Se calcula en 90.000 millones el importe anual de las corruptelas de nuestro país, pero no se ponen los medios para terminar con ella. La Unión Europea aprobó una directiva para hacerlo que debe ser incluida en la legislación española antes de diciembre de 2021, y un grupo de juristas ha elaborado un proyecto que ya ha presentado a los diferentes grupos del Congreso.
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| La abogada Lara Carrasco, portavoz de Corruptil, solicita el apoyo de una ciudadanía a la que ve “adormecida" para acabar con la corrupción. |
ALMERÍA HOY / 06·06·2020
Es el cuarto problema en importancia para los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), nos cuesta 90.000 millones al año, es decir, 2.000 a cada ciudadano, y existen por su causa en la actualidad 166 procedimientos judiciales abiertos contra 1.378 investigados. Hablamos de la corrupción, una lacra cuya extirpación supondría limpiar los 1,063 billones de deuda de España en poco más de 10 años.
“Y hasta podríamos prestar dinero a Alemania”, sostiene Lara Carrasco, abogada curtida en las acusaciones de casos tan mediáticos como el de la venta de viviendas sociales por el Ayuntamiento de Madrid a fondos buitre o la Gürtel porque vive y ejerce en Madrid. De residir en Andalucía, muy probablemente estaría luchando contra el fraude de los EREs o el de los fondos de formación, ya que la corrupción es un problema que “no entiende de colores políticos”.
Carrasco es, además, portavoz de Corruptil, una asociación que aglutina a un grupo de letrados y jueces, pero también periodistas y otros profesionales que han emprendido una lucha desigual contra una sangría del Tesoro Público que supone el 4,5% de un Producto Interior Bruto (PIB), cuya caída estará en torno al 8% con la crisis económica contingente a la sanitaria generada por el Covid-19. Es decir, más de la mitad del daño que causará el coronavirus en nuestros bolsillos.
Con ese propósito han elaborado un proyecto de ley a partir de la directiva aprobada por la Comisión Europea en abril de 2019, aunque publicada en el Boletín Oficial del Parlamento en diciembre, fecha a partir de la cual España tiene un plazo de dos años para ponerla en marcha. La iniciativa comunitaria parte de un concepto amplio de la corrupción, en el que incluye tanto ‘hechos ilícitos’ como ‘no éticos’, y obliga a todas las administraciones y empresas con más de 50 empleados a mantener un buzón de denuncias anónimas. Además, obliga a fiscalizar toda actuación pública.
Como patrón, además de en la directiva europea, se han fijado en la Agencia Valenciana Antifraude –“un modelo de éxito”-, basado en la creación de un órgano especial para juzgar estos casos.
La importancia de separar los procedimientos de corrupción del resto tiene una doble vertiente según la portavoz de Corruptil. Por un lado, se ganaría en formación específica, lo que aceleraría los largos tiempos de instrucción de las causas, que actualmente rondan los 10 años y son causa de numerosos archivos por prescripción de los delitos.
Por otra parte, se evitaría la cercanía y posibles presiones entre investigados, jueces y fiscales. En ese sentido, Carrasco recuerda un caso instruido en Castro Urdiales en el que la representante del Ministerio Público debía investigar al pediatra de su hija.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Otro factor de especial relevancia es el relativo a la elección de los magistrados que deben integrar estos tribunales especiales en un país como el nuestro, en el que no existen órganos judiciales independientes porque sus miembros son elegidos por diputados que ni siquiera son votados directamente por los ciudadanos, sino como integrantes de unas candidaturas elaboradas por los partidos.
Para evitar esta “perversión”, Corruptil vuelve sus ojos de nuevo al modelo valenciano. De esta manera, los jueces y fiscales del Tribunal Antifraude serían elegidos también por el Congreso de los Diputados, pero de una terna de juristas expertos en la materia propuesta por las asociaciones anticorrupción.
A juicio de Lara Carrasco, resulta “fundamental” resolver estas cuestiones con el fin de evitar “espectáculos” como el ofrecido en el caso del fraude en los cursos de formación por parte del sindicato UGT, en el que el fiscal fue “a degüello” contra el denunciante.
Porque la cuestión en sí trasciende al sufrimiento de la persona que destapa las malas prácticas de políticos, funcionarios y empleados públicos, aun siendo ya de por sí importante, ya que se trata de actos delictivos contra todos los ciudadanos, pues quien roba, malversa, prevarica o practica cohecho con dinero público, “actúa contra todos los ciudadanos”, asevera la activista anticorrupción.
Por esa razón, la presidenta de Corruptil solicita el apoyo de una ciudadanía a la que ve “adormecida, como bajo los efectos del opio, dejándose robar a manos llenas el producto de su trabajo traducido en impuestos que desaparecen en el agujero negro de la corrupción”.
