ALMERÍA HOY / 24·12·2018
Desde el sindicato de Policía Nacional, Unión Federal de Policía (UFP), con representación en el Consejo de Policía, han exigido al nuevo Gobierno de Andalucía «que no continúe con la misma política del gobierno anterior de encubrir la inmigración irregular en esa Comunidad Autónoma».
Así se expresan en un escrito consultado por este medio donde añaden que, «si bien entendemos que el servicio sanitario de urgencias debe ser universal, y sin entrar a valorar si se debe o no retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, entendemos que la Junta de Andalucía no puede seguir ocultando datos e informaciones que son imprescindibles para otras administraciones públicas».
«Es cierto que las competencias exclusivas en materia de control de la inmigración son exclusivas del Estado y están asignadas a la Policía Nacional, para ello, en cada provincia hay una Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que se encarga de la expulsión de los inmigrantes irregulares. Para comprender bien lo que ocurre, es necesario explicar que, para proceder a la expulsión de un extranjero irregular, la Policía Nacional tiene la obligación de proceder a la identificación completa del extranjero y acreditar su nacionalidad. ¿Por qué?, porque a cada extranjero hay que expulsarlo a su país y por ello, antes tenemos que demostrar a las autoridades de aquel país que este ciudadano que llevamos es nacional suyo. Esto, aunque pudiera ser un trámite fácil, es la clave para comprender por qué finalmente no podemos expulsar a la mayoría de ellos», explican.
En ese sentido, aclaran que cuando los «extranjeros irregulares» llegan a España, «como son conocedores de esta situación, cuando saltan la valla o llegan en patera, llegan sin ningún documento que acredite su verdadera identidad, ocultan su pasaporte y salen a la calle sin ninguna documentación que acredite su verdadera identidad y nacionalidad». «Por tanto, cuando son interceptados por el servicio marítimo de la Guardia Civil o por los miembros de la Policía Nacional, no se les pueda identificar plenamente. Y a partir de ahí, cuando son detenidos, aportan un nombre y nacionalidad falsa, según denuncian Así las cosas, cuando los Grupos Operativos de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, los detecta y procede a su detención, procede a tomar sus huellas, les hace la tarjeta decadactilar y les abre un expediente de expulsión con nombre y nacionalidad falsa. Y ningún país los aceptará debido a que no podemos demostrar que es nacional suyo».
El «encubrimiento» de la Junta de Andalucía
El problema, denuncian desde la UFP, es que nada más abrir el correspondiente expediente de expulsión, y quedar en libertad y después de ser asesorados por algunas ONGs, los inmigrantes irregulares se empadronan en los ayuntamientos españoles con un doble objetivo:
1º.- Poder acreditar que ya están en España, al objeto de demostrar los 3 años para acogerse al procedimiento de arraigo recogido en la Ley de Extranjería.
2º.- Poder obtener la “tarjeta sanitaria” o un “documento de reconocimiento temporal”, en el Servicio de Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma.
«Sin embargo, para poder realizar tanto el primer, como el segundo trámite, es obligatorio aportar copia de su pasaporte o carta de identidad verdadera de irregular», advierten. «Esto produce que, una vez puestos en libertad, los irregulares contactan con sus familias en sus países de origen para que les envíen su pasaporte original por correo ordinario y así empadronarse y solicitar la Tarjeta Sanitaria».
Así las cosas, como se ha explicado anteriormente, la Policía Nacional no puede expulsar a los irregulares al no poder acreditar su verdadera identidad cuando las copias de sus pasaportes están archivadas en los Servicios de Salud de la Junta de Andalucía.
«Es decir, que la en los archivos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen bajo llave 52.000 copias de pasaportes y cartas de identidad de los irregulares que la policía no puede expulsar, al no poder esta última identificarlos. Por tanto, desde Unión Federal de Policía (UFP) entendemos que en virtud de lo tipificado en el Artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando en su artículo 141.c.1 dice que es obligación de las administraciones:
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias
Desde UFP pedimos que el nuevo gobierno de Andalucía deje de encubrir la inmigración irregular y remita las 52.000 copias de pasaportes de todos aquellos extranjeros irregulares que sustentan tanto la “Tarjeta Sanitaria” o el “Documento de Reconocimiento Temporal sanitario” del Servicio Andaluz de Salud y de esta forma se pueda identificar fehacientemente a los 52.000 irregulares que hay en Andalucía y poder proceder a la aplicación de la Ley de Extranjería».
Evitar el turismo sanitario
De la misma forma, se solicita, que se remita copia a los Consulados Generales de España desplegados en la demarcación consular del país de cada interesado que, sin tener permiso de residencia en España, sean titulares de la tarjeta sanitaria Andaluza, para que, allí tengan conocimiento de que con visado turístico lo que están haciendo es “turismo sanitario” y puedan incluirlos en la lista de oposición Schengen.
