A raíz de la queja presentada por el crimen de Maria del Carmen Martín, la mujer de 41 años que murió asesinada presuntamente a manos de su expareja en Berja en agosto de 2014
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| La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante una comparecencia en el Congreso / Europa Press |
EUROPA PRESS / 17·02·2015
La oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación para determinar los fallos en la valoración de riesgo y protección de las víctimas en casos de violencia de género a raíz de la queja presentada por el crimen de Maria del Carmen Martín, la mujer de 41 años que murió asesinada presuntamente a manos de su expareja en Berja en agosto de 2014.
En un comunicado, el PSOE ha indicado que el organismo ha admitido a trámite la queja efectuada efectuada por la portavoz de la Comisión mixta de relaciones con este organismo, Ángeles Álvarez, y del senador socialista de la misma comisión, José María Burgos, y ha saludado que la oficina del Defensor del Pueblo entienda que el caso «reúne los requisitos e inicie las actuaciones oportunas ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Guardia Civil».
Álvarez, quien ha señalado que este caso es ejemplo «del cúmulo de errores que puede llevar a una víctima de violencia de género a la muerte», ha recordado que el apuñalamiento se produjo pese a que la víctima había denunciado a su agresor ante la Guardia Civil y un juez había dictado orden de alejamiento de 200 metros.
El Gobierno reconoció en respuesta a preguntas de los socialistas que en el momento en el que se produjeron los hechos, se encontraba «en vigor» la prohibición de aproximación y comunicación hacia la víctima, por un periodo de tres meses, impuesta con fecha 8 de julio de 2014.
Con posterioridad a dicha orden se produjo, además, una violación de la misma, motivo por el que el acusado permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el pasado 30 de julio. La orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre, es decir, una fecha posterior a la finalización del arresto domiciliario.
Álvarez ha señalado que de otras respuestas del Gobierno cabe inferir que «no existió» por parte del juzgado señalamiento de alguna otra medida cautelar o de protección, ni se solicitó intervención policial o forense para realizar valoración de riesgo que hubiese activado un máximo nivel de protección, como estipula el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia sobre la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
«Otros asesinatos por violencia machista habidos en 2014 acumulan errores que fueron fatales para muchas de las mujeres que demandaron protección al Estado a través de denuncias, y es preocupante que desde algunas instancias se esté minusvalorando el riesgo cierto que corren las víctimas», ha apostillado.
Al hilo de esto, ha calificado de «hipócrita» la actitud del Gobierno, que elude, a su juicio, dar explicaciones sobre aquellos casos en que las administraciones «tenían conocimiento previo de los abusos, existían órdenes de protección e incluso se habían realizado valoraciones de riesgo sin que el sistema fuese incapaz [sic] de proteger a las mujeres».
En este sentido, ha recordado que el grupo socialista tiene solicitada comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad para que comparta con los grupos políticos la información que las unidades especializadas en violencia de género están obligas a ofrecer sobre los procedimientos de valoración del riesgo y la puesta en práctica de las medidas de protección.
Por último, la diputada ha manifestado que ven «cada vez más necesario» habilitar un sistema de seguimiento que permita valorar una buena aplicación de la Ley Orgánica 1/2004.
En un comunicado, el PSOE ha indicado que el organismo ha admitido a trámite la queja efectuada efectuada por la portavoz de la Comisión mixta de relaciones con este organismo, Ángeles Álvarez, y del senador socialista de la misma comisión, José María Burgos, y ha saludado que la oficina del Defensor del Pueblo entienda que el caso «reúne los requisitos e inicie las actuaciones oportunas ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Guardia Civil».
Álvarez, quien ha señalado que este caso es ejemplo «del cúmulo de errores que puede llevar a una víctima de violencia de género a la muerte», ha recordado que el apuñalamiento se produjo pese a que la víctima había denunciado a su agresor ante la Guardia Civil y un juez había dictado orden de alejamiento de 200 metros.
El Gobierno reconoció en respuesta a preguntas de los socialistas que en el momento en el que se produjeron los hechos, se encontraba «en vigor» la prohibición de aproximación y comunicación hacia la víctima, por un periodo de tres meses, impuesta con fecha 8 de julio de 2014.
Con posterioridad a dicha orden se produjo, además, una violación de la misma, motivo por el que el acusado permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el pasado 30 de julio. La orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre, es decir, una fecha posterior a la finalización del arresto domiciliario.
Álvarez ha señalado que de otras respuestas del Gobierno cabe inferir que «no existió» por parte del juzgado señalamiento de alguna otra medida cautelar o de protección, ni se solicitó intervención policial o forense para realizar valoración de riesgo que hubiese activado un máximo nivel de protección, como estipula el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia sobre la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
«Otros asesinatos por violencia machista habidos en 2014 acumulan errores que fueron fatales para muchas de las mujeres que demandaron protección al Estado a través de denuncias, y es preocupante que desde algunas instancias se esté minusvalorando el riesgo cierto que corren las víctimas», ha apostillado.
Al hilo de esto, ha calificado de «hipócrita» la actitud del Gobierno, que elude, a su juicio, dar explicaciones sobre aquellos casos en que las administraciones «tenían conocimiento previo de los abusos, existían órdenes de protección e incluso se habían realizado valoraciones de riesgo sin que el sistema fuese incapaz [sic] de proteger a las mujeres».
En este sentido, ha recordado que el grupo socialista tiene solicitada comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad para que comparta con los grupos políticos la información que las unidades especializadas en violencia de género están obligas a ofrecer sobre los procedimientos de valoración del riesgo y la puesta en práctica de las medidas de protección.
Por último, la diputada ha manifestado que ven «cada vez más necesario» habilitar un sistema de seguimiento que permita valorar una buena aplicación de la Ley Orgánica 1/2004.
