Un archivo compuesto por más de 30.000 manuscritos documenta la presunta ejecución de más de mil personas
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| El exjuez Fernando Presencia desvela "la mayor matanza cometida en Europa en tiempos de paz". |
ALMERÍA HOY / 18·04·2021
Un archivo compuesto por más de 30.000 manuscritos documenta la presunta ejecución de más de mil asesinatos. Algunos de ellos habrían sido ordenados por significados nombres de distintos gobiernos de España, todos socialistas. De ser cierto, estaríamos ante “la mayor matanza cometida en Europa en tiempos de paz”, dice el exjuez Fernando Presencia, que preside la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública.
- Usted habla de una trama en la que fiscales, jueces, políticos y empresarios cometieron presuntamente toda clase de atropellos, incluyendo el asesinato. Se trataría de una banda criminal como nunca imaginamos que pudiera existir en España.
- Ni en España ni en ningún país democrático. Se trata de la mayor matanza cometida en Europa en tiempos de paz. Hablamos de un archivo que consta de miles de documentos firmados por sus autores. No es el resultado de una investigación, sino el relato descubierto de unos hechos.
- Se dice que el expediente consta de 30.000 documentos.
- Esos son los que ya se han catalogado, estudiado y conseguido transcribir, pero hay muchos más. Son miles y miles de manuscritos emitidos por Mena, y otros tantos dando cuenta del cumplimiento de lo ordenado, también firmados.
- ¿Quién es Mena?
- José María Mena Álvarez fue el fiscal jefe de Cataluña desde 1996 hasta 2006. Otro actor importante en esta trama fue su lugarteniente, Rafael García Ruiz, conocido como el sargento Ruiz. Había otros más, aunque también se sirvieron de hasta 400 sicarios. Cuando Royuela presentó una querella en 2006, Mena llegó a un acuerdo con el Tribunal Supremo (TS). Él se jubilaría y la actuación se archivaría. En ese momento ordenó la ejecución de esos 400 esbirros. Todo esto está documentado. Tal vez sea el crimen jamás cometido en todo el mundo con más protocolos firmados que lo acrediten. Para deshacerse de ellos, alquiló unos chalés en los que citaba a los sicarios para ejecutarlos y enterrarlos allí mismo en fosas. Se trataba de personas desarraigadas. Inmigrantes, delincuentes… personas por las que nadie preguntaría nunca si desaparecían. Tres villas llegaron a arrendar.
- ¿Mena era un asesino con licencia para matar?
- Era un psicópata. No quiero emplear continuamente la palabra ‘supuestamente’, pero quiero dejar claro que siempre hablo del Mena que describen los documentos presuntamente firmados y escritos por él mismo.
- ¿Vive aún?
- Él sí. El sargento Ruiz creo que no.
- ¿Cómo se destapó todo esto?
- Por el coraje de un padre. Uno de sus hijos murió en circunstancias extrañísimas. La autopsia certificó que fue en un accidente. Lo registraron como indocumentado cuando llevaba el carnet de identidad en el bolsillo, y no permitieron a ese padre, el señor Royuela, ver el cadáver. Sin embargo, este hombre se puso a investigar.
- Eso cuesta tiempo y dinero.
- Era dueño de una empresa y disponía de recursos. Dedicó su vida y su dinero a intentar esclarecer la muerte de su hijo. Pagó información a muchos ‘topillos’. Supo que murió asesinado, pero la relación de esta muerte con la trama que descubrió después era circunstancial. No obstante, continuó indagando y consiguió documentación que demostraba que la cabeza de esa organización criminal era el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) José María Mena Álvarez.
- ¿Dónde estaban esos documentos?
- En la clínica Morín, que se dedicaba a practicar abortos ilegales. Mena era socio de la clínica. Royuela se enteró que un juzgado de Barcelona iba a practicar un registro en ese centro porque en él había desaparecido el cadáver de una mujer escandinava. El caso fue denunciado y difundido en un programa de televisión, tras lo que un juez de Barcelona decidió actuar. La documentación que buscaba Royuela estaba allí.
