Articulada a través de la plataforma change.org, la iniciativa pretende alcanzar las 100.000 adhesiones
 |
| Una de las cuatro bombas caídas en Palomares en 1966 |
ALMERÍA HOY / 19·02·2015
La campaña de recogida de firmas impulsada por Ecologistas en Acción para exigir a los gobiernos de España y Estados Unidos que acometan «de una vez» la limpieza y descontaminación de plutonio en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora, ha alcanzado las 30.000 suscripciones en un su primer mes.
La petición, realizada a través de la plataforma www.change.org, se ha iniciado al tiempo que se cumplen 49 años de la caída, en 1966, de cuatro bombas atómicas sobre la zona, como consecuencia del accidente registrado entre un bombardero B52 estadounidense y un avión cisterna.
Un portavoz del colectivo ha confirmado que la campaña ha logrado reunir ya las 30.000 firmas de respaldo, si bien el objetivo de la misma es alcanzar las 100.000.
«Evitar la exposición radiactiva de Palomares exige actuaciones de limpieza y descontaminación ineludibles, y el Gobierno no puede eludir su responsabilidad para proteger a la población», indica el texto de la petición, en el que se remarca que la «mayor parte» del plutonio radiactivo procedente de las bombas atómicas «continúa esparcido por la zona», a excepción del «tres por ciento que se llevaron los norteamericanos en 1966».
Critica, en esta línea, «la falta de interés del Gobierno», y justifica el que se haya decidido iniciar, por parte del colectivo, acciones legales para exigir que se «cumpla la normativa nacional e internacional sobre almacenamiento de material radiactivo».
«No es legalmente posible mantener al aire libre medio kilo de Plutonio, al alcance de cualquiera, y ya nos hemos mantenido expectantes durante estos años ante las falsas esperanzas de traslado del plutonio a EEUU, mientras que un informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) enviado al Congreso de los Diputados habla de peligro para la salud pública el permitir el uso agrícola o urbanístico en las tierras contaminadas, que no fueron cercadas hasta años después», sostiene.
Para Ecologistas en Acción, la medida de impedir el acceso a la zona «no puede ser una solución definitiva», pues los animales silvestres y domésticos entran y salen «llevándose adheridas partículas de plutonio». Por otro lado, según advierten, el plutonio se está transformando en americio, «que es mucho más radiactivo, con el consiguiente aumento del peligro de contaminación».
Una contaminación superior a la de Chernobyl
Hacen referencia en este punto al resultado del trabajo realizado a finales de 2014 por un equipo de científicos en colaboración con la emisora de TV alemana ZDF, en el que analizaron las tierras próximas al cementerio y obtuvieron una medida de 16 millones de becquerelios por metro cuadrado «cuando en Chernobyl no se supera la medida de un millón de becquerelios por metro cuadrado, excepto en el edifico del reactor». «En las tierras donde los científicos alemanes tomaron las mediciones se pueden observar restos de tuberías de riego por goteo», ahondan.
El colectivo critica que el Gobierno que preside Mariano Rajoy esté utilizando «como pretexto» para no limpiar la zona que en España no hay un cementerio nuclear legalmente apto para almacenar esos residuos, y que estos deben ser trasladados a los EEUU «pero los norteamericanos no lo aceptan».
«Lo cierto —sostiene— es que al haber explotado la burbuja inmobiliaria ya no les interesa limpiar los terrenos porque no se van a urbanizar a corto plazo, aunque el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA) sigue clasificando los terrenos radiactivos como urbanizables o de uso agrícola».
Al hilo de esto, considera que si el Gobierno «tuviera interés en limpiar la zona podría meter el plutonio en contenedores y llevarlo a un cementerio nuclear», ya que, según subrayan, «no es necesario trasladarlo a Estados Unidos, hay muchos cementerios alternativos fuera de España».
Estado de la cuestión
El Gobierno de Mariano Rajoy instó por última vez hace un año a Estados Unidos a dar una «solución», según indico en una respuesta parlamentaria a la oposición en la que se recordaba que, según anunció en 2012 el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, le había prometido que «pronto» tendría «buenas noticias» sobre esta cuestión.
Por aquel entonces, el jefe de la Diplomacia española reveló también que en EEUU existía un cierto temor a que si accedía a limpiar Palomares sentase un precedente que diese origen a reclamaciones similares por parte de otros países.
El ejecutivo admitía entonces que Clinton adquirió su «compromiso personal» de dar «pronto buenas noticias» sobre tema el 4 de febrero de 2012, pero que, «la dinámica electoral estadounidense» y la decisión de Clinton de no continuar en el cargo «dificultaron la toma de una decisión definitiva por parte de la Administración estadounidense».
La primera de las alertas sobre la situación de Palomares la dio en el año 1999 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), que comunicó al Gobierno la necesidad urgente de impedir que se siguieran removiendo tierras radiactivas para uso agrícola o urbanístico por el enorme peligro que suponía para la salud pública.
