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SAMER ALNASIR*
Valdría reacomodar jurídicamente mi reflexión en cuanto a pandemia, esa tormenta cuyo paso llevará muertos y dejará vivos despojados. No solo me refiero a que deje a los vivos despojados de sus seres queridos, amores y demás vínculos humanos, pues en tiempo de pandemia todo eso se banaliza; me refiero a lo peor, a que después de esa tormenta pandémica no vendrá la calma, sino la peste, ya que ésta se llevará, y lo esta haciendo, los valores y sensibilidades humanas, estructuras sociales, y arraigará la peste del populismo, pero lo peor es que se va a llevar las estructuras institucionales y las del Estado de Derecho. No me refiero a la democracia, que esa ya es un mito para muchos, pero la tormenta se llevará todas las estructuras y mecanismos del Estado de Derecho que aquellos muertos dieron su vida para legarlo, la pandemia es la tormenta que se llevará muertos y sus legados. Los muertos descansarán en paz, pero quedarán vivos apestados, deseando haberse muerto.
Maquiavelo dijo que «todas las cosas de este mundo tienen su semejante en la Historia, y quien quiere predecir el mañana, debe fijarse en lo que pasó ayer». La Historia, a mi parecer, no se repite. La Historia continúa, es una línea longitudinal, ni es una noria, ni es circular. Todos sabemos que el curso de un río se va ensanchando a lo largo de su paso. De esa manera lo hace también la Historia, ensanchándose dolorosa, trágica, y calamitosamente. Pero lo habitual es que se amortigüe de manera gradual, sigilosa y astutamente, por lo que el vulgo no percibirá su impacto, y esa es la tarea de los sabios –intelectuales, periodistas, observadores sociales–: advertirlo, ponerlo de relieve para graduar el coste que su transcurso se va cobrando entre derechos, libertades, valores sociales, y muchos otros que la Historia quitará y restará bajo el pretexto de acomodación al tiempo, lo llamará actualización, o a veces, reformas.
Cada una de las crisis de nuestra conocida Historia, lamentablemente, no legó meditación, recapacitación, reflexión, reconsideración ni serenidad. Las crisis siempre han sido aprovechadas por algún oportunista que se alzaba exhibiendo músculo ante los pueblos que terminaron aclamándole como samaritano salvador. De la crisis del 1929 se fortaleció el nazismo, Hitler y la miseria mundial, así como todos sus ulteriores conocidos resultados. Igualmente podemos encontrar muchos otros ejemplos a lo largo de la Historia, desde Roma hasta donde queramos buscar.
En España, a pesar de los abundantes instrumentos jurídicos, previsiones constitucionales e institucionales que existen, de repente todo se ha venido abajo. No esta solo hibernando el Parlamento, ni las instituciones, sino que ha entrado en confinamiento el conjunto del Estado de Derecho, porque hibernar puede originar irreversibles resultados.
El sistema constitucional español se define como ordenamiento, y no como sistema jurídico, nuestra constitución así literalmente lo dice. Hace más de dos décadas lo critiqué, pero mis juveniles objeciones entonces nunca fueron consideradas, ahora parece que cobran sentido. Un sistema es una conjugación intrínseca, cohesionada dinámicamente, entrelazada la una con la otra, como un reloj, funciona de conjunto y para el conjunto cuando la más mínima de sus partículas deja de funcionar. Es un conjunto de normas, como describió Bobbio, que no se encuentra nunca sol0, sino vinculado a otros, componiendo mediante ese enlace el sistema normativo. En cambio, un ordenamiento apenas es un cúmulo de tópicos, que puede resquebrajarse, o erosionarse en alguna, o cualquiera de sus partículas, manteniendo la estructura del resto del rompecabezas edificada. Puede mantenerse la estructura faltando o suspendiendo parte, o incluso varias partes de ello ¿Pero quién quiere ese tipo de Estado? Un Estado ideal es, o debe ser, como un cuerpo humano,en el que por la mínima anomalía en el pie la cabeza se resiente. Posiblemente no será el Estado actual de muchos, pero debe ser el Estado de Derecho, por el que debemos luchar, y poner como objetivo.