- ¿Cómo consiguió Royuela los papeles?
- Un empleado le advirtió que Mena les había encargado deshacerse de toda esa documentación antes de que se produjera el registro, pero que por un dinero se la entregarían y dirían que la habían destruido. Pagó y vació el archivo con cuatro camiones. Se lo llevó a Francia. Encargó su transcripción, porque se trataba de manuscritos, y la peritación y autenticación de las firmas. A partir de esos papeles construyó el relato de unos hechos que se sustanciaron en una querella interpuesta en 2006, en la que solamente se daba cuenta de 33 asesinatos de los 1.300 que han aflorado hasta hoy.
- ¿Cómo se pueden ocultar tantas muertes con sus correspondientes cadáveres? Resulta difícil de creer.
- Yo tampoco me lo creí en un principio. Santiago y Alberto Royuela decidieron hacer público todo esto hace dos años mediante unos vídeos que alguien me hizo llegar. Lo vi con mucho escepticismo. Sin embargo, algo llamó poderosamente mi atención, y es que nadie se hubiera hecho eco de este asunto. Para creer esto, tienes que ser jurista o haber sido represaliado, y en mi caso se dan ambas condiciones.
- Es cierto. Sorprende que ningún medio haya tratado este caso.
- Así es. Cuando los Royuela solicitaron ser miembros de la asociación, uno de los asociados me dijo que había tenido conocimiento de este asunto a través de Manos Limpias. Me aseguró que era conocido en las altas esferas. También en la Monarquía, porque Royuela se dirigió a don Juan Carlos I y a todas las Instituciones. La Casa Real le mandó un emisario insinuándole que presentara tantas denuncias como asesinatos, y que lo hiciera en diferentes juzgados de toda España, dada la magnitud del caso.
- ¿Hay algún documento que lo pruebe?
- Alberto Royuela sostiene que lo hay, como también existen las 850 denuncias presentadas en diferentes juzgados a lo largo de toda la geografía española.
- ¿Qué ocurrió con esas denuncias?
- Fueron archivadas.
- ¿Las 850?
- Todas.
- Ese ‘detalle’ anima a no creer lo que dicen los Royuela.
- Pero también es algo muy raro. Después, en 2009, Royuela decide poner el asunto en conocimiento de la presidenta del TSJC porque los papeles documentan el asesinato del padre de esta magistrada. Esta juez se puso de acuerdo con la fiscal jefe que sustituyó a Mena y la Sala de Gobierno abrió unas diligencias indeterminadas –las 1/2009-. Esto es importante, porque las diligencias únicamente pueden ser abiertas por órganos judiciales, y la Sala de Gobierno no lo es. Sin embargo, empiezan a investigar y llaman a declarar a 60 personas. Mena se reunió con la fiscal jefe y la presidenta del TSJC. No ha trascendido qué les dijo, pero la causa se archivó inmediatamente.
- Que la hija de un asesinado archive un caso que podía esclarecer la muerte de su padre complica aún más la credibilidad de la historia.
- Es que nuestro particular sistema de enjuiciamiento criminal, que es de 1880, dificulta perseguir los delitos de corrupción. Hace 140 años era el más novedoso del mundo y el más garantista. Sin embargo, ha pasado un siglo y medio, la técnica policial se ha superado enormemente y la capacidad de esclarecer delitos mediante la investigación es muy superior a la del siglo XIX. Yo mismo he comprobado cómo los jueces estorbamos a la Guardia Civil durante la instrucción de un asesinato más que ayudamos.
- Pero, después de todo lo que ha contado, ¿cómo nos puede convencer de la veracidad de los documentos aportados por Royuela?
- Asegurando que tengo entre las manos una montaña de documentos que incriminan a la mayor trama criminal que ha existido en España.
- ¿De cuántas personas estamos hablando y cuál es su nivel en esta trama?
- En primer lugar, tenemos a un psicópata, que es el fiscal Mena. Después a las personas de las que se valía, que eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Judicial.
- ¿Por qué hace algo así un fiscal jefe?
