El Juzgado de lo Penal impone al popular Antonio Martos una pena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación, aunque la sentencia se puede recurrir
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| La Ciudad de la Justicia de Almería alberga el Juzgado de lo Penal que ha impuesto la pena. |
EUROPA PRESS / 05·05·2015
El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público al alcalde de Taberno y candidato a la reelección, Antonio Martos (PP). El primer edil estaba acusado de un delito de prevaricación urbanística después de que votara a favor de una licencia de rehabilitación para la construcción de una nueva vivienda en un terreno no urbanizable que él mismo, a través de su propia empresa, había vendido previamente a una ciudadana belga.
La sentencia —que no es firme y por tanto puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial— condena también al actual regidor a una multa de 12 meses a razón de cinco euros diarios al tiempo que lo absuelve de un delito de negociaciones prohibidas, debido a que la responsabilidad criminal ha prescrito ante unos hechos que tuvieron lugar en 2008. Pese a ello, el juez considera que «no hay duda de que el delito se ha cometido», pues «quien vende un terreno y hace funciones de asesoramiento, no puede luego votar en el pleno en el que se concede la licencia».
El fallo condena también a seis meses de prisión y doce meses de multa a razón de cinco euros por día al promotor de la obra, J.J.L., por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que absuelve a la propietaria del terreno, así como al arquitecto, al aparejador, el constructor y todos los miembros de la corporación que votaron a favor de la concesión de la licencia de rehabilitación, así como a la secretaria municipal.
El magistrado Luis Columna estima que los miembros de la Corporación, entonces presidida por el socialista José Manuel Rodríguez Quiles, concedieron la licencia «correctamente», con independencia «de lo que después se hiciera», con lo que defiende que todos, salvo Martos, creían que el permiso era para únicamente rehabilitar un cortijo en ruinas de 57 metros cuadrados en lugar de para construir una nueva vivienda de 189 metros cuadrados, que se levantó tras la demolición de la primera construcción y en una ubicación distinta a la original.
La sentencia —que no es firme y por tanto puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial— condena también al actual regidor a una multa de 12 meses a razón de cinco euros diarios al tiempo que lo absuelve de un delito de negociaciones prohibidas, debido a que la responsabilidad criminal ha prescrito ante unos hechos que tuvieron lugar en 2008. Pese a ello, el juez considera que «no hay duda de que el delito se ha cometido», pues «quien vende un terreno y hace funciones de asesoramiento, no puede luego votar en el pleno en el que se concede la licencia».
El fallo condena también a seis meses de prisión y doce meses de multa a razón de cinco euros por día al promotor de la obra, J.J.L., por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que absuelve a la propietaria del terreno, así como al arquitecto, al aparejador, el constructor y todos los miembros de la corporación que votaron a favor de la concesión de la licencia de rehabilitación, así como a la secretaria municipal.
El magistrado Luis Columna estima que los miembros de la Corporación, entonces presidida por el socialista José Manuel Rodríguez Quiles, concedieron la licencia «correctamente», con independencia «de lo que después se hiciera», con lo que defiende que todos, salvo Martos, creían que el permiso era para únicamente rehabilitar un cortijo en ruinas de 57 metros cuadrados en lugar de para construir una nueva vivienda de 189 metros cuadrados, que se levantó tras la demolición de la primera construcción y en una ubicación distinta a la original.