Nadie ha visto el Estado, dice Burdeau, lo que percibimos del Estado es el Derecho, es decir, el sistema u ordenamiento jurídico que le sostiene como ente unitario. Es lógico confundir el Derecho con el Estado, ya que ése sin aquello, sería una mafia, como sostiene Troper. Precisamente porque en una mafia lo primero que se echa en falta es la seguridad jurídica, y la armonía en la coacción, por el mismo hecho, si lo acomete 'A' puede llevarle la muerte, pero si es 'B' el castigo puede ser otro por la carencia de unidad normativa, la ausencia de un sistema, y la ponderación de ordenamiento de tópicos y casuísticos, se diferencia un sistema de un ordenamiento, y por tanto, un estado cualquiera, de un Estado de Derecho.
En España, de repente el ordenamiento ha resultado opaco, el sistema dejó de funcionar. Los presupuestos normativos del Estado de Alarma, como concentración del poder en el gobierno de la nación y la unificación de las fuerzas de seguridad bajo un mando único, han quedado totalmente opacos. Gobiernos autonómicos que no solo siguen usurpando el poder, sino excediéndose incluso, y aprovechando el vacío de poder para restringir–acomodar la prensa, acceso a la información, confinado unilateral de territorios. Se han visto incluso alcaldes, de pequeños municipios, aldeas y localidades tomando el poder, unilateralmente, con declaraciones que corresponden en exclusiva a la Jefatura del Estado . Si eso pasa en España, que considerábamos consolidado Estado de Derecho, no me quiero imaginar lo que estará ocurriendo en otras débiles democracias y frágiles sistemas del mundo. Si esta pandemia esta sirviendo de fértil instrumento para el populismo español y la intoxicación de las masas, no me quiero imaginar la magnitud de su impacto en los frágiles sistemas de otras naciones.
La advertencia ha de elevarse al máximo. Si los sanitarios están contra el reloj luchando por las vidas, tanto juristas como periodistas han de ponerse en máxima alerta luchando por la supervivencia del Derecho, del Estado de Derecho. Una cosa es el Estado de Alarma y confinamiento sanitario, y otra muy distinta es un Estado de Excepción. Es obvio que estamos ante una situación inédita que requiere respuesta inusual, pero esa no puede significar ni sublevación de poderes, ni fuga del Derecho. Es cierto, que pasada la tormenta habrá que reflexionar sobre las fallos que tenemos en nuestro sistema normativo. Si la ley orgánica del estado de alarma 4/1981 tuviese un reglamento que estipule la formación de comisiones de seguimiento y vigilancia parlamentaria, no sólo en el Congreso, también en el Senado por las competencias de representación territorial que se le atribuyen, que vigile la fórmula de revocación de los poderes autonómicos, no habríamos enredado en esa caja de Skinner, con esa confrontación de poderes que no hace otra cosa que perder tiempo, esfuerzos, y sin duda, derechos de vivos, y vidas de muertos.
Nuestro ordenamiento jurídico estipula que declarado cualquier Estado, ya sea de Alarma, Sitio o Excepción, las Cortes deben, o deberían ponerse en alerta máxima, y sesión permanente. Sin embargo, hoy día, ni éstas pueden hacer lo suyo, ni es posible. Ya que la expansión de la enfermedad puede poner en riesgo la congregación parlamentaria, pero bajo ningún precepto pudiera dar lugar a hibernación parlamentaria, de facto, ni puede traducirse en hibernación institucional, ni mucho menos en hibernación del Derecho, porque la hibernación del derecho significa su agonía, y una agonía es un camino sin retorno hacía la muerte.