- Porque es un psicópata. Al principio recibía encargos del PSOE para eliminar disidentes políticos.
- ¿De qué disidentes hablamos?
- El que más me llamó la atención fue Gutiérrez Mellado. Murió en un accidente de tráfico. Uno de los documentos acredita que se manipuló el vehículo para provocar el siniestro y acabar con su vida y la de los escoltas.
- ¿La orden está firmada por el fiscal jefe de Cataluña?
- Sí. Todos los papeles están firmados por Mena.
- ¿Y nadie interviene existiendo esa prueba?
- En otro escrito, Mena informa a Rodríguez Zapatero que ordenó a un equipo provocar la caída del helicóptero en el que viajaban Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Todos creímos que se trataba de un accidente.
- ¿Está diciendo que Mena comunicó a Zapatero que intentó matar a Rajoy?
- Le dice textualmente “como usted ya sabe, no salió bien lo del helicóptero, pero nadie es perfecto”.
- Eso es muy fuerte y difícil de creer.
- ¿Recuerda a Alfonso de Borbón, el primo del rey que murió degollado mientras esquiaba? En los manuscritos aparece documentada su muerte. No murió esquiando. Manipularon el informe del forense. Hemos denunciado a Josep Arimany Manso, que era director de la clínica médico forense de Cataluña, por haber falsificado centenares de autopsias cobrando 2.000 euros por cada trabajito. Era imposible descubrir nada porque toda la investigación estaba amañada.
- Usted está señalando la implicación hasta de un presidente del Gobierno.
- Presidentes de gobiernos socialistas. Nosotros hemos denunciado una carta en la que Conde Pumpido, cuando era magistrado en el Tribunal Supremo y miembro de la Sala que debía juzgar a los GAL [Grupo Armado de Liberación, brazo de la lucha subterránea del Gobierno de España contra la banda terrorista ETA], comunica a Felipe González que ha recibido el dinero que le ha hecho llegar para el soborno, pero le recuerda que son dos y no uno los magistrados necesarios para equilibrar la balanza, por lo que tiene que enviarle más pasta.
- ¿Pumpido le pidió más dinero a González para amañar el juicio contra los GAL?
- Para no dejar cabos sueltos. Esa carta se la dio a Royuela el fiscal Fungairiño, que era de la cuerda contraria. Cuando se presentó la querella en 2006 y Mena tuvo que condicionar a los seis magistrados de la Sala que le iba a juzgar, se la enseñó a Conde Pumpido para presionarle. El magistrado le contestó que no hacía falta que le amenazara porque estaba dispuesto a colaborar en lo que fuera necesario.
- Siempre cabe la posibilidad de que sean falsas las firmas que aparecen en todos esos documentos.
- Cuando yo incorporo en una querella la carta de Felipe González o la de Conde Pumpido, apelo a una directiva de la Unión Europea de 2019 que establece la presunción de autenticidad de todos los documentos que existen en archivos públicos, bien por haber sido realizados por los propios funcionarios o porque hayan sido incorporados desde fuera. Nosotros utilizamos únicamente los que ya están en manos de la Administración porque han sido admitidos en las querellas presentadas por Royuela. Ninguno de esos ha sido cuestionado por nadie. Tampoco por los tribunales, luego son asumidos como auténticos.
- No obstante, y con independencia de la presunción legal, eso no prueba por sí solo la veracidad de esas firmas.
- La primera denuncia que pusimos nosotros fue contra Conde Pumpido. Nos llegó la carta de la que he hablado y solicitamos al juzgado de instrucción que investigara. El asunto trascendió. Conde Pumpido dijo que todo era falso, al igual que la firma que aparece en el documento que aportamos. Para sustentar su testimonio mostró una copia del escrito y otro papel con una firma suya. Sin embargo, no se querelló contra mí ni autorizó a los periodistas a publicar su versión. ¿Por qué? Supongo que porque estamos en lo cierto.
- Royuela y usted señalan a Mena, pero también a los gobiernos socialistas de organizar una trama delictiva.
