Vía libre al Decreto de septiembre de 2019 que daba amparo a miles de propietarios
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| La Consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha liderado la defensa del Decreto Ley que trae la paz a miles de familias |
ALMERÍA HOY / 22·03·2021
Esta vieja y dolorosa historia podría vivir, con esta noticia, sus últimos momentos. Miles de casas en toda Andalucía, alrededor de 300.000, unas 22.000 de ellas, entre viviendas y edificaciones rurales, repartidas por la provincia de Almería, fueron adquiridas -sobre todo- por personas de otras nacionalidades, principalmente británicos y franceses. Al tiempo descubrieron, de entrada, que sus casas adquiridas con los ahorros de toda una vida en el sur de España estaban en situación irregular, o por llamarle de manera más suave en 'un limbo legal' que les ha tenido durante años, más de una década, con el corazón en un puño. Máxime si se tiene en cuenta que la Junta de Andalucía llegó a ordenar derribos, uno de ellos muy sonado en Vera, y que tuvieron después que resolverse en los tribunales. Lo curioso, ya que citamos el caso de la familia Prior en Vera, es que la Justicia les dio la razón, sentenció una indemnización, pero no la casa ni el alivio a tanto sufrimiento.
En septiembre de 2.019, la Junta de Andalucía emite el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, a través del cual pretende dar cobertura legal a miles de viviendas en esta situación, y de paso zanjar las grandes heridas que este asunto había ocasionado a miles de familias. El tema llegó a ser portada en medios de comunicación de prestigio internacional, ya que el clamor de estas familias que pudieran sentirse estafadas primero, y desamparadas por las leyes españolas después, llegó en forma de queja al Parlamento Europeo. Tras aplaudir el decreto, aprobado en noviembre de 2019 por el Parlamento Andaluz con los votos de PSOE, PP, Cs y VOX, y el voto en contra de Adelante Andalucía, llegó la advertencia y amenaza del Gobierno de España de recurrir este decreto al Tribunal Constitucional. Este anuncio del ejecutivo central tiene lugar a primeros del pasado año, poco antes del inicio de la pandemia.
Fue un jarro de agua fría para miles de afectados. La mayoría de ellos, los residentes en la provincia de Almería, sobre todo en el Almanzora, están representados en AUAN, la asociación Abusos Urbanísticos de Andalucía No. El letrado y portavoz de este colectivo, Gerardo Vázquez, reconoce que después del gran alivio que supuso el decreto, vino este problema de encontronazo entre gobiernos central y autonómico. Es evidente que el citado decreto nació con el fin de dar cobertura a la regularización de miles de viviendas desprotegidas y taponar las heridas que esta situación de desamparo había provocado. Muchos de estos propietarios se han sentido indefensos durante años, y veían amenazas de derribo sobre sus casas.
El ejecutivo central entendía que el Decreto-ley , aprobado por el Gobierno andaluz, el decreto se atribuía unas funciones que no le correspondían, en el objetivo de dar amparo a estas viviendas y sus propietarios. Entendía Madrid que se atribuían unas "funciones que habitualmente corresponden a las Asambleas Legislativas". El mismo gobierno central exponía que este decreto andaluz tenía "como finalidad esencial regularizar alrededor de 300.000 viviendas que llevan décadas en situación irregular en el territorio andaluz". Hoy todas las partes parecen celebrar el acuerdo entre gobiernos, porque el tema no irá al Tribunal Constitucional, y el asunto quedará resuelto con la aplicación del mencionado decreto. Es evidente que el gobierno de España ha querido evitar que el decreto pudiera infringir la Ley de Costas. Para ello, la Junta fijará que "lo dispuesto en la disposición final primera, apartado nueve, que modifica el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, no resultará de aplicación en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, en las que dichas edificaciones se sujetarán al régimen que derive de lo dispuesto en la legislación de costas". Este punto ha sido determinante para un acuerdo entre Gobierno y Junta que aporta tranquilidad a todos.
El decreto protege a estas casas levantadas, muchas de ellas en el campo, sobre suelo no urbanizable y suelo urbano no consolidado, y "es el instrumento para legalizar las viviendas", dice Gerardo Vázquez. El portavoz de AUNA recuerda que "el Decreto Ley andaluz sobre la regularización de edificaciones irregulares, que se veía amenazado por un posible recurso al Tribunal Constitucional por parte del gobierno central, va a permanecer en pie". El gobierno andaluz y el gobierno central han llegado a un acuerdo para matizarlo, "para que no afecte a zonas de costas, que seguirán bajo el ámbito de la Ley de Costas", argumenta. "La mayoría de las viviendas irregulares no están en zona de costas, con lo que estamos contentos", dice Gerardo Vázquez, que considera que se ha hecho "un buen trabajo de eficacia y consenso".
