El Ayuntamiento afirma que corresponde a los propietarios del suelo de Torrecárdenas volver a reparcelar el suelo

Al tiempo que pide «prudencia y responsabilidad» a los miembros de la oposición a la hora de generar «dudas o incertidumbres respecto a la actuación municipal»


Miguel Ángel Castellón, concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Almería.

EUROPA PRESS / 22·04·2016

El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón (PP), ha defendido este jueves la actuación seguida por el Consistorio capitalino respecto a las condiciones de reparcelación del sector SUO-MNO-05 del PGOU, en la zona de Torrecárdenas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya anulado el proyecto de reparcelación del terreno en el que la empresa Bogaris tiene proyectado un centro comercial.

El edil popular ha subrayado que «el equipo de gobierno defenderá, como siempre ha hecho, los intereses de la ciudad respecto a esta resolución», si bien ha advertido que «corresponde a los propietarios de este sector, como ya hicieran anteriormente, presentar un nuevo proyecto de reparcelación que cumpla con las exigencias puestas de manifiesto por el TSJA».

En una nota, Castellón ha incidido en que la junta de compensación del sector adjudicó al Ayuntamiento la cesión del 15 por ciento de suelo acordada en el convenio urbanístico suscrito en 2006, así como 42.225 unidades de aprovechamiento que se desglosaron en 24.450,00 unidades de aprovechamiento de uso terciario, y 21.618,25 unidades de aprovechamiento de uso residencial VPO.

«Los servicios jurídicos están estudiando ya el resultado de esta sentencia y su repercusión para el Ayuntamiento antes de adoptar cualquier decisión», ha apuntado el concejal, quien ha añadido que por parte del equipo de gobierno «no ha habido ni habrá ningún problema para que se convoque la comisión informativa de Vivienda y Desarrollo Urbano», según han solicitado algunos grupos.

No obstante, ha pedido «prudencia y responsabilidad» a los miembros de la oposición a la hora de generar «dudas o incertidumbres respecto a la actuación municipal». El responsable de Urbanismo ha abogado por «la máxima transparencia y la defensa de los intereses municipales» respecto a las consecuencias de la sentencia, y ha insistido en que los servicios jurídicos «están estudiando el contenido de la sentencia de forma que pueda actuarse en consecuencia y con todas las garantías jurídicas».