El acusado, responsable de una gestoría de la capital, utilizó los datos de uno de sus clientes para formalizar las contrataciones
 |
| Audiencia Provincial de Almería. | Archivo. |
EUROPA PRESS / 22·04·2016
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión al responsable de una gestoría de Almería capital que proporcionó contratos de trabajo fraudulentos a dos inmigrantes en situación irregular a cambio de dinero.
La sentencia considera a A.C.N., responsable de la gestoría con el mismo nombre, autor de un delito de falsedad en documento oficial en concurso, así como de un delito continuado de estafa agravada. Por ello, la Audiencia Provincial le ha impuesto, además de la pena privativa de libertad, una multa de diez meses y 16 días a razón de una cuota diaria de 20 euros.
Según recoge la resolución, recurrida en casación al Tribunal Supremo (TS), el acusado solicitó en el año 2010 a una ciudadana marroquí la cantidad de 1.200 euros, que ésta le pagó en efectivo, a cambio de hacerle entrega de la documentación necesaria para que pudiera solicitar la residencia legal en España. No obstante, el acusado utilizaba para ello los datos de una empresa de maquinaría y frío industrial, sin que esta lo supiera.
Ese mismo año, según consta en el fallo, entregó a otra ciudadana, también magrebí, un contrato de trabajo «ficticio» a cambio de 450 euros, haciendo constar en este una contratación laboral «para la prestación de trabajos inexistentes» y en el que «simuló», además, en presencia del estafado —la firma del empresario citado anteriormente—, ya que puso su mercantil como contratante.
Por todo ello, el tribunal considera que A.N.C. incurrió en la agravante relativa al abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudados, y en aprovechamiento de su credibilidad empresarial y profesional, puesto que regentaba una gestoría con una amplia clientela, «presuponiéndosele una rectitud determinantes de la confianza que los perjudicados depositaron en él a fin de lograr la regularización de su situación en España».
En esta línea, la resolución judicial añade que perpetró su actuación «aprovechando» que su gestoría llevaba los asuntos del empresario, todo lo referente a la contabilidad y los datos fiscales de la sociedad que usó, «y haciendo creer a las víctimas que podrían reunir con su gestión los requisitos» para el objetivo que ambos pretendían.
Por último, la sentencia resalta que los perjudicados declararon en sede judicial que el acusado les había ofrecido dinero a cambio de retirar la denuncia, en concreto, 1.500 euros a la ciudadana marroquí, que «rechazó de plano», y 450 euros a la otra mujer perjudicada, que reconoció haberlos aceptado para renunciar a las acciones civiles y penales que pudieran asistirle.
La sentencia considera a A.C.N., responsable de la gestoría con el mismo nombre, autor de un delito de falsedad en documento oficial en concurso, así como de un delito continuado de estafa agravada. Por ello, la Audiencia Provincial le ha impuesto, además de la pena privativa de libertad, una multa de diez meses y 16 días a razón de una cuota diaria de 20 euros.
Según recoge la resolución, recurrida en casación al Tribunal Supremo (TS), el acusado solicitó en el año 2010 a una ciudadana marroquí la cantidad de 1.200 euros, que ésta le pagó en efectivo, a cambio de hacerle entrega de la documentación necesaria para que pudiera solicitar la residencia legal en España. No obstante, el acusado utilizaba para ello los datos de una empresa de maquinaría y frío industrial, sin que esta lo supiera.
Ese mismo año, según consta en el fallo, entregó a otra ciudadana, también magrebí, un contrato de trabajo «ficticio» a cambio de 450 euros, haciendo constar en este una contratación laboral «para la prestación de trabajos inexistentes» y en el que «simuló», además, en presencia del estafado —la firma del empresario citado anteriormente—, ya que puso su mercantil como contratante.
Por todo ello, el tribunal considera que A.N.C. incurrió en la agravante relativa al abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudados, y en aprovechamiento de su credibilidad empresarial y profesional, puesto que regentaba una gestoría con una amplia clientela, «presuponiéndosele una rectitud determinantes de la confianza que los perjudicados depositaron en él a fin de lograr la regularización de su situación en España».
En esta línea, la resolución judicial añade que perpetró su actuación «aprovechando» que su gestoría llevaba los asuntos del empresario, todo lo referente a la contabilidad y los datos fiscales de la sociedad que usó, «y haciendo creer a las víctimas que podrían reunir con su gestión los requisitos» para el objetivo que ambos pretendían.
Por último, la sentencia resalta que los perjudicados declararon en sede judicial que el acusado les había ofrecido dinero a cambio de retirar la denuncia, en concreto, 1.500 euros a la ciudadana marroquí, que «rechazó de plano», y 450 euros a la otra mujer perjudicada, que reconoció haberlos aceptado para renunciar a las acciones civiles y penales que pudieran asistirle.