- Porque el fiscal jefe de Cataluña organizó una trama de asesinatos que se ejecutaban por órdenes cursadas desde el PSOE. Uno de los que más encargaba era Juan Alberto Belloch, que era ministro de Justicia e Interior. Otro era Jiménez Villarejo en su etapa de fiscal anticorrupción. También está documentada la participación de Margarita Robles, actual ministra de Defensa. Aparece en numerosos escritos la leyenda ‘no os preocupéis que esto acabará arreglándolo Margarita Robles’. Se da a entender que la ministra intervino en cientos de estos asuntos. Era una especie de fontanera de todo el entramado. Hemos encontrado una relación de miles y miles de recursos de amparo presentados ante la misma Sala del Tribunal Constitucional elaborada por Jiménez Villarejo en los que figuraba qué abogado lo presentaría y quién pagaría la minuta. Las anotaciones incluían las cantidades a pagar.
- Pero ¿cómo y por qué obraban de esta manera?
- Porque Mena era un psicópata. Por eso guardaba sistemáticamente constancia de todo lo que se hacía. Tampoco obraba con un móvil claro. Los motivos de un psicópata no son los de las personas normales, que se mueven por pasiones como los celos, el dinero o el poder. Un enfermo no necesita nada de eso para actuar. Mena buscaba siempre la complicidad del resto de la banda. Daba las órdenes siempre manuscritas, obligaba a ser informado también por escrito sobre el cumplimiento del encargo.
- Da la impresión de que estamos ante algo tan gordo que es imposible canalizar por ningún conducto.
- Esto no podría ocurrir en EEUU por el sistema judicial que tienen. Allí la investigación es policial, pero aquí nos hemos acostumbrado a la instrucción judicial, y los jueces no investigan, instruyen. Por eso, ante una denuncia de este calibre, se echan las manos a la cabeza y dicen que es algo descabellado. Falta un sistema de investigación penal que descanse en la actuación de los policías. Eso estamos haciendo en Mequinenza.
- ¿De verdad han encontrado fosas comunes en ese pueblo aragonés?
- Nosotros hemos denunciado su existencia. Ahora, ¿van a investigar? Mucho me temo que no. Si la información que tenemos es cierta, una de las personas con mayor implicación sería Margarita Robles, la ministra de Defensa y, por tanto, la cabeza del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
- ¿Qué cree usted que pasará con esto?
- Para que pase algo, en primer lugar, debería saltar por los aires el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su presidente, Lesmes, tiene que desaparecer sin ofrecerle la posibilidad de una puerta giratoria, porque si pasa al Tribunal Constitucional estaríamos exactamente igual. En segundo lugar, es necesario desarrollar la directiva que protege al alertante de corrupción, que debe estar plenamente vigente en diciembre de este año. Y, en tercer lugar, la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal. Es imprescindible que la investigación corra a cargo de los fiscales junto a la Policía.
- ¿Por qué no se han hecho eco de esta historia los grandes medios de comunicación?
- Yo envío todas las notas de prensa a agencias como EFE o Europa Press, y también a Lesmes. Es decir, llegan al CGPJ y al TS. Sé que existe preocupación. Sin embargo, no se publican. Pensé que el PP estaba detrás del fraude que dio lugar a la doctrina Botín [estableció a partir de un caso por fraude presuntamente cometido por el entonces presidente del Banco de Santander que una acusación particular no puede seguir adelante si la Fiscalía se inhibe], pero he descubierto que era el PSOE. Mena forzó a los magistrados de la Sala que debía juzgar al banquero y terminó archivando el caso. De los seis magistrados que la integraban, se dirigió a cuatro recordándoles las estafas en que habían participado y los sobornos que habían recibido a través de sus esposas. Lo publicamos en Diario 16. Pues bien, esos cuatro magistrados favorecieron la doctrina Botín que archivó la causa contra el banquero.
- ¿Se han querellado contra usted o contra Diario 16?
