El pasado 23 de febrero se cumplieron 15 años de la sentencia que paralizó las obras del hotel de El Algarrobico. El promotor de aquella denuncia -Jaime del Val al frente de Salvemos Mojácar- alerta ahora de nuevas “barbaridades urbanísticas” en la costa de Mojácar y advierte que seguirá luchando para evitarlas
 |
| Jaime del Val dispuesto a derribar el edificio construido para hotel en la playa de Carboneras. |
ALMERÍA HOY / 30·04·2021
- Quince años después de la paralización de las obras del Algarrobico, dígame, ¿cómo empezó esta historia?
- Muy en solitario. Salvemos Mojácar comenzó a andar en 2004 con el foco puesto en las irregularidades urbanísticas que se estaban perpetrando en el municipio, pero pronto me di cuenta de que también se estaban cometiendo barbaridades en otros puntos de la comarca. En 2005 descubrí el edificio del Algarrobico, cuando ya estaba prácticamente terminado sin que nadie hiciera nada para impedirlo. Convencí a José Ignacio Domínguez [militar retirado, abogado y coordinador provincial de Ecologistas en Acción], que hizo un magnífico trabajo, y en el primer pleito conseguimos paralizar las obras. Después vinieron otro montón más, en los que nos personamos porque la Junta no cesaba de poner zancadillas y hacer en los juzgados todo lo contrario de lo que manifestaba en la prensa. Por eso no nos fiamos nunca de ella.
- Numerosas sentencias confirman la existencia de un delito, sin embargo, no se persiga a ningún delincuente.
- Porque iniciamos los procedimientos por la vía administrativa. La creímos más rápida para detener los trabajos y lograr la demolición. Seguramente hubiera sido necesario emprender otra línea de actuación en lo penal.
- ¿Quiénes han sido los principales actores de esta tragicomedia con nombre de playa carbonera?
- Por un lado, la Junta tuvo una responsabilidad fundamental desde Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Logramos probar que había falsificado los planos del Parque Natural en la zona del Algarrobico. En cuanto al Ejecutivo español, Costas señaló que el hotel no debía construirse donde se levantó, pero no hizo nada para que se cumpliera la legalidad. Y, por supuesto, el promotor y la Administración local. Si tuviéramos que establecer un orden de jerarquías de actuación, en primer lugar situaríamos al Ayuntamiento, seguido muy de cerca por la Junta y acompañados ambos por el Gobierno central. Y también la promotora, que era consciente desde el principio de todas las irregularidades que se estaban cometiendo, como hemos conseguido probar. Por eso defendimos siempre que no se le indemnizara.
- Así lo ha entendido la Audiencia Nacional al negar la petición de la empresa a ser resarcida. Dice que obró “maliciosamente” por ser conocedora de que se estaba revisando el deslinde de la servidumbre marítimo-terrestre y parte del edificio proyectado quedaría dentro, y que también era consciente de que estaba en curso incluir los terrenos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que suponía una especial protección incompatible con la construcción.
- Efectivamente. Así lo denunciamos y nos alegra que la Justicia confirme nuestros argumentos.
- La Junta viene anunciando desde que estalló la polémica su disposición a demoler el edificio. Ahora lo ha repetido el presidente Moreno Bonilla y, después, la consejera Carmen Crespo. ¿Confía en ver pronto el derribo?
- Yo no tengo ninguna confianza en que la Junta haga lo que dicen sus dirigentes. Ya tenemos sobrada experiencia en ver cómo sus obras suelen ser contrarias a sus declaraciones. La única posibilidad de que se den prisa en derribarlo es que encuentren la manera de cobrar suculentas tasas por la demolición. Ojalá cambiara el rumbo de actuaciones del Gobierno andaluz en este asunto.
- Ustedes tienen pendiente de resolución un caso exigiendo la demolición; la promotora tres más reclamando indemnizaciones; y el Gobierno de España dice que no derriba nada hasta que terminen los pleitos y tenga facultad para entrar en los terrenos. Parece que habrá Algarrobico durante años.
- Recordemos que la Junta presentaba papeles respaldando la continuidad del hotel mientras decía lo contrario a la opinión pública. Una auténtica vergüenza. Es inadmisible lo que ha hecho el Gobierno andaluz a lo largo de todos estos años. Seguro que estarán buscando excusas para dilatar aún más la solución, que no puede ser otra que el derribo, como ya han avalado un buen número de sentencias. Nosotros seguiremos luchando para conseguirlo.
- En cualquier caso, ¿qué opinión le merece la última sentencia que niega la indemnización solicitada por la promotora del Algarrobico?
