Los arrestados se habría servido de empresas ficticias para vender falsos contratos de trabajo que los compradores utilizaban para solicitar subsidios o regularizar su situación en el país
 |
| Imagen: Europa Press - Cuerpo Nacional de Policía |
EUROPA PRESS / 24·02·2015
La Policía Nacional ha detenido en El Ejido y Almería a 70 personas a través de una doble investigación centradas en destapar empresas 'fantasma' que, sin ejercer ninguna actividad laboral, realizaban altas en la Seguridad Social a cambio de dinero con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros. Ambas operaciones han permitido destapar un fraude de 738.186,39 euros.
La primera actuación policial, desarrollada en la capital, se inició el pasado noviembre a raíz de la información facilitada por la Inspección Provincial de Trabajo de Almería. Los agentes detectaron cuatro falsas mercantiles domiciliadas en las localidades de Vera, Antas y Gádor dedicadas supuestamente al comercio, la hostelería y la construcción.
Según indica la Comisaría en una nota, las empresas habían dado de alta en el sistema de la Seguridad Social a los trabajadores, si bien no llegaron a realizar actividad laboral alguna. Las investigaciones determinaron que, a través de esas empresas ficticias, los administradores habrían gestionado el alta de 212 personas. Además, se ha constatado que 98 de ellas obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo.
La Policía afirma que la finalidad real de las empresas era la de que los supuestos empleados «obtuviesen de forma irregular un contrato que les permitiera acreditar la acumulación de los periodos de carencia necesarios para solicitar prestaciones y subsidios de la Seguridad Social o del Servicio público de Empleo Estatal».
Pagos de hasta 450 euros por contrato
Así, estas falsas contrataciones habrían servido también a ciudadanos extranjeros para regularizar su situación en España o conseguir renovaciones que les habrían sido denegadas por los cauces legales. Los falsos trabajadores pagaban a cambio de los contratos cantidades de dinero que oscilaban entre 250 y 450 euros, o bien durante el periodo de alta abonaban una cantidad mensual que variaba entre 50 y 100 euros.
La actividad de estas cuatro empresas ha generado una deuda a la Seguridad Social —por impagos de cuotas— de 355.507,11 euros; al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de 108.681,40 euros; y un fraude al Servicio Público de Empleo Estatal de 206.831,85 euros en cobros de subsidios y prestaciones por desempleo, además de 57.941,85 euros en cobros por bajas maternales.
En el transcurso de la operación se ha procedido a la detención de 62 personas y a la imputación de otra, a las que se les acusa de delitos de falsedad documental y estafa.
Una suegra de 85 años, entre los socios capitalistas
La segunda investigación se inició en El Ejido ante la presunta existencia de un falso empresario dedicado a la compraventa de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros africanos para regularizar su situación administrativa en España. En el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que el principal investigado engañó a su suegra de 85 años de edad «abusando de su longevidad para que figurara como socia capitalista, aunque la anciana ignoraba todo cuanto firmaba».
En esta ocasión, los agentes localizaron una empresa constructora sin actividad real, con sede social en la localidad de Adra, en la que han figurado un total de 42 trabajadores ficticios. En total se han obtenido 39 autorizaciones de residencia y trabajo, y se ha realizado una defraudación a las arcas del Estado de 9.224,18 euros.
El responsable de esta empresa cobraba 300 euros a ciudadanos extranjeros a cambio de ofertas de contratos y asesoramiento en los trámites para conseguir la tarjeta de residencia en España. También dio de alta a su mujer en la empresa con el fin de que cobrara prestaciones por desempleo. La operación ha culminado con la detención de ocho personas y la imputación de otras 35 personas acusadas de fraude fiscal, falsedad documental y estafa.
Estas actuaciones tienen como antecedentes el convenio de colaboración suscrito entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Interior, para coordinar las actuaciones entre la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
La primera operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Oficina de Extranjería y la Tesorería General de Almería. La segunda operación ha sido realizada además por agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de El Ejido.
La primera actuación policial, desarrollada en la capital, se inició el pasado noviembre a raíz de la información facilitada por la Inspección Provincial de Trabajo de Almería. Los agentes detectaron cuatro falsas mercantiles domiciliadas en las localidades de Vera, Antas y Gádor dedicadas supuestamente al comercio, la hostelería y la construcción.
Según indica la Comisaría en una nota, las empresas habían dado de alta en el sistema de la Seguridad Social a los trabajadores, si bien no llegaron a realizar actividad laboral alguna. Las investigaciones determinaron que, a través de esas empresas ficticias, los administradores habrían gestionado el alta de 212 personas. Además, se ha constatado que 98 de ellas obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo.
La Policía afirma que la finalidad real de las empresas era la de que los supuestos empleados «obtuviesen de forma irregular un contrato que les permitiera acreditar la acumulación de los periodos de carencia necesarios para solicitar prestaciones y subsidios de la Seguridad Social o del Servicio público de Empleo Estatal».
Pagos de hasta 450 euros por contrato
Así, estas falsas contrataciones habrían servido también a ciudadanos extranjeros para regularizar su situación en España o conseguir renovaciones que les habrían sido denegadas por los cauces legales. Los falsos trabajadores pagaban a cambio de los contratos cantidades de dinero que oscilaban entre 250 y 450 euros, o bien durante el periodo de alta abonaban una cantidad mensual que variaba entre 50 y 100 euros.
La actividad de estas cuatro empresas ha generado una deuda a la Seguridad Social —por impagos de cuotas— de 355.507,11 euros; al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de 108.681,40 euros; y un fraude al Servicio Público de Empleo Estatal de 206.831,85 euros en cobros de subsidios y prestaciones por desempleo, además de 57.941,85 euros en cobros por bajas maternales.
En el transcurso de la operación se ha procedido a la detención de 62 personas y a la imputación de otra, a las que se les acusa de delitos de falsedad documental y estafa.
Una suegra de 85 años, entre los socios capitalistas
La segunda investigación se inició en El Ejido ante la presunta existencia de un falso empresario dedicado a la compraventa de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros africanos para regularizar su situación administrativa en España. En el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que el principal investigado engañó a su suegra de 85 años de edad «abusando de su longevidad para que figurara como socia capitalista, aunque la anciana ignoraba todo cuanto firmaba».
En esta ocasión, los agentes localizaron una empresa constructora sin actividad real, con sede social en la localidad de Adra, en la que han figurado un total de 42 trabajadores ficticios. En total se han obtenido 39 autorizaciones de residencia y trabajo, y se ha realizado una defraudación a las arcas del Estado de 9.224,18 euros.
El responsable de esta empresa cobraba 300 euros a ciudadanos extranjeros a cambio de ofertas de contratos y asesoramiento en los trámites para conseguir la tarjeta de residencia en España. También dio de alta a su mujer en la empresa con el fin de que cobrara prestaciones por desempleo. La operación ha culminado con la detención de ocho personas y la imputación de otras 35 personas acusadas de fraude fiscal, falsedad documental y estafa.
Estas actuaciones tienen como antecedentes el convenio de colaboración suscrito entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Interior, para coordinar las actuaciones entre la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
La primera operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Oficina de Extranjería y la Tesorería General de Almería. La segunda operación ha sido realizada además por agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de El Ejido.