Así se expresan en un escrito consultado por este medio donde añaden que, «si bien entendemos que el servicio sanitario de urgencias debe ser universal, y sin entrar a valorar si se debe o no retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, entendemos que la Junta de Andalucía no puede seguir ocultando datos e informaciones que son imprescindibles para otras administraciones públicas».
«Es cierto que las competencias exclusivas en materia de control de la inmigración son exclusivas del Estado y están asignadas a la Policía Nacional, para ello, en cada provincia hay una Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que se encarga de la expulsión de los inmigrantes irregulares. Para comprender bien lo que ocurre, es necesario explicar que, para proceder a la expulsión de un extranjero irregular, la Policía Nacional tiene la obligación de proceder a la identificación completa del extranjero y acreditar su nacionalidad. ¿Por qué?, porque a cada extranjero hay que expulsarlo a su país y por ello, antes tenemos que demostrar a las autoridades de aquel país que este ciudadano que llevamos es nacional suyo. Esto, aunque pudiera ser un trámite fácil, es la clave para comprender por qué finalmente no podemos expulsar a la mayoría de ellos», explican.
En ese sentido, aclaran que cuando los «extranjeros irregulares» llegan a España, «como son conocedores de esta situación, cuando saltan la valla o llegan en patera, llegan sin ningún documento que acredite su verdadera identidad, ocultan su pasaporte y salen a la calle sin ninguna documentación que acredite su verdadera identidad y nacionalidad». «Por tanto, cuando son interceptados por el servicio marítimo de la Guardia Civil o por los miembros de la Policía Nacional, no se les pueda identificar plenamente. Y a partir de ahí, cuando son detenidos, aportan un nombre y nacionalidad falsa, según denuncian Así las cosas, cuando los Grupos Operativos de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, los detecta y procede a su detención, procede a tomar sus huellas, les hace la tarjeta decadactilar y les abre un expediente de expulsión con nombre y nacionalidad falsa. Y ningún país los aceptará debido a que no podemos demostrar que es nacional suyo».
El «encubrimiento» de la Junta de Andalucía
El problema, denuncian desde la UFP, es que nada más abrir el correspondiente expediente de expulsión, y quedar en libertad y después de ser asesorados por algunas ONGs, los inmigrantes irregulares se empadronan en los ayuntamientos españoles con un doble objetivo:
1º.- Poder acreditar que ya están en España, al objeto de demostrar los 3 años para acogerse al procedimiento de arraigo recogido en la Ley de Extranjería.
2º.- Poder obtener la “tarjeta sanitaria” o un “documento de reconocimiento temporal”, en el Servicio de Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma.
«Sin embargo, para poder realizar tanto el primer, como el segundo trámite, es obligatorio aportar copia de su pasaporte o carta de identidad verdadera de irregular», advierten. «Esto produce que, una vez puestos en libertad, los irregulares contactan con sus familias en sus países de origen para que les envíen su pasaporte original por correo ordinario y así empadronarse y solicitar la Tarjeta Sanitaria».
Así las cosas, como se ha explicado anteriormente, la Policía Nacional no puede expulsar a los irregulares al no poder acreditar su verdadera identidad cuando las copias de sus pasaportes están archivadas en los Servicios de Salud de la Junta de Andalucía.
«Es decir, que la en los archivos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen bajo llave 52.000 copias de pasaportes y cartas de identidad de los irregulares que la policía no puede expulsar, al no poder esta última identificarlos. Por tanto, desde Unión Federal de Policía (UFP) entendemos que en virtud de lo tipificado en el Artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando en su artículo 141.c.1 dice que es obligación de las administraciones:
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias
Desde UFP pedimos que el nuevo gobierno de Andalucía deje de encubrir la inmigración irregular y remita las 52.000 copias de pasaportes de todos aquellos extranjeros irregulares que sustentan tanto la “Tarjeta Sanitaria” o el “Documento de Reconocimiento Temporal sanitario” del Servicio Andaluz de Salud y de esta forma se pueda identificar fehacientemente a los 52.000 irregulares que hay en Andalucía y poder proceder a la aplicación de la Ley de Extranjería».
Evitar el turismo sanitario
De la misma forma, se solicita, que se remita copia a los Consulados Generales de España desplegados en la demarcación consular del país de cada interesado que, sin tener permiso de residencia en España, sean titulares de la tarjeta sanitaria Andaluza, para que, allí tengan conocimiento de que con visado turístico lo que están haciendo es “turismo sanitario” y puedan incluirlos en la lista de oposición Schengen.