Los titulados recientes de Derecho en España se han relajado en reforzar su formación en las materias y conceptos básicos de derechos humanos y libertades fundamentales, al considerar éstas como valores ya consolidados o incuestionables en la sociedad, y de irrelevancia mercantilista en el ejercicio profesional. Esa relajación forma parte de nuestro frívolo sueño del que nos despertó la pesadilla del segundo maldito once de marzo. El mañana traerá la pandemia jurídica que pondrá en tela de juicio la formación y profesionalidad, que tanto colegios de abogados, como demás corporaciones profesionales deben ponerse al día, ya que seriamente nos veremos enfrentados a riesgos medievales al que las corporaciones de abogados deben servirse de activistas de procesos y hacerse eco de los altavoces científicos de reivindicación. Mucho tiempo ya pasó desde que se consideraba la reivindicación jurídica como mera actividad académica y ensayista, pero esa realidad ha de cambiarse, y servir de fuente propulsora para litigantes que postulen los derechos colectivos y el vigor del Estado de Derecho.
Nada en vano cuando hablamos de estrenos normativos. ¿Quién iba a pensar que llegásemos un día a poner en marcha los principios constitucionales como del Estado de Alarma por pandemia (art. 116 CE), o la intervención de la propiedad privada por interés nacional (art. 128.2 CE), o incluso el testamento verbal en tiempos de pandemia (art. 701 del CC)? Ese precisamente fue objeto de derogación en la reforma del 1990, por inutilidad, pero gracias a que no prosperó aquel intento, ¿a quién molesta un artículo en el código, aunque no se aplique? ¿acaso todas las normas del código se aplican cotidiana y escrupulosamente? Esa precisamente es una de las ventajosas características de un sistema, en comparación con un ordenamiento, la predisposición, no la casuística.
Si la salud es un cometido del personal sanitario, la vigencia, el vigor y la vitalidad del Estado de Derecho es responsabilidad de los juristas e, irremediablemente, de los profesionales del periodismo con rigor. Si aquellos están en la vanguardia, juristas y periodistas no pueden estar confinados en la retaguardia esperando que la vuelta a la normalidad sea un mero hecho sanitario. El confinamiento es apenas un distanciamiento social para delimitar la expansión de la pandemia, nadie puede confinarse sabáticamente y permitir la usurpación del poder, el desorden constitucional, ni un oportunismo político para hacerse el samaritano a costa de la vigencia del Estado de Derecho. El mañana no puede ser una simple cuestión de supervivencia; de permitirlo prefiero, y muchos deben concienciarse así, estar entre las honradas víctimas de esta pandemia de hoy, y no presenciar la peste de mañana.
*Samer Alnasir es profesor asociado de Historia del Derecho y Teoría Política en la Universidad Carlos III.
Maquiavelo dijo que «todas las cosas de este mundo tienen su semejante en la Historia, y quien quiere predecir el mañana, debe fijarse en lo que pasó ayer». La Historia, a mi parecer, no se repite. La Historia continúa, es una línea longitudinal, ni es una noria, ni es circular. Todos sabemos que el curso de un río se va ensanchando a lo largo de su paso. De esa manera lo hace también la Historia, ensanchándose dolorosa, trágica, y calamitosamente. Pero lo habitual es que se amortigüe de manera gradual, sigilosa y astutamente, por lo que el vulgo no percibirá su impacto, y esa es la tarea de los sabios –intelectuales, periodistas, observadores sociales–: advertirlo, ponerlo de relieve para graduar el coste que su transcurso se va cobrando entre derechos, libertades, valores sociales, y muchos otros que la Historia quitará y restará bajo el pretexto de acomodación al tiempo, lo llamará actualización, o a veces, reformas.
Cada una de las crisis de nuestra conocida Historia, lamentablemente, no legó meditación, recapacitación, reflexión, reconsideración ni serenidad. Las crisis siempre han sido aprovechadas por algún oportunista que se alzaba exhibiendo músculo ante los pueblos que terminaron aclamándole como samaritano salvador. De la crisis del 1929 se fortaleció el nazismo, Hitler y la miseria mundial, así como todos sus ulteriores conocidos resultados. Igualmente podemos encontrar muchos otros ejemplos a lo largo de la Historia, desde Roma hasta donde queramos buscar.
