Una auditoría externa cifró la supuesta estafa de los administradores de la cooperativa agrícola en tres millones de euros
EUROPA PRESS/ 23·03·2015
La juez que investiga una presunta estafa millonaria en el seno de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) —bajo mandato del expresidente José María Andújar— ha ordenado un informe pericial para determinar el alcance del supuesto fraude que una auditoria externa cifra en alrededor de «1,2 millones de euros» por «sobreprecio» en el tomate cocktail y de «1,8 millones» en facturas y gastos cuya procedencia se pone en duda.
La resolución acuerda, además de designar un auditor de cuentas para la elaboración de la citada pericial, investigar al Consejo Rector para dirimir si autorizó los pagos bajo sospecha, cuántos autorizó y si, por tanto, adoptó decisiones que derivaron en «un perjuicio económico a los socios y en qué cuantía», según han indicado fuentes judiciales.
Las nuevas diligencias ordenadas en el marco de este procedimiento se producen a raíz de la segunda declaración en sede judicial en calidad de imputado de Andújar, quien compareció el 3 de febrero citado por la juez para ser interrogado por el contenido de la auditoría externa incorporada como pericial de parte de una de las acusaciones particulares. Cabe recordar que esa auditoría externa aportada a la causa, en la que también está imputado el exgerente Antonio González, dio lugar a que se emprendiese una acción de responsabilidad patrimonial cuyo inicio fue aprobado por los socios de la cooperativa en asamblea.
El citado informe, cuyo contenido fue ratificado por los autores a los que se citó en calidad de peritos, indica que el «sobreprecio» cobrado en la variedad de tomate cocktail, que comercializaban presuntamente «en exclusiva» un total de 13 personas físicas y jurídicas del «entorno cercano» a Andújar y a la junta rectora, «incluido él mismo y su mujer», ascendió a 1.231.000 euros en las campañas 2012-2013 y 2013-2014.
La resolución acuerda, además de designar un auditor de cuentas para la elaboración de la citada pericial, investigar al Consejo Rector para dirimir si autorizó los pagos bajo sospecha, cuántos autorizó y si, por tanto, adoptó decisiones que derivaron en «un perjuicio económico a los socios y en qué cuantía», según han indicado fuentes judiciales.
Las nuevas diligencias ordenadas en el marco de este procedimiento se producen a raíz de la segunda declaración en sede judicial en calidad de imputado de Andújar, quien compareció el 3 de febrero citado por la juez para ser interrogado por el contenido de la auditoría externa incorporada como pericial de parte de una de las acusaciones particulares. Cabe recordar que esa auditoría externa aportada a la causa, en la que también está imputado el exgerente Antonio González, dio lugar a que se emprendiese una acción de responsabilidad patrimonial cuyo inicio fue aprobado por los socios de la cooperativa en asamblea.
El citado informe, cuyo contenido fue ratificado por los autores a los que se citó en calidad de peritos, indica que el «sobreprecio» cobrado en la variedad de tomate cocktail, que comercializaban presuntamente «en exclusiva» un total de 13 personas físicas y jurídicas del «entorno cercano» a Andújar y a la junta rectora, «incluido él mismo y su mujer», ascendió a 1.231.000 euros en las campañas 2012-2013 y 2013-2014.