A pesar de esas graves advertencias, no se adoptó ninguna medida para impedirlo hasta que varios años después se aprobó el Plan de Vigilancia Radiológica aún vigente, que facultaba al Ciemat para cercar los terrenos, además de ofrecer revisiones anuales a los vecinos.
La petición, realizada a través de la plataforma www.change.org, se ha iniciado al tiempo que se cumplen 49 años de la caída, en 1966, de cuatro bombas atómicas sobre la zona, como consecuencia del accidente registrado entre un bombardero B52 estadounidense y un avión cisterna.
Un portavoz del colectivo ha confirmado que la campaña ha logrado reunir ya las 30.000 firmas de respaldo, si bien el objetivo de la misma es alcanzar las 100.000.
«Evitar la exposición radiactiva de Palomares exige actuaciones de limpieza y descontaminación ineludibles, y el Gobierno no puede eludir su responsabilidad para proteger a la población», indica el texto de la petición, en el que se remarca que la «mayor parte» del plutonio radiactivo procedente de las bombas atómicas «continúa esparcido por la zona», a excepción del «tres por ciento que se llevaron los norteamericanos en 1966».
Critica, en esta línea, «la falta de interés del Gobierno», y justifica el que se haya decidido iniciar, por parte del colectivo, acciones legales para exigir que se «cumpla la normativa nacional e internacional sobre almacenamiento de material radiactivo».
«No es legalmente posible mantener al aire libre medio kilo de Plutonio, al alcance de cualquiera, y ya nos hemos mantenido expectantes durante estos años ante las falsas esperanzas de traslado del plutonio a EEUU, mientras que un informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) enviado al Congreso de los Diputados habla de peligro para la salud pública el permitir el uso agrícola o urbanístico en las tierras contaminadas, que no fueron cercadas hasta años después», sostiene.
Para Ecologistas en Acción, la medida de impedir el acceso a la zona «no puede ser una solución definitiva», pues los animales silvestres y domésticos entran y salen «llevándose adheridas partículas de plutonio». Por otro lado, según advierten, el plutonio se está transformando en americio, «que es mucho más radiactivo, con el consiguiente aumento del peligro de contaminación».
Una contaminación superior a la de Chernobyl
Hacen referencia en este punto al resultado del trabajo realizado a finales de 2014 por un equipo de científicos en colaboración con la emisora de TV alemana ZDF, en el que analizaron las tierras próximas al cementerio y obtuvieron una medida de 16 millones de becquerelios por metro cuadrado «cuando en Chernobyl no se supera la medida de un millón de becquerelios por metro cuadrado, excepto en el edifico del reactor». «En las tierras donde los científicos alemanes tomaron las mediciones se pueden observar restos de tuberías de riego por goteo», ahondan.
El colectivo critica que el Gobierno que preside Mariano Rajoy esté utilizando «como pretexto» para no limpiar la zona que en España no hay un cementerio nuclear legalmente apto para almacenar esos residuos, y que estos deben ser trasladados a los EEUU «pero los norteamericanos no lo aceptan».
«Lo cierto —sostiene— es que al haber explotado la burbuja inmobiliaria ya no les interesa limpiar los terrenos porque no se van a urbanizar a corto plazo, aunque el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA) sigue clasificando los terrenos radiactivos como urbanizables o de uso agrícola».
Al hilo de esto, considera que si el Gobierno «tuviera interés en limpiar la zona podría meter el plutonio en contenedores y llevarlo a un cementerio nuclear», ya que, según subrayan, «no es necesario trasladarlo a Estados Unidos, hay muchos cementerios alternativos fuera de España».
Estado de la cuestión
El Gobierno de Mariano Rajoy instó por última vez hace un año a Estados Unidos a dar una «solución», según indico en una respuesta parlamentaria a la oposición en la que se recordaba que, según anunció en 2012 el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, le había prometido que «pronto» tendría «buenas noticias» sobre esta cuestión.
Por aquel entonces, el jefe de la Diplomacia española reveló también que en EEUU existía un cierto temor a que si accedía a limpiar Palomares sentase un precedente que diese origen a reclamaciones similares por parte de otros países.
El ejecutivo admitía entonces que Clinton adquirió su «compromiso personal» de dar «pronto buenas noticias» sobre tema el 4 de febrero de 2012, pero que, «la dinámica electoral estadounidense» y la decisión de Clinton de no continuar en el cargo «dificultaron la toma de una decisión definitiva por parte de la Administración estadounidense».
La primera de las alertas sobre la situación de Palomares la dio en el año 1999 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), que comunicó al Gobierno la necesidad urgente de impedir que se siguieran removiendo tierras radiactivas para uso agrícola o urbanístico por el enorme peligro que suponía para la salud pública.
A pesar de esas graves advertencias, no se adoptó ninguna medida para impedirlo hasta que varios años después se aprobó el Plan de Vigilancia Radiológica aún vigente, que facultaba al Ciemat para cercar los terrenos, además de ofrecer revisiones anuales a los vecinos.