- Ninguno de los cuatro. También se interesó Público, pero no llegó a sacarla. Sin embargo, yo no tengo créditos ni hipotecas pendientes con las financieras. No le debo nada al Banco de Santander, la entidad financiera que tiene los depósitos y consignaciones de todos los juzgados de España. Estos cuatro sobornos tenían que ver con Botín, como todos los que se han pagado a magistrados del Supremo. Pero el Santander financia a muchísimos medios de comunicación. Unos tienen préstamos y otros quieren tenerlos.
- Usted habla de una trama en la que fiscales, jueces, políticos y empresarios cometieron presuntamente toda clase de atropellos, incluyendo el asesinato. Se trataría de una banda criminal como nunca imaginamos que pudiera existir en España.
- Ni en España ni en ningún país democrático. Se trata de la mayor matanza cometida en Europa en tiempos de paz. Hablamos de un archivo que consta de miles de documentos firmados por sus autores. No es el resultado de una investigación, sino el relato descubierto de unos hechos.
- Se dice que el expediente consta de 30.000 documentos.
- Esos son los que ya se han catalogado, estudiado y conseguido transcribir, pero hay muchos más. Son miles y miles de manuscritos emitidos por Mena, y otros tantos dando cuenta del cumplimiento de lo ordenado, también firmados.
- ¿Quién es Mena?
- José María Mena Álvarez fue el fiscal jefe de Cataluña desde 1996 hasta 2006. Otro actor importante en esta trama fue su lugarteniente, Rafael García Ruiz, conocido como el sargento Ruiz. Había otros más, aunque también se sirvieron de hasta 400 sicarios. Cuando Royuela presentó una querella en 2006, Mena llegó a un acuerdo con el Tribunal Supremo (TS). Él se jubilaría y la actuación se archivaría. En ese momento ordenó la ejecución de esos 400 esbirros. Todo esto está documentado. Tal vez sea el crimen jamás cometido en todo el mundo con más protocolos firmados que lo acrediten. Para deshacerse de ellos, alquiló unos chalés en los que citaba a los sicarios para ejecutarlos y enterrarlos allí mismo en fosas. Se trataba de personas desarraigadas. Inmigrantes, delincuentes… personas por las que nadie preguntaría nunca si desaparecían. Tres villas llegaron a arrendar.
- ¿Mena era un asesino con licencia para matar?
- Era un psicópata. No quiero emplear continuamente la palabra ‘supuestamente’, pero quiero dejar claro que siempre hablo del Mena que describen los documentos presuntamente firmados y escritos por él mismo.
- ¿Vive aún?
- Él sí. El sargento Ruiz creo que no.
- ¿Cómo se destapó todo esto?
- Por el coraje de un padre. Uno de sus hijos murió en circunstancias extrañísimas. La autopsia certificó que fue en un accidente. Lo registraron como indocumentado cuando llevaba el carnet de identidad en el bolsillo, y no permitieron a ese padre, el señor Royuela, ver el cadáver. Sin embargo, este hombre se puso a investigar.
- Eso cuesta tiempo y dinero.
- Era dueño de una empresa y disponía de recursos. Dedicó su vida y su dinero a intentar esclarecer la muerte de su hijo. Pagó información a muchos ‘topillos’. Supo que murió asesinado, pero la relación de esta muerte con la trama que descubrió después era circunstancial. No obstante, continuó indagando y consiguió documentación que demostraba que la cabeza de esa organización criminal era el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) José María Mena Álvarez.
- ¿Dónde estaban esos documentos?
- En la clínica Morín, que se dedicaba a practicar abortos ilegales. Mena era socio de la clínica. Royuela se enteró que un juzgado de Barcelona iba a practicar un registro en ese centro porque en él había desaparecido el cadáver de una mujer escandinava. El caso fue denunciado y difundido en un programa de televisión, tras lo que un juez de Barcelona decidió actuar. La documentación que buscaba Royuela estaba allí.
- ¿Cómo consiguió Royuela los papeles?