En España, a pesar de los abundantes instrumentos jurídicos, previsiones constitucionales e institucionales que existen, de repente todo se ha venido abajo. No esta solo hibernando el Parlamento, ni las instituciones, sino que ha entrado en confinamiento el conjunto del Estado de Derecho, porque hibernar puede originar irreversibles resultados.
El sistema constitucional español se define como ordenamiento, y no como sistema jurídico, nuestra constitución así literalmente lo dice. Hace más de dos décadas lo critiqué, pero mis juveniles objeciones entonces nunca fueron consideradas, ahora parece que cobran sentido. Un sistema es una conjugación intrínseca, cohesionada dinámicamente, entrelazada la una con la otra, como un reloj, funciona de conjunto y para el conjunto cuando la más mínima de sus partículas deja de funcionar. Es un conjunto de normas, como describió Bobbio, que no se encuentra nunca sol0, sino vinculado a otros, componiendo mediante ese enlace el sistema normativo. En cambio, un ordenamiento apenas es un cúmulo de tópicos, que puede resquebrajarse, o erosionarse en alguna, o cualquiera de sus partículas, manteniendo la estructura del resto del rompecabezas edificada. Puede mantenerse la estructura faltando o suspendiendo parte, o incluso varias partes de ello ¿Pero quién quiere ese tipo de Estado? Un Estado ideal es, o debe ser, como un cuerpo humano,en el que por la mínima anomalía en el pie la cabeza se resiente. Posiblemente no será el Estado actual de muchos, pero debe ser el Estado de Derecho, por el que debemos luchar, y poner como objetivo.
Nadie ha visto el Estado, dice Burdeau, lo que percibimos del Estado es el Derecho, es decir, el sistema u ordenamiento jurídico que le sostiene como ente unitario. Es lógico confundir el Derecho con el Estado, ya que ése sin aquello, sería una mafia, como sostiene Troper. Precisamente porque en una mafia lo primero que se echa en falta es la seguridad jurídica, y la armonía en la coacción, por el mismo hecho, si lo acomete 'A' puede llevarle la muerte, pero si es 'B' el castigo puede ser otro por la carencia de unidad normativa, la ausencia de un sistema, y la ponderación de ordenamiento de tópicos y casuísticos, se diferencia un sistema de un ordenamiento, y por tanto, un estado cualquiera, de un Estado de Derecho.
En España, de repente el ordenamiento ha resultado opaco, el sistema dejó de funcionar. Los presupuestos normativos del Estado de Alarma, como concentración del poder en el gobierno de la nación y la unificación de las fuerzas de seguridad bajo un mando único, han quedado totalmente opacos. Gobiernos autonómicos que no solo siguen usurpando el poder, sino excediéndose incluso, y aprovechando el vacío de poder para restringir–acomodar la prensa, acceso a la información, confinado unilateral de territorios. Se han visto incluso alcaldes, de pequeños municipios, aldeas y localidades tomando el poder, unilateralmente, con declaraciones que corresponden en exclusiva a la Jefatura del Estado . Si eso pasa en España, que considerábamos consolidado Estado de Derecho, no me quiero imaginar lo que estará ocurriendo en otras débiles democracias y frágiles sistemas del mundo. Si esta pandemia esta sirviendo de fértil instrumento para el populismo español y la intoxicación de las masas, no me quiero imaginar la magnitud de su impacto en los frágiles sistemas de otras naciones.
