La propuesta ha sido apoyada por la plataforma Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), integrada principalmente por ciudadanos británicos que invirtieron en este tipo de viviendas
EUROPA PRESS / 11·03·2015
El Grupo Parlamentario del PSOE va a solicitar este miércoles en el Senado la aprobación de una enmienda en la reforma del Código Penal que permita la detención de la demolición de viviendas ilegales, adquiridas por compradores de buena fe, hasta que éstos no sean indemnizados.
La medida, que se debatirá un día antes de lo previsto, tiene por objetivo garantizar o bien la vivienda o bien una indemnización a los afectados por la construcción de 300.000 casas en terrenos no urbanizables en Andalucía y del resto del territorio español.
En concreto, el texto propone la introducción de una enmienda al artículo único 169 por el que se modificaría la redacción del apartado 3 del artículo 319 bis con el objetivo de que «en cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, que se deberán garantizar, en todo caso, como condición previa la demolición».
En este sentido, el texto propuesto apunta que «para el caso de que no se pueda garantizar dicha indemnización no se podrá ordenar la demolición», lo que obligaría en ese caso a mantener las viviendas, muchas de ellas adquiridas por ciudadanos británicos, pese a su ilegalidad al encontrarse en suelos no aptos para la edificación residencial.
La propuesta ha sido apoyada por la plataforma Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), integrada principalmente por ciudadanos británicos que invirtieron en este tipo de viviendas. El representante de la asociación ha apelado «a la conciencia de los miembros de todos los partidos» para que apoyen la enmienda que «haría un bien a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto».
«Ojalá no lleguemos a ver a más gente en la calle sin dinero y con su casa demolida», ha apuntado el portavoz, quien ha pedido a los partidos que «dejen a un lado la contienda política y ayuden a los afectados», después de que el grupo popular votara en contra de esta medida durante la comisión de Justicia.
La medida, que se debatirá un día antes de lo previsto, tiene por objetivo garantizar o bien la vivienda o bien una indemnización a los afectados por la construcción de 300.000 casas en terrenos no urbanizables en Andalucía y del resto del territorio español.
En concreto, el texto propone la introducción de una enmienda al artículo único 169 por el que se modificaría la redacción del apartado 3 del artículo 319 bis con el objetivo de que «en cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, que se deberán garantizar, en todo caso, como condición previa la demolición».
En este sentido, el texto propuesto apunta que «para el caso de que no se pueda garantizar dicha indemnización no se podrá ordenar la demolición», lo que obligaría en ese caso a mantener las viviendas, muchas de ellas adquiridas por ciudadanos británicos, pese a su ilegalidad al encontrarse en suelos no aptos para la edificación residencial.
La propuesta ha sido apoyada por la plataforma Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), integrada principalmente por ciudadanos británicos que invirtieron en este tipo de viviendas. El representante de la asociación ha apelado «a la conciencia de los miembros de todos los partidos» para que apoyen la enmienda que «haría un bien a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto».
«Ojalá no lleguemos a ver a más gente en la calle sin dinero y con su casa demolida», ha apuntado el portavoz, quien ha pedido a los partidos que «dejen a un lado la contienda política y ayuden a los afectados», después de que el grupo popular votara en contra de esta medida durante la comisión de Justicia.
