El juzgado de Instrucción de Roquetas aún se tiene que pronunciar sobre la continuidad o el sobreseimiento de la causa judicial
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| Gabriel Amat (PP) atiene a los medios en la Diputación Provincial. |
EUROPA PRESS / 08·04·2015
El alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat (PP), se ha mostrado «satisfecho» después de que la Fiscalía solicitara el sobreseimiento del caso 'Fabriquilla' al no apreciar «ilícito penal» en la aprobación, en mayo de 2007, de una licencia que permitió la construcción de diez chalés en una finca roquetera.
En declaraciones a los periodistas, Amat se ha pronunciado abiertamente sobre este caso por el que, tanto él como cinco concejales y un exedil, tuvieron que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas, quien aún se tiene que pronunciar sobre la continuidad o sobreseimiento del procedimiento.
«Hemos aguantado carros y carretas de algunos políticos no respetuosos con las decisiones que tiene que tomar la justicia», ha manifestado el político, quien espera que las personas que acusaron «indebidamente» tanto a él como a su equipo «rectifiquen» y pidan «perdón públicamente» cuando «llegue el momento».
Además, ha considerado que «rectificar es de sabios», por lo que cree que los políticos «que han sido irrespetuosos con la justicia deben pedir perdón» por haber «difamado» y haberse «equivocado».
De este modo, ha vuelto a defender la actuación realizada por su equipo de Gobierno en relación al expediente urbanístico que ha dado origen a las actuaciones por contar con los «informes favorables» y el «visto bueno» por «unanimidad» de la comisión de Urbanismo, en la que también participaron ediles de PSOE e Indapa.
«La comisión de gobierno en ese momento no podía decir que no, porque hubiéramos prevaricado y eso lo avalan los informes que se han presentado», ha remarcado Amat, quien ha repasado los documentos elevados por su defensa en el proceso para avalar la actuación municipal.
La pieza, separada en el marco de una causa que investiga actualmente un presunto entramado societario, se inició en enero de 2012 después de que el Ministerio Público considerara que debía ser investigado el acto administrativo por el que se autorizó «de una forma no legal» la obra en una zona donde «no se podía autorizar».
Con esto, Amat ha confesado que no le gusta «tener que ir a declarar» por este caso, si bien ha reconocido que era su «obligación». Por último, ha considerado que el fiscal «ha hecho lo que tenía que hacer bajo su punto de vista y criterio» al no oponerse al archivo de la causa.
En declaraciones a los periodistas, Amat se ha pronunciado abiertamente sobre este caso por el que, tanto él como cinco concejales y un exedil, tuvieron que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas, quien aún se tiene que pronunciar sobre la continuidad o sobreseimiento del procedimiento.
«Hemos aguantado carros y carretas de algunos políticos no respetuosos con las decisiones que tiene que tomar la justicia», ha manifestado el político, quien espera que las personas que acusaron «indebidamente» tanto a él como a su equipo «rectifiquen» y pidan «perdón públicamente» cuando «llegue el momento».
Además, ha considerado que «rectificar es de sabios», por lo que cree que los políticos «que han sido irrespetuosos con la justicia deben pedir perdón» por haber «difamado» y haberse «equivocado».
De este modo, ha vuelto a defender la actuación realizada por su equipo de Gobierno en relación al expediente urbanístico que ha dado origen a las actuaciones por contar con los «informes favorables» y el «visto bueno» por «unanimidad» de la comisión de Urbanismo, en la que también participaron ediles de PSOE e Indapa.
«La comisión de gobierno en ese momento no podía decir que no, porque hubiéramos prevaricado y eso lo avalan los informes que se han presentado», ha remarcado Amat, quien ha repasado los documentos elevados por su defensa en el proceso para avalar la actuación municipal.
La pieza, separada en el marco de una causa que investiga actualmente un presunto entramado societario, se inició en enero de 2012 después de que el Ministerio Público considerara que debía ser investigado el acto administrativo por el que se autorizó «de una forma no legal» la obra en una zona donde «no se podía autorizar».
Con esto, Amat ha confesado que no le gusta «tener que ir a declarar» por este caso, si bien ha reconocido que era su «obligación». Por último, ha considerado que el fiscal «ha hecho lo que tenía que hacer bajo su punto de vista y criterio» al no oponerse al archivo de la causa.