Mientras tanto, como el fenómeno se produce en todas las administraciones, gobierne el partido que lo haga en cada una de ellas, todos ocultan el problema bajo la “pesada manta del ‘y tú más’”, en lugar de afanarse en buscar soluciones.
No obstante, Carrasco asegura que el grupo de expertos que dirige sabe cómo luchar contra esta otra ‘pandemia’, pero confiesa necesitar el apoyo de la gente y la presión social porque, sin ella, mucho se teme que los políticos no van a abrirles la puerta.
“Y hasta podríamos prestar dinero a Alemania”, sostiene Lara Carrasco, abogada curtida en las acusaciones de casos tan mediáticos como el de la venta de viviendas sociales por el Ayuntamiento de Madrid a fondos buitre o la Gürtel porque vive y ejerce en Madrid. De residir en Andalucía, muy probablemente estaría luchando contra el fraude de los EREs o el de los fondos de formación, ya que la corrupción es un problema que “no entiende de colores políticos”.
Carrasco es, además, portavoz de Corruptil, una asociación que aglutina a un grupo de letrados y jueces, pero también periodistas y otros profesionales que han emprendido una lucha desigual contra una sangría del Tesoro Público que supone el 4,5% de un Producto Interior Bruto (PIB), cuya caída estará en torno al 8% con la crisis económica contingente a la sanitaria generada por el Covid-19. Es decir, más de la mitad del daño que causará el coronavirus en nuestros bolsillos.
Con ese propósito han elaborado un proyecto de ley a partir de la directiva aprobada por la Comisión Europea en abril de 2019, aunque publicada en el Boletín Oficial del Parlamento en diciembre, fecha a partir de la cual España tiene un plazo de dos años para ponerla en marcha. La iniciativa comunitaria parte de un concepto amplio de la corrupción, en el que incluye tanto ‘hechos ilícitos’ como ‘no éticos’, y obliga a todas las administraciones y empresas con más de 50 empleados a mantener un buzón de denuncias anónimas. Además, obliga a fiscalizar toda actuación pública.
Como patrón, además de en la directiva europea, se han fijado en la Agencia Valenciana Antifraude –“un modelo de éxito”-, basado en la creación de un órgano especial para juzgar estos casos.
La importancia de separar los procedimientos de corrupción del resto tiene una doble vertiente según la portavoz de Corruptil. Por un lado, se ganaría en formación específica, lo que aceleraría los largos tiempos de instrucción de las causas, que actualmente rondan los 10 años y son causa de numerosos archivos por prescripción de los delitos.
Por otra parte, se evitaría la cercanía y posibles presiones entre investigados, jueces y fiscales. En ese sentido, Carrasco recuerda un caso instruido en Castro Urdiales en el que la representante del Ministerio Público debía investigar al pediatra de su hija.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Otro factor de especial relevancia es el relativo a la elección de los magistrados que deben integrar estos tribunales especiales en un país como el nuestro, en el que no existen órganos judiciales independientes porque sus miembros son elegidos por diputados que ni siquiera son votados directamente por los ciudadanos, sino como integrantes de unas candidaturas elaboradas por los partidos.
Para evitar esta “perversión”, Corruptil vuelve sus ojos de nuevo al modelo valenciano. De esta manera, los jueces y fiscales del Tribunal Antifraude serían elegidos también por el Congreso de los Diputados, pero de una terna de juristas expertos en la materia propuesta por las asociaciones anticorrupción.
A juicio de Lara Carrasco, resulta “fundamental” resolver estas cuestiones con el fin de evitar “espectáculos” como el ofrecido en el caso del fraude en los cursos de formación por parte del sindicato UGT, en el que el fiscal fue “a degüello” contra el denunciante.
Porque la cuestión en sí trasciende al sufrimiento de la persona que destapa las malas prácticas de políticos, funcionarios y empleados públicos, aun siendo ya de por sí importante, ya que se trata de actos delictivos contra todos los ciudadanos, pues quien roba, malversa, prevarica o practica cohecho con dinero público, “actúa contra todos los ciudadanos”, asevera la activista anticorrupción.
Por esa razón, la presidenta de Corruptil solicita el apoyo de una ciudadanía a la que ve “adormecida, como bajo los efectos del opio, dejándose robar a manos llenas el producto de su trabajo traducido en impuestos que desaparecen en el agujero negro de la corrupción”.
Mientras tanto, como el fenómeno se produce en todas las administraciones, gobierne el partido que lo haga en cada una de ellas, todos ocultan el problema bajo la “pesada manta del ‘y tú más’”, en lugar de afanarse en buscar soluciones.
No obstante, Carrasco asegura que el grupo de expertos que dirige sabe cómo luchar contra esta otra ‘pandemia’, pero confiesa necesitar el apoyo de la gente y la presión social porque, sin ella, mucho se teme que los políticos no van a abrirles la puerta.