La advertencia ha de elevarse al máximo. Si los sanitarios están contra el reloj luchando por las vidas, tanto juristas como periodistas han de ponerse en máxima alerta luchando por la supervivencia del Derecho, del Estado de Derecho. Una cosa es el Estado de Alarma y confinamiento sanitario, y otra muy distinta es un Estado de Excepción. Es obvio que estamos ante una situación inédita que requiere respuesta inusual, pero esa no puede significar ni sublevación de poderes, ni fuga del Derecho. Es cierto, que pasada la tormenta habrá que reflexionar sobre las fallos que tenemos en nuestro sistema normativo. Si la ley orgánica del estado de alarma 4/1981 tuviese un reglamento que estipule la formación de comisiones de seguimiento y vigilancia parlamentaria, no sólo en el Congreso, también en el Senado por las competencias de representación territorial que se le atribuyen, que vigile la fórmula de revocación de los poderes autonómicos, no habríamos enredado en esa caja de Skinner, con esa confrontación de poderes que no hace otra cosa que perder tiempo, esfuerzos, y sin duda, derechos de vivos, y vidas de muertos.
Nuestro ordenamiento jurídico estipula que declarado cualquier Estado, ya sea de Alarma, Sitio o Excepción, las Cortes deben, o deberían ponerse en alerta máxima, y sesión permanente. Sin embargo, hoy día, ni éstas pueden hacer lo suyo, ni es posible. Ya que la expansión de la enfermedad puede poner en riesgo la congregación parlamentaria, pero bajo ningún precepto pudiera dar lugar a hibernación parlamentaria, de facto, ni puede traducirse en hibernación institucional, ni mucho menos en hibernación del Derecho, porque la hibernación del derecho significa su agonía, y una agonía es un camino sin retorno hacía la muerte.
Los titulados recientes de Derecho en España se han relajado en reforzar su formación en las materias y conceptos básicos de derechos humanos y libertades fundamentales, al considerar éstas como valores ya consolidados o incuestionables en la sociedad, y de irrelevancia mercantilista en el ejercicio profesional. Esa relajación forma parte de nuestro frívolo sueño del que nos despertó la pesadilla del segundo maldito once de marzo. El mañana traerá la pandemia jurídica que pondrá en tela de juicio la formación y profesionalidad, que tanto colegios de abogados, como demás corporaciones profesionales deben ponerse al día, ya que seriamente nos veremos enfrentados a riesgos medievales al que las corporaciones de abogados deben servirse de activistas de procesos y hacerse eco de los altavoces científicos de reivindicación. Mucho tiempo ya pasó desde que se consideraba la reivindicación jurídica como mera actividad académica y ensayista, pero esa realidad ha de cambiarse, y servir de fuente propulsora para litigantes que postulen los derechos colectivos y el vigor del Estado de Derecho.
Nada en vano cuando hablamos de estrenos normativos. ¿Quién iba a pensar que llegásemos un día a poner en marcha los principios constitucionales como del Estado de Alarma por pandemia (art. 116 CE), o la intervención de la propiedad privada por interés nacional (art. 128.2 CE), o incluso el testamento verbal en tiempos de pandemia (art. 701 del CC)? Ese precisamente fue objeto de derogación en la reforma del 1990, por inutilidad, pero gracias a que no prosperó aquel intento, ¿a quién molesta un artículo en el código, aunque no se aplique? ¿acaso todas las normas del código se aplican cotidiana y escrupulosamente? Esa precisamente es una de las ventajosas características de un sistema, en comparación con un ordenamiento, la predisposición, no la casuística.
Si la salud es un cometido del personal sanitario, la vigencia, el vigor y la vitalidad del Estado de Derecho es responsabilidad de los juristas e, irremediablemente, de los profesionales del periodismo con rigor. Si aquellos están en la vanguardia, juristas y periodistas no pueden estar confinados en la retaguardia esperando que la vuelta a la normalidad sea un mero hecho sanitario. El confinamiento es apenas un distanciamiento social para delimitar la expansión de la pandemia, nadie puede confinarse sabáticamente y permitir la usurpación del poder, el desorden constitucional, ni un oportunismo político para hacerse el samaritano a costa de la vigencia del Estado de Derecho. El mañana no puede ser una simple cuestión de supervivencia; de permitirlo prefiero, y muchos deben concienciarse así, estar entre las honradas víctimas de esta pandemia de hoy, y no presenciar la peste de mañana.
*Samer Alnasir es profesor asociado de Historia del Derecho y Teoría Política en la Universidad Carlos III.