- Siempre reconforta que, a pesar de las dilaciones, las sentencias vayan cayendo en nuestro favor, aunque todavía no veamos el momento del derribo. Lo peor de todo es que el Algarrobico es sólo un exponente singular de un cúmulo de barbaridades que se han cometido en España. Se ha convertido en una anomalía por ser uno de los pocos casos que ha salido a la luz, pero la costa española está llena de algarrobicos que nadie paró y permanecen ocultos a la opinión pública. Ahora estamos en un momento en que vuelve a resurgir el urbanismo y es preciso estar vigilantes para que no ocurra lo mismo que hace dos décadas. Estamos muy preocupados con lo que está sucediendo de nuevo en Mojácar. El Algarrobico es sólo el símbolo de una lucha que no ha terminado, sino que estaba aletargada porque la crisis del 2008 acabó con las ganas de construir para una temporada. El urbanismo salvaje ha vuelto a Mojácar con los cómplices necesarios que siempre encuentra en el ayuntamiento y otras administraciones, pero vamos a combatirlo.
- ¿Cómo?
- De momento en vía administrativa. Hemos puesto diferentes actuaciones en conocimiento de la Fiscalía y del SEPRONA.
- ¿De qué estamos hablando? - Por una parte, la variante costera se quiere ejecutar haciendo un verdadero destrozo en Sierra Cabrera. Está vinculada al desarrollo de ingentes urbanizaciones. El PGOU que promueve el Ayuntamiento prevé urbanizar absolutamente todos los sectores entre esa vía y la playa. Una burrada de miles y miles de viviendas a lo largo de la costa de Mojácar. Por otro lado, ya hemos denunciado desmontes salvajes e ilegales en distintas zonas de la playa. Son excavaciones gigantescas. Una está parada desde que la denunciamos, dos ya estaban terminadas y en otra continúan las obras y han dispuesto una valla descomunal para tratar de disimularla en la carretera que une el pueblo con la playa. Estas son las obras en marcha, pero hay un montón más y de mayores dimensiones previstas en el PGOU.
- El Ayuntamiento de Mojácar ha recepcionado recientemente la urbanización de Marina de la Torre II a pesar de que existen dos sentencias anulando la modificación de las Normas Subsidiarias que permiten su planeamiento.
- No hay que asombrarse. El Gobierno municipal lleva tiempo haciendo y permitiendo barbaridades de todo tipo. Ha querido colar en numerosas ocasiones grandes desarrollos urbanísticos aduciendo que se trataba de pequeños cambios cuando en realidad eran enormes. Ahora tendrá que empezar de cero porque se han anulado las autorizaciones ambientales que afectaban al PGOU en curso. Estaremos atentos, aunque mucho nos tememos que al coincidir el color político de Junta y Ayuntamiento no paren los pies al Gobierno municipal. De hecho, acaban de aprobar un dictamen ambiental para la variante costera que estamos denunciando porque nos parece un caso flagrante de presunta prevaricación gravísima por parte de la propia Junta de Andalucía, que ha cambiado 180º todos sus argumentos sobre esa obra.
- Muy en solitario. Salvemos Mojácar comenzó a andar en 2004 con el foco puesto en las irregularidades urbanísticas que se estaban perpetrando en el municipio, pero pronto me di cuenta de que también se estaban cometiendo barbaridades en otros puntos de la comarca. En 2005 descubrí el edificio del Algarrobico, cuando ya estaba prácticamente terminado sin que nadie hiciera nada para impedirlo. Convencí a José Ignacio Domínguez [militar retirado, abogado y coordinador provincial de Ecologistas en Acción], que hizo un magnífico trabajo, y en el primer pleito conseguimos paralizar las obras. Después vinieron otro montón más, en los que nos personamos porque la Junta no cesaba de poner zancadillas y hacer en los juzgados todo lo contrario de lo que manifestaba en la prensa. Por eso no nos fiamos nunca de ella.
- Numerosas sentencias confirman la existencia de un delito, sin embargo, no se persiga a ningún delincuente.
- Porque iniciamos los procedimientos por la vía administrativa. La creímos más rápida para detener los trabajos y lograr la demolición. Seguramente hubiera sido necesario emprender otra línea de actuación en lo penal.
- ¿Quiénes han sido los principales actores de esta tragicomedia con nombre de playa carbonera?
- Por un lado, la Junta tuvo una responsabilidad fundamental desde Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Logramos probar que había falsificado los planos del Parque Natural en la zona del Algarrobico. En cuanto al Ejecutivo español, Costas señaló que el hotel no debía construirse donde se levantó, pero no hizo nada para que se cumpliera la legalidad. Y, por supuesto, el promotor y la Administración local. Si tuviéramos que establecer un orden de jerarquías de actuación, en primer lugar situaríamos al Ayuntamiento, seguido muy de cerca por la Junta y acompañados ambos por el Gobierno central. Y también la promotora, que era consciente desde el principio de todas las irregularidades que se estaban cometiendo, como hemos conseguido probar. Por eso defendimos siempre que no se le indemnizara.
