Condenan a la empresa de seguridad de los hospitales de Poniente y El Toyo por no dotar de EPIs a sus trabajadores

El Juzgado de lo Social obliga a EULEN a entregar material de protección adecuado a la plantilla que desempeñan sus funciones en los dos centros



ALMERÍA HOY / 12·06·2020

La justicia da la razón a CSIF en su denuncia a Eulen Seguridad por no dotar de EPIS a sus trabajadores en el Hospital de Poniente y el Toyo • El Juzgado de lo Social obliga a la empresa a entregar material de protección adecuado a la plantilla que desempeñan sus funciones en sendos centros hospitalarios • El sindicato ya denunció esta situación ante la Inspección de Trabajo quien también resolvió favorablemente a favor de la queja elevada por la central sindical Almería, 11 de junio de 2020

La justicia vuelve a dar la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la denuncia interpuesta a la empresa Eulen Seguridad por no dotar de EPIS ni material de protección adecuado a su plantilla de 19 trabajadores, en concreto a los vigilantes del Hospital del Poniente y de El Toyo. Como ya sucediera en el mes de mayo con la Inspección de Trabajo, que corroboró la denuncia del sindicato, el Juzgado de lo Social número 3, basándose precisamente en dicho informe, obliga a la empresa a dotar de equipos de protección a sus trabajadores de forma inmediata y en un plazo de 24 horas.

De esta manera, tal y como dictamina el Juzgado, “la solicitud de adopción de medidas cautelares formulada por CSIF se ha efectuado por razones de urgencia y salud pública”, y continúa aludiendo que se ha puesto "en grave peligro" la salud, el derecho a la vida y a la integridad física de los mismos, lo que puede suponer contravención o infracción de la normativa existente en materia de prevención de riesgos laborales.

Para CSIF es incomprensible cómo la propia empresa realiza, en un primer momento, una evaluación que establece la necesidad de implantar determinadas medidas de seguridad y protección que, sin embargo, Eulen no pone en práctica, dado que no entrega el material oportuno a dichos trabajadores tal y como recoge esta evaluación externa y que pone de relieve la resolución del juzgado.

Tal y como denunció el sindicato en mayo, la empresa de vigilancia es la encargada de la Seguridad Privada del Hospital de Alta Resolución de El Toyo, con cinco trabajadores y también del Hospital de Poniente, con catorce vigilantes. Así, Eulen entregó a estos catorce vigilantes solo tres trajes de buzo desde que diera comienzo el estado de alarma sanitario y escaso material de protección como mascarillas quirúrgicas y guantes. Estos tres equipos de protección individual tuvieron que utilizarlos en más de diez intervenciones diarias con la obligación de desinfectarlos, teniendo en cuenta que cada vez que había un caso de COVID-19 debía haber un vigilante de seguridad abriendo paso y otro cerrando y que hacían entre 6 y 7 movilizaciones diarias de pacientes infectados.

CSIF ya manifestó que Eulen ante las evidentes quejas y reclamaciones de sus trabajadores, emplazaba a los vigilantes a que pidieran ellos mismos material de protección al hospital donde desempeñaban su labor, cuando debería ser la empresa la principal garante de salud y seguridad de su plantilla tal y como dictamina la normativa del Ministerio de Sanidad en materia de prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, el Juzgado de lo social ha requerido a EULEN Seguridad “con carácter urgente e inmediato, en todo caso en el término de 24 horas, provea a todos sus trabajadores vigilantes de seguridad en los Hospitales de Poniente y El Toyo, de los equipos de protección necesarios y adecuados para garantizar la salud y la integridad física, tales como guantes, mascarillas FFP2, batas, gafas antisalpicaduras y geles desinfectantes”.

En resumen, el sector de Empresa Privada de CSIF se congratula de estas medidas cautelarísimas y recuerda que estará vigilante en cada una de las empresas en las que tiene presencia para que se cumplan escrupulosamente toda la normativa, no sólo en los momentos más complicados de la pandemia por la COVID-19, sino de forma general para que ningún trabajador vea vulnerados sus derechos y garantías laborales.