- Un empleado le advirtió que Mena les había encargado deshacerse de toda esa documentación antes de que se produjera el registro, pero que por un dinero se la entregarían y dirían que la habían destruido. Pagó y vació el archivo con cuatro camiones. Se lo llevó a Francia. Encargó su transcripción, porque se trataba de manuscritos, y la peritación y autenticación de las firmas. A partir de esos papeles construyó el relato de unos hechos que se sustanciaron en una querella interpuesta en 2006, en la que solamente se daba cuenta de 33 asesinatos de los 1.300 que han aflorado hasta hoy.
- ¿Cómo se pueden ocultar tantas muertes con sus correspondientes cadáveres? Resulta difícil de creer.
- Yo tampoco me lo creí en un principio. Santiago y Alberto Royuela decidieron hacer público todo esto hace dos años mediante unos vídeos que alguien me hizo llegar. Lo vi con mucho escepticismo. Sin embargo, algo llamó poderosamente mi atención, y es que nadie se hubiera hecho eco de este asunto. Para creer esto, tienes que ser jurista o haber sido represaliado, y en mi caso se dan ambas condiciones.
- Es cierto. Sorprende que ningún medio haya tratado este caso.
- Así es. Cuando los Royuela solicitaron ser miembros de la asociación, uno de los asociados me dijo que había tenido conocimiento de este asunto a través de Manos Limpias. Me aseguró que era conocido en las altas esferas. También en la Monarquía, porque Royuela se dirigió a don Juan Carlos I y a todas las Instituciones. La Casa Real le mandó un emisario insinuándole que presentara tantas denuncias como asesinatos, y que lo hiciera en diferentes juzgados de toda España, dada la magnitud del caso.
- ¿Hay algún documento que lo pruebe?
- Alberto Royuela sostiene que lo hay, como también existen las 850 denuncias presentadas en diferentes juzgados a lo largo de toda la geografía española.
- ¿Qué ocurrió con esas denuncias?
- Fueron archivadas.
- ¿Las 850?
- Todas.
- Ese ‘detalle’ anima a no creer lo que dicen los Royuela.
- Pero también es algo muy raro. Después, en 2009, Royuela decide poner el asunto en conocimiento de la presidenta del TSJC porque los papeles documentan el asesinato del padre de esta magistrada. Esta juez se puso de acuerdo con la fiscal jefe que sustituyó a Mena y la Sala de Gobierno abrió unas diligencias indeterminadas –las 1/2009-. Esto es importante, porque las diligencias únicamente pueden ser abiertas por órganos judiciales, y la Sala de Gobierno no lo es. Sin embargo, empiezan a investigar y llaman a declarar a 60 personas. Mena se reunió con la fiscal jefe y la presidenta del TSJC. No ha trascendido qué les dijo, pero la causa se archivó inmediatamente.
- Que la hija de un asesinado archive un caso que podía esclarecer la muerte de su padre complica aún más la credibilidad de la historia.
- Es que nuestro particular sistema de enjuiciamiento criminal, que es de 1880, dificulta perseguir los delitos de corrupción. Hace 140 años era el más novedoso del mundo y el más garantista. Sin embargo, ha pasado un siglo y medio, la técnica policial se ha superado enormemente y la capacidad de esclarecer delitos mediante la investigación es muy superior a la del siglo XIX. Yo mismo he comprobado cómo los jueces estorbamos a la Guardia Civil durante la instrucción de un asesinato más que ayudamos.
- Pero, después de todo lo que ha contado, ¿cómo nos puede convencer de la veracidad de los documentos aportados por Royuela?
- Asegurando que tengo entre las manos una montaña de documentos que incriminan a la mayor trama criminal que ha existido en España.
- ¿De cuántas personas estamos hablando y cuál es su nivel en esta trama?
- En primer lugar, tenemos a un psicópata, que es el fiscal Mena. Después a las personas de las que se valía, que eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Judicial.
- ¿Por qué hace algo así un fiscal jefe?
- Porque es un psicópata. Al principio recibía encargos del PSOE para eliminar disidentes políticos.
- ¿De qué disidentes hablamos?
- El que más me llamó la atención fue Gutiérrez Mellado. Murió en un accidente de tráfico. Uno de los documentos acredita que se manipuló el vehículo para provocar el siniestro y acabar con su vida y la de los escoltas.