- Así lo ha entendido la Audiencia Nacional al negar la petición de la empresa a ser resarcida. Dice que obró “maliciosamente” por ser conocedora de que se estaba revisando el deslinde de la servidumbre marítimo-terrestre y parte del edificio proyectado quedaría dentro, y que también era consciente de que estaba en curso incluir los terrenos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que suponía una especial protección incompatible con la construcción.
- Efectivamente. Así lo denunciamos y nos alegra que la Justicia confirme nuestros argumentos.
- La Junta viene anunciando desde que estalló la polémica su disposición a demoler el edificio. Ahora lo ha repetido el presidente Moreno Bonilla y, después, la consejera Carmen Crespo. ¿Confía en ver pronto el derribo?
- Yo no tengo ninguna confianza en que la Junta haga lo que dicen sus dirigentes. Ya tenemos sobrada experiencia en ver cómo sus obras suelen ser contrarias a sus declaraciones. La única posibilidad de que se den prisa en derribarlo es que encuentren la manera de cobrar suculentas tasas por la demolición. Ojalá cambiara el rumbo de actuaciones del Gobierno andaluz en este asunto.
- Ustedes tienen pendiente de resolución un caso exigiendo la demolición; la promotora tres más reclamando indemnizaciones; y el Gobierno de España dice que no derriba nada hasta que terminen los pleitos y tenga facultad para entrar en los terrenos. Parece que habrá Algarrobico durante años.
- Recordemos que la Junta presentaba papeles respaldando la continuidad del hotel mientras decía lo contrario a la opinión pública. Una auténtica vergüenza. Es inadmisible lo que ha hecho el Gobierno andaluz a lo largo de todos estos años. Seguro que estarán buscando excusas para dilatar aún más la solución, que no puede ser otra que el derribo, como ya han avalado un buen número de sentencias. Nosotros seguiremos luchando para conseguirlo.
- En cualquier caso, ¿qué opinión le merece la última sentencia que niega la indemnización solicitada por la promotora del Algarrobico?
- Siempre reconforta que, a pesar de las dilaciones, las sentencias vayan cayendo en nuestro favor, aunque todavía no veamos el momento del derribo. Lo peor de todo es que el Algarrobico es sólo un exponente singular de un cúmulo de barbaridades que se han cometido en España. Se ha convertido en una anomalía por ser uno de los pocos casos que ha salido a la luz, pero la costa española está llena de algarrobicos que nadie paró y permanecen ocultos a la opinión pública. Ahora estamos en un momento en que vuelve a resurgir el urbanismo y es preciso estar vigilantes para que no ocurra lo mismo que hace dos décadas. Estamos muy preocupados con lo que está sucediendo de nuevo en Mojácar. El Algarrobico es sólo el símbolo de una lucha que no ha terminado, sino que estaba aletargada porque la crisis del 2008 acabó con las ganas de construir para una temporada. El urbanismo salvaje ha vuelto a Mojácar con los cómplices necesarios que siempre encuentra en el ayuntamiento y otras administraciones, pero vamos a combatirlo.
- ¿Cómo?
- De momento en vía administrativa. Hemos puesto diferentes actuaciones en conocimiento de la Fiscalía y del SEPRONA.
- ¿De qué estamos hablando? - Por una parte, la variante costera se quiere ejecutar haciendo un verdadero destrozo en Sierra Cabrera. Está vinculada al desarrollo de ingentes urbanizaciones. El PGOU que promueve el Ayuntamiento prevé urbanizar absolutamente todos los sectores entre esa vía y la playa. Una burrada de miles y miles de viviendas a lo largo de la costa de Mojácar. Por otro lado, ya hemos denunciado desmontes salvajes e ilegales en distintas zonas de la playa. Son excavaciones gigantescas. Una está parada desde que la denunciamos, dos ya estaban terminadas y en otra continúan las obras y han dispuesto una valla descomunal para tratar de disimularla en la carretera que une el pueblo con la playa. Estas son las obras en marcha, pero hay un montón más y de mayores dimensiones previstas en el PGOU.
- El Ayuntamiento de Mojácar ha recepcionado recientemente la urbanización de Marina de la Torre II a pesar de que existen dos sentencias anulando la modificación de las Normas Subsidiarias que permiten su planeamiento.
- No hay que asombrarse. El Gobierno municipal lleva tiempo haciendo y permitiendo barbaridades de todo tipo. Ha querido colar en numerosas ocasiones grandes desarrollos urbanísticos aduciendo que se trataba de pequeños cambios cuando en realidad eran enormes. Ahora tendrá que empezar de cero porque se han anulado las autorizaciones ambientales que afectaban al PGOU en curso. Estaremos atentos, aunque mucho nos tememos que al coincidir el color político de Junta y Ayuntamiento no paren los pies al Gobierno municipal. De hecho, acaban de aprobar un dictamen ambiental para la variante costera que estamos denunciando porque nos parece un caso flagrante de presunta prevaricación gravísima por parte de la propia Junta de Andalucía, que ha cambiado 180º todos sus argumentos sobre esa obra.
