Fiscalía ha determinado que las imágenes se encuentran «manipuladas» y mezclan dos episodios, uno de 2011 y otro de 2014, que se reproducen en bucle
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| Fotograma del vídeo publicado por eldiario.es |
EUROPA PRESS / 17·02·2015
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación en torno a la grabación y difusión del vídeo en el que aparecen dos menores atados a una cama en el correccional 'Tierras de Oria', en Almería, a raíz de la denuncia que interpuso hace diez días la dirección.
La denuncia se interpuso finalmente en el puesto de la Guardia Civil del municipio de Oria, aunque desde el propio centro se informó de que se habían puesto los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción Único de Purchena, que no ha abierto diligencias previas a la espera de las conclusiones de la Benemérita y la Fiscalía de Menores.
Fuentes de la investigación han indicado que las pesquisas están siendo llevadas a cabo por agentes de la Policía Judicial de Huércal-Overa, precisando que, si bien el atestado aún no se ha concluido, se encuentra muy avanzado.
Cabe recordar que la Fiscalía de Menores ha abierto dos diligencias informativas para investigar, por un lado, la grabación y difusión del vídeo, y por otro, la veracidad de los hechos que aparecen en las imágenes y si las actuaciones que se reflejan se llevaron a cabo conforme a derecho.
En el marco de esta actuación, los agentes se desplazaron hasta el centro el pasado miércoles para comprobar el estado de las instalaciones, el uso de las estancias, la homologación de los sistemas de sujeción y la aplicación de los protocolos, entre otras cuestiones. Durante la inspección, motivada por la información difundida por la asociación 'centrodemenores.org', «no se detectaron anomalías».
No obstante, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias ante la presunta comisión de un delito contra el honor y la intimidad, así como contra la protección de datos, a raíz de la difusión de las imágenes, que es lo que investiga precisamente la Guardia Civil tras la denuncia presentada por el director del centro, Manuel Madrid.
Asimismo, la Fiscalía pretende averiguar si los hechos que se aprecian en el vídeo son ciertos y, en caso de ser así, si se llevaron a cabo conforme a derecho, por lo que se han solicitado las autorizaciones emitidas entre 2011 y 2014 para proceder a la sujeción mecánica de menores.
En esta línea, ha analizado el vídeo que motivó la presente investigación, lo que ha permitido determinar que las imágenes se encuentran «manipuladas» al mezclar dos episodios, uno en 2011 y otro en 2014, que además se reproducen en bucle, con lo que la grabación ha sido editada con respecto al original.
Así, el Ministerio Público ha recordado que el Real Decreto 1774/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, contempla el uso de estas medidas ante situaciones «excepcionales» destinadas a prevenir posibles daños hacia los internos y su entorno en periodos concretos.
Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, abrió un expediente informativo para determinar si se aplicó la Ley del Menor en los casos expuestos, mientras que el Defensor del Menor en Andalucía inició una queja de oficio dirigida a la Consejería de Justicia e Interior para «supervisar» las actuaciones desarrolladas.
En este sentido, el colectivo 'centrosdemenores.org' ha solicitado este martes a través de un comunicado que la Junta se pronuncie acerca de esta investigación, ya que, según ha remarcado, «a día de hoy no existe una versión oficial» y si, en un primer momento, «negaron las imágenes, luego las reconocieron llegando a admitir que unas eran de 2011 y otras de 2014», lo que «demuestra que a lo largo del tiempo se han mantenido estas prácticas y no son hechos aislados».
La denuncia se interpuso finalmente en el puesto de la Guardia Civil del municipio de Oria, aunque desde el propio centro se informó de que se habían puesto los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción Único de Purchena, que no ha abierto diligencias previas a la espera de las conclusiones de la Benemérita y la Fiscalía de Menores.
Fuentes de la investigación han indicado que las pesquisas están siendo llevadas a cabo por agentes de la Policía Judicial de Huércal-Overa, precisando que, si bien el atestado aún no se ha concluido, se encuentra muy avanzado.
Cabe recordar que la Fiscalía de Menores ha abierto dos diligencias informativas para investigar, por un lado, la grabación y difusión del vídeo, y por otro, la veracidad de los hechos que aparecen en las imágenes y si las actuaciones que se reflejan se llevaron a cabo conforme a derecho.
En el marco de esta actuación, los agentes se desplazaron hasta el centro el pasado miércoles para comprobar el estado de las instalaciones, el uso de las estancias, la homologación de los sistemas de sujeción y la aplicación de los protocolos, entre otras cuestiones. Durante la inspección, motivada por la información difundida por la asociación 'centrodemenores.org', «no se detectaron anomalías».
No obstante, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias ante la presunta comisión de un delito contra el honor y la intimidad, así como contra la protección de datos, a raíz de la difusión de las imágenes, que es lo que investiga precisamente la Guardia Civil tras la denuncia presentada por el director del centro, Manuel Madrid.
Asimismo, la Fiscalía pretende averiguar si los hechos que se aprecian en el vídeo son ciertos y, en caso de ser así, si se llevaron a cabo conforme a derecho, por lo que se han solicitado las autorizaciones emitidas entre 2011 y 2014 para proceder a la sujeción mecánica de menores.
En esta línea, ha analizado el vídeo que motivó la presente investigación, lo que ha permitido determinar que las imágenes se encuentran «manipuladas» al mezclar dos episodios, uno en 2011 y otro en 2014, que además se reproducen en bucle, con lo que la grabación ha sido editada con respecto al original.
Así, el Ministerio Público ha recordado que el Real Decreto 1774/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, contempla el uso de estas medidas ante situaciones «excepcionales» destinadas a prevenir posibles daños hacia los internos y su entorno en periodos concretos.
Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, abrió un expediente informativo para determinar si se aplicó la Ley del Menor en los casos expuestos, mientras que el Defensor del Menor en Andalucía inició una queja de oficio dirigida a la Consejería de Justicia e Interior para «supervisar» las actuaciones desarrolladas.
En este sentido, el colectivo 'centrosdemenores.org' ha solicitado este martes a través de un comunicado que la Junta se pronuncie acerca de esta investigación, ya que, según ha remarcado, «a día de hoy no existe una versión oficial» y si, en un primer momento, «negaron las imágenes, luego las reconocieron llegando a admitir que unas eran de 2011 y otras de 2014», lo que «demuestra que a lo largo del tiempo se han mantenido estas prácticas y no son hechos aislados».