- ¿La orden está firmada por el fiscal jefe de Cataluña?
- Sí. Todos los papeles están firmados por Mena.
- ¿Y nadie interviene existiendo esa prueba?
- En otro escrito, Mena informa a Rodríguez Zapatero que ordenó a un equipo provocar la caída del helicóptero en el que viajaban Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Todos creímos que se trataba de un accidente.
- ¿Está diciendo que Mena comunicó a Zapatero que intentó matar a Rajoy?
- Le dice textualmente “como usted ya sabe, no salió bien lo del helicóptero, pero nadie es perfecto”.
- Eso es muy fuerte y difícil de creer.
- ¿Recuerda a Alfonso de Borbón, el primo del rey que murió degollado mientras esquiaba? En los manuscritos aparece documentada su muerte. No murió esquiando. Manipularon el informe del forense. Hemos denunciado a Josep Arimany Manso, que era director de la clínica médico forense de Cataluña, por haber falsificado centenares de autopsias cobrando 2.000 euros por cada trabajito. Era imposible descubrir nada porque toda la investigación estaba amañada.
- Usted está señalando la implicación hasta de un presidente del Gobierno.
- Presidentes de gobiernos socialistas. Nosotros hemos denunciado una carta en la que Conde Pumpido, cuando era magistrado en el Tribunal Supremo y miembro de la Sala que debía juzgar a los GAL [Grupo Armado de Liberación, brazo de la lucha subterránea del Gobierno de España contra la banda terrorista ETA], comunica a Felipe González que ha recibido el dinero que le ha hecho llegar para el soborno, pero le recuerda que son dos y no uno los magistrados necesarios para equilibrar la balanza, por lo que tiene que enviarle más pasta.
- ¿Pumpido le pidió más dinero a González para amañar el juicio contra los GAL?
- Para no dejar cabos sueltos. Esa carta se la dio a Royuela el fiscal Fungairiño, que era de la cuerda contraria. Cuando se presentó la querella en 2006 y Mena tuvo que condicionar a los seis magistrados de la Sala que le iba a juzgar, se la enseñó a Conde Pumpido para presionarle. El magistrado le contestó que no hacía falta que le amenazara porque estaba dispuesto a colaborar en lo que fuera necesario.
- Siempre cabe la posibilidad de que sean falsas las firmas que aparecen en todos esos documentos.
- Cuando yo incorporo en una querella la carta de Felipe González o la de Conde Pumpido, apelo a una directiva de la Unión Europea de 2019 que establece la presunción de autenticidad de todos los documentos que existen en archivos públicos, bien por haber sido realizados por los propios funcionarios o porque hayan sido incorporados desde fuera. Nosotros utilizamos únicamente los que ya están en manos de la Administración porque han sido admitidos en las querellas presentadas por Royuela. Ninguno de esos ha sido cuestionado por nadie. Tampoco por los tribunales, luego son asumidos como auténticos.
- No obstante, y con independencia de la presunción legal, eso no prueba por sí solo la veracidad de esas firmas.
- La primera denuncia que pusimos nosotros fue contra Conde Pumpido. Nos llegó la carta de la que he hablado y solicitamos al juzgado de instrucción que investigara. El asunto trascendió. Conde Pumpido dijo que todo era falso, al igual que la firma que aparece en el documento que aportamos. Para sustentar su testimonio mostró una copia del escrito y otro papel con una firma suya. Sin embargo, no se querelló contra mí ni autorizó a los periodistas a publicar su versión. ¿Por qué? Supongo que porque estamos en lo cierto.
- Royuela y usted señalan a Mena, pero también a los gobiernos socialistas de organizar una trama delictiva.
