Un vídeo, grabado supuestamente por empleados del centro de menores, muestra a dos jóvenes atados a sus camas
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| Fotograma del vídeo publicado por eldiario.es |
EUROPA PRESS - ALMERÍA HOY / 06•02•2015
«Dos jóvenes atados a una cama con gomas que gritan de dolor. Uno de ellos pide "por favor" al guardia en varias ocasiones que le dé agua. El otro golpea su cabeza contra el colchón tras quejarse a gritos durante varios minutos». Así describe Jesús Travieso para eldiario.es el contenido de la grabación, supuestamente realizada por empleados del centro de menores Tierras de Oria, a la que ha tenido acceso dicho medio.
El vídeo, de unos tres minutos de duración, ha llevado a la dirección del correccional ubicado en Oria a interponer una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Único de Purchena contra la asociación centrosdemenores.es tanto por su difusión como por las acusaciones de malos tratos que lo han acompañado, y que según el presidente de la misma, Alfonso Galiana, «se dan habitualmente» en el centro.
Según ha explicado Galiana, las imágenes fueron tomadas «recientemente» por trabajadores del centro que «siguen en activo y quieren permanecer en el anonimato», siendo recibidas por la asociación hace dos días.
El presidente del colectivo, que permaneció una temporada ingresado en este centro, ha afirmado que las imágenes «se han tomado en las instalaciones de Oria», al tiempo que ha asegurado que él mismo sufrió este tipo de agresiones, que llegó a denunciar en 2012, si bien su caso fue sobreseído.
Así, según centrosdemenores.es, un joven puede acabar atado por «negarse a realizar una actividad del centro»; una cuestión que han sido negada totalmente por el director de Tierras de Oria, quien ha achacado estas afirmaciones y la difusión del vídeo a una «represalia» por parte de los dos trabajadores despedidos.
Galiana también ha anunciado que los abogados del colectivo, creado para tratar de evitar este tipo de situaciones en centros de menores, estudian formular una denuncia contra el centro.
Mientras, fuentes del Gobierno andaluz de la Junta han explicado que el director de la institución, Manuel Madrid, ha emprendido acciones legales tanto contra el presidente de esta plataforma como contra dos extrabajadores del mismo que fueron despedidos recientemente, si bien su cese «no guarda relación con el caso».
El director del centro operado por la Asociación para la Gestión de la Integración social (Ginso), que ha apuntado que en cualquier caso las imágenes serían «antiguas», ha dejado constancia en el juzgado de los hechos e informaciones emitidas a la espera de que el titular del mismo las valores en cuanto puedan ser susceptibles de algún tipo de delito.
Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía también ha requerido información sobre los hechos denunciados por la plataforma al centro de menores, aunque por el momento se ha reservado la posibilidad de iniciar algún tipo de expediente.
Cabe recordar que no es la primera ocasión en la que la institución se ve envuelta la polémica: ya en 2011 Noticias de Almería se hacía eco de un informe del Defensor del Pueblo Andaluz en el que se denunciaba la aplicación de «castigos» como inmovilizaciones indefinidas o privación de sueño; mientras que en 2012 fue objeto de un expediente a raíz de la denuncia presentada por la familia de uno de los menores, en la que se relataban «continuas y cotidianas represiones físicas, verbales y psicológicas».
El vídeo, de unos tres minutos de duración, ha llevado a la dirección del correccional ubicado en Oria a interponer una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Único de Purchena contra la asociación centrosdemenores.es tanto por su difusión como por las acusaciones de malos tratos que lo han acompañado, y que según el presidente de la misma, Alfonso Galiana, «se dan habitualmente» en el centro.
Según ha explicado Galiana, las imágenes fueron tomadas «recientemente» por trabajadores del centro que «siguen en activo y quieren permanecer en el anonimato», siendo recibidas por la asociación hace dos días.
El presidente del colectivo, que permaneció una temporada ingresado en este centro, ha afirmado que las imágenes «se han tomado en las instalaciones de Oria», al tiempo que ha asegurado que él mismo sufrió este tipo de agresiones, que llegó a denunciar en 2012, si bien su caso fue sobreseído.
Así, según centrosdemenores.es, un joven puede acabar atado por «negarse a realizar una actividad del centro»; una cuestión que han sido negada totalmente por el director de Tierras de Oria, quien ha achacado estas afirmaciones y la difusión del vídeo a una «represalia» por parte de los dos trabajadores despedidos.
Galiana también ha anunciado que los abogados del colectivo, creado para tratar de evitar este tipo de situaciones en centros de menores, estudian formular una denuncia contra el centro.
Mientras, fuentes del Gobierno andaluz de la Junta han explicado que el director de la institución, Manuel Madrid, ha emprendido acciones legales tanto contra el presidente de esta plataforma como contra dos extrabajadores del mismo que fueron despedidos recientemente, si bien su cese «no guarda relación con el caso».
El director del centro operado por la Asociación para la Gestión de la Integración social (Ginso), que ha apuntado que en cualquier caso las imágenes serían «antiguas», ha dejado constancia en el juzgado de los hechos e informaciones emitidas a la espera de que el titular del mismo las valores en cuanto puedan ser susceptibles de algún tipo de delito.
Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía también ha requerido información sobre los hechos denunciados por la plataforma al centro de menores, aunque por el momento se ha reservado la posibilidad de iniciar algún tipo de expediente.
Cabe recordar que no es la primera ocasión en la que la institución se ve envuelta la polémica: ya en 2011 Noticias de Almería se hacía eco de un informe del Defensor del Pueblo Andaluz en el que se denunciaba la aplicación de «castigos» como inmovilizaciones indefinidas o privación de sueño; mientras que en 2012 fue objeto de un expediente a raíz de la denuncia presentada por la familia de uno de los menores, en la que se relataban «continuas y cotidianas represiones físicas, verbales y psicológicas».
