La Junta de Andalucía recurrió el auto que acordaba el desglose de la causa en 16 procedimientos, uno por cada empresa implicada
EUROPA PRESS / 11·04·2015
El presunto fraude en las subvenciones de la Junta para cursos de formación en la provincia será investigado por los seis juzgados de instrucción de los que consta el partido judicial de Almería, después de que la juez que se hizo cargo inicialmente de las diligencias previas, a instancias de la Fiscalía, acordase el desglose de la causa en 16 procedimientos, uno por cada una de las empresas implicadas.
El Decanato de los Juzgados de Almería ha repartido lo actuado a lo largo de nueve meses bajo secreto, incluidos los informes de la Policía Nacional derivados de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', por lo que todos los órganos tendrán competencia para dirimir si se produjeron irregularidades en la concesión de subvenciones, y si se incurrió en los delitos de fraude en subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
Cabe recordar que la juez María del Mar Cruz acordó en un auto dictado el pasado día 26 «desglosar» la causa de acuerdo a los 16 informes emitidos por la Policía Nacional, y fundamentó su decisión en que la no existencia de «relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades, ni entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos». Concluyó, así, que no habría «razón alguna» que aconsejase «la continuación del trámite en un único procedimiento».
Por el contrario, la Junta de Andalucía ha recurrido esta determinación ya que estima, por un lado, que los delitos que se investigan tienen «conexión entre sí» y pueden ser instruidos en «un único sumario», y, por otro, que la apertura de hasta 16 procedimientos podría «dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia».
Fuentes judiciales han indicado que el Juzgado de Instrucción número 1 ha asumido la investigación de las mercantiles Aplinfo Almería, Abakan Formación y Centro de Formación Indalo; mientras que en el número 2 ha recaído lo actuado con respecto a Quintaventos SL; Academia Infosol y Formación Hostelera del Sur, y en el número 3, Granaforma e Infocentro.
La empresa Naos Consultora Información será investigada por el Juzgado de Instrucción número 5, al tiempo que el número 6 se hará cargo de Hostelería y Formación Indalo, e Inmecamar. El Juzgado de Instrucción número 4 asumirá las investigaciones relacionadas con la mercantil 'Centro de Estudios Andarax SL'.
En su recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de desglosar la causa, la Junta advierte del «peligro» del dictado de «resoluciones contradictorias», y señala que «podría darse el caso» de que unas «mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos». «Y ello en 15 sumarios y causas distintas», apuntilla.
Sin embargo, la magistrada entendió que, «por el contrario«, es «procedente la tramitación de un procedimiento separado por cada una de las mercantiles y sus correspondientes responsables para evitar la complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma».
Por otro lado, La Junta, personada en las diligencias previas incoadas en julio de 2014, afirma que, de lo investigado, se desprende que «todas las empresas objeto de investigación son beneficiarias de subvenciones, convocadas hasta donde sabemos en virtud de una misma resolución» y que los delitos investigados «guardan relación entre si, sea porque hubiera precedido concierto entre algunas de las personas implicadas, sea porque los delitos supuestamente cometidos sirvan como medio para perpetrar o facilitar su ejecución, sea porque entre los diversos delitos exista analogía».
No obstante, propone que, si se requiriera para «facilitar las actuaciones», establecer «cierta separación» por razón de los imputados, se opte por la tramitación de «piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados» por ser más conforme con la finalidad de la investigación».
Empresas investigadas
Las empresas implicadas, tal y como se detalla en el auto recurrido, son Centro de Estudios Andarax SL; Granaforma SL; Allinfo Almería SL; Sicma Andalucía SL; Infocentro; Centro de Estudios Informáticos SL; Quintaeventos SL; Hostelería y Formación Indalo SL; Indalo Formación y Empleo SL; Inmecamar SL; Academia Infosol SL; Abakan Formación SL; Centro de Formación Indalo SL; Naos Consultoría e Información SL; Formación Hostelería del Sur SL; y Profesional de Salvamento y Socorrismo SL. El importe del presunto fraude ascendería inicialmente a «más de 4,9 millones de euros».
La investigación saltó a los medios de comunicación durante los meses en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los de los concejales José Luis Leseduarte —PSOE de Vícar— y Juan Fernando Ortega —PSOE de Roquetas de Mar—, quien renunció a su acta de edil y solicitó su baja del partido.
La Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación, realizado a través de 13 empresas en 2010 y 2011, y con cargo a la partida presupuestaria 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas, de una persona vinculada a una empresa de Jaén.