- Porque el fiscal jefe de Cataluña organizó una trama de asesinatos que se ejecutaban por órdenes cursadas desde el PSOE. Uno de los que más encargaba era Juan Alberto Belloch, que era ministro de Justicia e Interior. Otro era Jiménez Villarejo en su etapa de fiscal anticorrupción. También está documentada la participación de Margarita Robles, actual ministra de Defensa. Aparece en numerosos escritos la leyenda ‘no os preocupéis que esto acabará arreglándolo Margarita Robles’. Se da a entender que la ministra intervino en cientos de estos asuntos. Era una especie de fontanera de todo el entramado. Hemos encontrado una relación de miles y miles de recursos de amparo presentados ante la misma Sala del Tribunal Constitucional elaborada por Jiménez Villarejo en los que figuraba qué abogado lo presentaría y quién pagaría la minuta. Las anotaciones incluían las cantidades a pagar.
- Pero ¿cómo y por qué obraban de esta manera?
- Porque Mena era un psicópata. Por eso guardaba sistemáticamente constancia de todo lo que se hacía. Tampoco obraba con un móvil claro. Los motivos de un psicópata no son los de las personas normales, que se mueven por pasiones como los celos, el dinero o el poder. Un enfermo no necesita nada de eso para actuar. Mena buscaba siempre la complicidad del resto de la banda. Daba las órdenes siempre manuscritas, obligaba a ser informado también por escrito sobre el cumplimiento del encargo.
- Da la impresión de que estamos ante algo tan gordo que es imposible canalizar por ningún conducto.
- Esto no podría ocurrir en EEUU por el sistema judicial que tienen. Allí la investigación es policial, pero aquí nos hemos acostumbrado a la instrucción judicial, y los jueces no investigan, instruyen. Por eso, ante una denuncia de este calibre, se echan las manos a la cabeza y dicen que es algo descabellado. Falta un sistema de investigación penal que descanse en la actuación de los policías. Eso estamos haciendo en Mequinenza.
- ¿De verdad han encontrado fosas comunes en ese pueblo aragonés?
- Nosotros hemos denunciado su existencia. Ahora, ¿van a investigar? Mucho me temo que no. Si la información que tenemos es cierta, una de las personas con mayor implicación sería Margarita Robles, la ministra de Defensa y, por tanto, la cabeza del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
- ¿Qué cree usted que pasará con esto?
- Para que pase algo, en primer lugar, debería saltar por los aires el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su presidente, Lesmes, tiene que desaparecer sin ofrecerle la posibilidad de una puerta giratoria, porque si pasa al Tribunal Constitucional estaríamos exactamente igual. En segundo lugar, es necesario desarrollar la directiva que protege al alertante de corrupción, que debe estar plenamente vigente en diciembre de este año. Y, en tercer lugar, la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal. Es imprescindible que la investigación corra a cargo de los fiscales junto a la Policía.
- ¿Por qué no se han hecho eco de esta historia los grandes medios de comunicación?
- Yo envío todas las notas de prensa a agencias como EFE o Europa Press, y también a Lesmes. Es decir, llegan al CGPJ y al TS. Sé que existe preocupación. Sin embargo, no se publican. Pensé que el PP estaba detrás del fraude que dio lugar a la doctrina Botín [estableció a partir de un caso por fraude presuntamente cometido por el entonces presidente del Banco de Santander que una acusación particular no puede seguir adelante si la Fiscalía se inhibe], pero he descubierto que era el PSOE. Mena forzó a los magistrados de la Sala que debía juzgar al banquero y terminó archivando el caso. De los seis magistrados que la integraban, se dirigió a cuatro recordándoles las estafas en que habían participado y los sobornos que habían recibido a través de sus esposas. Lo publicamos en Diario 16. Pues bien, esos cuatro magistrados favorecieron la doctrina Botín que archivó la causa contra el banquero.
- ¿Se han querellado contra usted o contra Diario 16?
- Ninguno de los cuatro. También se interesó Público, pero no llegó a sacarla. Sin embargo, yo no tengo créditos ni hipotecas pendientes con las financieras. No le debo nada al Banco de Santander, la entidad financiera que tiene los depósitos y consignaciones de todos los juzgados de España. Estos cuatro sobornos tenían que ver con Botín, como todos los que se han pagado a magistrados del Supremo. Pero el Santander financia a muchísimos medios de comunicación. Unos tienen préstamos y otros quieren tenerlos.