Los propietarios podrán regularizar sus viviendas solicitando los oportunos permisos en los Ayuntamientos correspondientes donde tengan la propiedad. La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación creada entre ambas administraciones, la central y la autonómica, ha dado sus frutos porque desde hoy lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publican el acuerdo y ambos coinciden en "considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación con el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre" y lo comunican al Tribunal Constitucional. "Estoy contento porque era una enorme preocupación la noticia de impugnación por parte del gobierno, poco antes del Covid", dice el portavoz de AUAN, pero este acuerdo final aporta, tanto a él como a los miles de afectados, la paz y la tranquilidad que vinieron buscando a España y que se les negó por la vía administrativa.
En septiembre de 2.019, la Junta de Andalucía emite el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, a través del cual pretende dar cobertura legal a miles de viviendas en esta situación, y de paso zanjar las grandes heridas que este asunto había ocasionado a miles de familias. El tema llegó a ser portada en medios de comunicación de prestigio internacional, ya que el clamor de estas familias que pudieran sentirse estafadas primero, y desamparadas por las leyes españolas después, llegó en forma de queja al Parlamento Europeo. Tras aplaudir el decreto, aprobado en noviembre de 2019 por el Parlamento Andaluz con los votos de PSOE, PP, Cs y VOX, y el voto en contra de Adelante Andalucía, llegó la advertencia y amenaza del Gobierno de España de recurrir este decreto al Tribunal Constitucional. Este anuncio del ejecutivo central tiene lugar a primeros del pasado año, poco antes del inicio de la pandemia.
Fue un jarro de agua fría para miles de afectados. La mayoría de ellos, los residentes en la provincia de Almería, sobre todo en el Almanzora, están representados en AUAN, la asociación Abusos Urbanísticos de Andalucía No. El letrado y portavoz de este colectivo, Gerardo Vázquez, reconoce que después del gran alivio que supuso el decreto, vino este problema de encontronazo entre gobiernos central y autonómico. Es evidente que el citado decreto nació con el fin de dar cobertura a la regularización de miles de viviendas desprotegidas y taponar las heridas que esta situación de desamparo había provocado. Muchos de estos propietarios se han sentido indefensos durante años, y veían amenazas de derribo sobre sus casas.
El ejecutivo central entendía que el Decreto-ley , aprobado por el Gobierno andaluz, el decreto se atribuía unas funciones que no le correspondían, en el objetivo de dar amparo a estas viviendas y sus propietarios. Entendía Madrid que se atribuían unas "funciones que habitualmente corresponden a las Asambleas Legislativas". El mismo gobierno central exponía que este decreto andaluz tenía "como finalidad esencial regularizar alrededor de 300.000 viviendas que llevan décadas en situación irregular en el territorio andaluz". Hoy todas las partes parecen celebrar el acuerdo entre gobiernos, porque el tema no irá al Tribunal Constitucional, y el asunto quedará resuelto con la aplicación del mencionado decreto. Es evidente que el gobierno de España ha querido evitar que el decreto pudiera infringir la Ley de Costas. Para ello, la Junta fijará que "lo dispuesto en la disposición final primera, apartado nueve, que modifica el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, no resultará de aplicación en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, en las que dichas edificaciones se sujetarán al régimen que derive de lo dispuesto en la legislación de costas". Este punto ha sido determinante para un acuerdo entre Gobierno y Junta que aporta tranquilidad a todos.
El decreto protege a estas casas levantadas, muchas de ellas en el campo, sobre suelo no urbanizable y suelo urbano no consolidado, y "es el instrumento para legalizar las viviendas", dice Gerardo Vázquez. El portavoz de AUNA recuerda que "el Decreto Ley andaluz sobre la regularización de edificaciones irregulares, que se veía amenazado por un posible recurso al Tribunal Constitucional por parte del gobierno central, va a permanecer en pie". El gobierno andaluz y el gobierno central han llegado a un acuerdo para matizarlo, "para que no afecte a zonas de costas, que seguirán bajo el ámbito de la Ley de Costas", argumenta. "La mayoría de las viviendas irregulares no están en zona de costas, con lo que estamos contentos", dice Gerardo Vázquez, que considera que se ha hecho "un buen trabajo de eficacia y consenso".
Los propietarios podrán regularizar sus viviendas solicitando los oportunos permisos en los Ayuntamientos correspondientes donde tengan la propiedad. La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación creada entre ambas administraciones, la central y la autonómica, ha dado sus frutos porque desde hoy lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publican el acuerdo y ambos coinciden en "considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación con el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre" y lo comunican al Tribunal Constitucional. "Estoy contento porque era una enorme preocupación la noticia de impugnación por parte del gobierno, poco antes del Covid", dice el portavoz de AUAN, pero este acuerdo final aporta, tanto a él como a los miles de afectados, la paz y la tranquilidad que vinieron buscando a España y que se les negó por la vía administrativa.