En la denuncia que dio lugar al inicio de la causa, la Fiscalía apreció la existencia de indicios apuntaban a que «en la mayoría» de los beneficiarios de las ayudas se producían «graves incumplimientos de los requisitos» que la legislación establece, y señalaban, «como más destacadas», el incumplimiento «generalizado del compromiso de contratación», la práctica de «caza de subvenciones», y la «falta de solvencia» y «experiencia» en formación de algunas de las personas y empresas que recibían «la ayuda pública».
El Decanato de los Juzgados de Almería ha repartido lo actuado a lo largo de nueve meses bajo secreto, incluidos los informes de la Policía Nacional derivados de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', por lo que todos los órganos tendrán competencia para dirimir si se produjeron irregularidades en la concesión de subvenciones, y si se incurrió en los delitos de fraude en subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
Cabe recordar que la juez María del Mar Cruz acordó en un auto dictado el pasado día 26 «desglosar» la causa de acuerdo a los 16 informes emitidos por la Policía Nacional, y fundamentó su decisión en que la no existencia de «relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades, ni entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos». Concluyó, así, que no habría «razón alguna» que aconsejase «la continuación del trámite en un único procedimiento».
Por el contrario, la Junta de Andalucía ha recurrido esta determinación ya que estima, por un lado, que los delitos que se investigan tienen «conexión entre sí» y pueden ser instruidos en «un único sumario», y, por otro, que la apertura de hasta 16 procedimientos podría «dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia».
Fuentes judiciales han indicado que el Juzgado de Instrucción número 1 ha asumido la investigación de las mercantiles Aplinfo Almería, Abakan Formación y Centro de Formación Indalo; mientras que en el número 2 ha recaído lo actuado con respecto a Quintaventos SL; Academia Infosol y Formación Hostelera del Sur, y en el número 3, Granaforma e Infocentro.
La empresa Naos Consultora Información será investigada por el Juzgado de Instrucción número 5, al tiempo que el número 6 se hará cargo de Hostelería y Formación Indalo, e Inmecamar. El Juzgado de Instrucción número 4 asumirá las investigaciones relacionadas con la mercantil 'Centro de Estudios Andarax SL'.
En su recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de desglosar la causa, la Junta advierte del «peligro» del dictado de «resoluciones contradictorias», y señala que «podría darse el caso» de que unas «mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos». «Y ello en 15 sumarios y causas distintas», apuntilla.
Sin embargo, la magistrada entendió que, «por el contrario«, es «procedente la tramitación de un procedimiento separado por cada una de las mercantiles y sus correspondientes responsables para evitar la complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma».
Por otro lado, La Junta, personada en las diligencias previas incoadas en julio de 2014, afirma que, de lo investigado, se desprende que «todas las empresas objeto de investigación son beneficiarias de subvenciones, convocadas hasta donde sabemos en virtud de una misma resolución» y que los delitos investigados «guardan relación entre si, sea porque hubiera precedido concierto entre algunas de las personas implicadas, sea porque los delitos supuestamente cometidos sirvan como medio para perpetrar o facilitar su ejecución, sea porque entre los diversos delitos exista analogía».
No obstante, propone que, si se requiriera para «facilitar las actuaciones», establecer «cierta separación» por razón de los imputados, se opte por la tramitación de «piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados» por ser más conforme con la finalidad de la investigación».
Empresas investigadas
Las empresas implicadas, tal y como se detalla en el auto recurrido, son Centro de Estudios Andarax SL; Granaforma SL; Allinfo Almería SL; Sicma Andalucía SL; Infocentro; Centro de Estudios Informáticos SL; Quintaeventos SL; Hostelería y Formación Indalo SL; Indalo Formación y Empleo SL; Inmecamar SL; Academia Infosol SL; Abakan Formación SL; Centro de Formación Indalo SL; Naos Consultoría e Información SL; Formación Hostelería del Sur SL; y Profesional de Salvamento y Socorrismo SL. El importe del presunto fraude ascendería inicialmente a «más de 4,9 millones de euros».
La investigación saltó a los medios de comunicación durante los meses en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los de los concejales José Luis Leseduarte —PSOE de Vícar— y Juan Fernando Ortega —PSOE de Roquetas de Mar—, quien renunció a su acta de edil y solicitó su baja del partido.
La Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación, realizado a través de 13 empresas en 2010 y 2011, y con cargo a la partida presupuestaria 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas, de una persona vinculada a una empresa de Jaén.
En la denuncia que dio lugar al inicio de la causa, la Fiscalía apreció la existencia de indicios apuntaban a que «en la mayoría» de los beneficiarios de las ayudas se producían «graves incumplimientos de los requisitos» que la legislación establece, y señalaban, «como más destacadas», el incumplimiento «generalizado del compromiso de contratación», la práctica de «caza de subvenciones», y la «falta de solvencia» y «experiencia» en formación de algunas de las personas y empresas que recibían «la ayuda pública».
