La Fiscalía denuncia la adjudicación de la obra para reforzar la Rambla de Albox

El Ministerio Público solicita una investigación sobre el contrato suscrito en 2007 por el exalcalde José García (PSOE) y valorado en más de 380.000 euros



EUROPA PRESS / 06·05·2015

La Fiscalía ha formulado denuncia para que se judicialice la investigación sobre el proyecto para reforzar los muros de contención del cauce de la Rambla de Albox a su paso por el municipio. Se trata de un contrato administrativo suscrito en 2007 por el Ayuntamiento bajo mandato del exalcalde, José García (PSOE), y la mercantil Alcaina Estudio de Arquitectura SL.

El decreto del Ministerio Público interesa la incoación de procedimiento penal después de la denuncia presentada por el grupo municipal del PP, y solicita la práctica de varias diligencias en aras de comprobar los hechos relatados y averiguación de sus responsables.

Así, interesa que el juzgado instructor solicite al Ayuntamiento de Albox que aporte copia testimoniada del expediente administrativo en base al que se suscribió —el 18 de octubre de 2007— y que, una vez esté aportado, se tome declaración como testigos a los administradores de las otras dos mercantiles que, supuestamente, concurrieron al concurso.

La Fiscalía pretende que se pronuncien, según explica, para aclarar si ellos «participaron o no el proceso de adjudicación» e, igualmente, se pronuncien sobre «los vínculos personales a los que se refiere el denunciante». En concreto, el PP indicó que Cypesur Ingenieros SL, según consta en el Registro Mercantil, «es propiedad de uno de los titulares de Alcaina Estudios de Ingeniería SL».

Al hilo de esto, solicita que «si se confirman las irregularidades denunciadas», se le tome declaración como imputados «al cargo o cargos públicos del Ayuntamiento de Albox que, por resolución administrativa verbal o escrita, hayan tomado el acuerdo de adjudicar a la mercantil Alcaina Estudios de Ingeniería SL el citado proyecto» por valor de 387.231,20 euros.

El expediente de la adjudicación de esta obra es uno de los tres a los que supuestamente denegó el acceso en «repetidas» ocasiones al PP el actual alcalde, Rogelio Mena (PSOE), y por lo que será enjuiciado en junio por un presunto delito contra los derechos cívicos por el que se enfrenta a dos años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público.