conventos —a modo de anécdota, recodar que en la ciudad de Almería se llegó a fusilar la estatua del Sagrado Corazón en los prolegómenos de la Guerra Civil—, o la prohibición de órdenes religiosas, que originó un importante problema educativo al cerrarse gran parte de colegios administrados por ellas.
Según detalla el partido en un comunicado, la ceremonia «ha servido para recordar los valores de solidaridad, libertad, democracia, igualdad y justicia que estuvieron en la base de la II República y para reivindicar la necesidad de que se repare la memoria de aquellos que murieron por defenderla».
La apertura ha corrido a cargo del secretario general del PSOE de Alhama, Salvador López, que ha recordado la tradición republicana del municipio, que «tuvo como máximo exponente a Nicolás Salmerón, alhameño y presidente del Poder Ejecutivo en la I República; continuó con sus hijos, que fueron diputados por Almería durante la II República; y se perpetuó con los centenares de alhameños que siguieron sus enseñanzas, muchos de los cuales fueron duramente represaliados al final de la Guerra Civil o se vieron obligados a tomar el camino del exilio»
.
Por su parte, Fernando Martínez, secretario general del PSOE de la capital y coordinador del grupo de memoria histórica del PSOE provincial, ha apuntado que la II República introdujo la democracia en España por segunda vez, «después de décadas de caciquismo y control de la vida política y social por parte de una oligarquía terrateniente y financiera».
Entre los mayores logros de aquel periodo, Martínez ha señalado que la II República «dio el voto a las mujeres y las hizo ciudadanas; puso como objetivo fundamental la educación de la ciudadanía, combatiendo el analfabetismo y promoviendo una escuela laica; impulsó la separación de la Iglesia y el Estado; y estableció los jurados mixtos para regular la vida laboral y el entendimiento entre obreros y patronos bajo la tutela del Estado». «Aquella Republica de trabajadores de toda clase pensó también en cómo dignificar la vida del campesinado español, doblegando a los caciques locales, a través de las ley de términos municipales y planteando una reforma agraria que diera vida y dignidad a las familias campesinas», ha recordado.
«La II República abrió el proceso de modernización para España, equiparándonos con el occidente europeo», ha resumido, antes de que fuera «interrumpida por un golpe de militares rebeldes y una derecha que no se había resignado a perder su hegemonía caciquil sobre el conjunto de las clases sociales españolas».
Reparación para las víctimas
Precisamente a las víctimas de aquel conflicto ha dedicado buena parte de su intervención la vicepresidenta de la asociación ‘Memoria y Libertad’, Antonia Amate, defendiendo la necesidad de «recuperar la memoria de los hombres y mujeres que defendieron la II República con su vida».
Amate ha recordado a «aquellos que dieron su vida por defender los valores democráticos que consagró la Constitución de 1931: a los que perecieron, a los que sobrevivieron y sufrieron las represalias y, sobre todo, a aquellos que fueron ejecutados y enterrados en pozos, cunetas y fosas comunes, sin que a día de hoy hayan tenido un entierro digno». «La II República no sólo fue una forma de organización del Estado, también fue solidaridad, libertad, democracia, igualdad y justicia, unos valores que deberían ser tan actuales hoy como entonces», ha defendido. Por ello, Amate ha pedido «el retorno de la ética que presidió la II República» y ha insistido en la importancia de que se haga «justicia con quienes con tanto arrojo y dignidad la defendieron».
En este sentido, Antonio Amérigo, secretario de Ideas de la ejecutiva provincial del PSOE, ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno andaluz para impulsar la Ley de Memoria Democrática, que se encuentra actualmente en fase parlamentaria. Amérigo ha asegurado que el objetivo último de esta ley es «hacer justicia y que los hechos injustos queden reflejados como injustos». Según ha explicado, la futura ley definirá la memoria democrática como «el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, como garantías para que nunca más se repitan hechos similares». «Conocer la verdad es la única manera de evitar volver al pasado y, en ese sentido, ésta será una Ley con vocación de construir futuro», ha concluido.
Problemas de memoria
Resulta, no obstante, paradójico que un grupo denominado 'de memoria' se muestre incapaz de recordar aspectos tan significativos de aquel periodo histórico como la severa restricción de libertades civiles, especialmente de expresión y prensa, que representó la Ley de Defensa de la República, de 21 de octubre de 1931, que permitía encarcelar indefinidamente a quienes fueran considerados autores de «actos de agresión a la República», contándose como tales, entre otros, «la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público», «toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones del Estado» o «la apología del régimen monárquico».
De igual modo, la ley facultaba al Gobierno para, sin necesidad de mandato, intervención o tutela judicial alguna, «clausurar los centros o asociaciones que se considere incitan a la realización de actos de agresión contra la República», o «para intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de fondos» de cualquier asociación.
Los socialistas almerienses parecen olvidar asimismo la feroz oposición de destacados miembros de su partido al sufragio femenino en 1931, entre los que se encontraba Margarita Nelken, primera diputada del PSOE, para quien «poner un voto en manos de la mujer» suponía «realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario».
Tampoco recuerdan o consideran digno de mención el grado de violencia política vivido en la España de aquel periodo, que dejó en torno a 2.000 muertos en cinco años, a los que contribuyó de manera notable el Partido Socialista durante el intento de golpe de Estado que protagonizó en 1934 junto a la UGT, la CNT, la FAI y el PCE, y que perseguía la sustitución de la II República por un régimen comunista.
«Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos», confesaba en una carta el presidente de la República Manuel Azaña en marzo de 1936.
Por último, olvidan el retroceso que supuso para la libertad de culto, con la quema de decenas de iglesias, monasterios y conventos —a modo de anécdota, recodar que en la ciudad de Almería se llegó a fusilar la estatua del Sagrado Corazón en los prolegómenos de la Guerra Civil—, o la prohibición de órdenes religiosas, que originó un importante problema educativo al cerrarse gran parte de colegios administrados por ellas.
