Amigos de la Alcazaba insiste en que los trabajos realizados en la carretera colindante «invadieron» unos mil metros cuadrados del yacimiento
ALMERÍA HOY / 01·08·2017
La Fiscalía Provincial de Almería ha admitido a trámite la denuncia presentada por la asociación Amigos de la Alcazaba sobre el yacimiento arqueológico de El Chuche (Benahadux). La comunicación oficial recibida por la asociación está fechada en el 28 de julio de 2017.
«Este es un paso adelante a la denuncia presentada por Amigos de la Alcazaba el día 26 de febrero por posible delito contra la Ley de Patrimonio Histórico por destrucción parcial de la zona arqueológica El Chuche, declarada Bien de Interés Cultural desde 1999», han expresado desde la asociación mediante un comunicado.
En la denuncia, se comunicaba a la Fiscalía que los trabajos de desmonte efectuados para el acondicionamiento de la carretera nacional 340 «han supuesto el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados, obras que han invadido prácticamente mil metros cuadrados del yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche. Una zona protegida, delimitada y amojonada como Bien de Interés Cultural desde mayo de 1999, en la que se ha destruido, al menos, una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre».
Poco después, el 20 de marzo, Amigos de la Alcazaba remitió a la Fiscalía una ampliación de la documentación con la localización del área afectada y del desmonte de una parte del yacimiento arqueológico de El Chuche, así como una recopilación documental fotográfica del yacimiento y pronunciamientos públicos de colectivos ciudadanos, instituciones y grupos políticos, publicados en prensa, además de escritos de los partidos políticos elevados al Parlamento Andaluz y al Congreso de Diputados.
Amigos de la Alcazaba es una asociación cultural que desde hace casi 14 años tiene como lema sus 3D: Defensa, Difusión y Disfrute del patrimonio almeriense. Sin embargo, «hay que destacar las enormes dificultades en las que nos movemos por la labor de defensa del patrimonio, especialmente cuando son las propias Administraciones las causantes de los daños al patrimonio», afirma la presidenta, María Teresa Pérez.
«Este ha sido el caso de El Chuche, donde las obras realizadas por el Ministerio de Fomento y que han dado lugar a la denuncia han sido no sólo justificadas por el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, sino que de manera impropia de su cargo público y con total desconsideración a Amigos de la Alcazaba y a la función social que desarrolla, nos ha dirigido una retahíla de descalificaciones y ataques por el hecho de que haber cumplido con lo establecido por la Ley al denunciar los hechos ante la Fiscalía Provincial», añade la presidenta de la Asociación.
Desde Amigos de la Alcazaba consideran que «el esperpento» ha sido que, en el uso de su poder, ha impuesto una multa a la presidenta de la Asociación por una foto-denuncia que ha calificado como concentración ilegal. Dicha multa, que ha sido recurrida por Amigos de la Alcazaba sin respuesta administrativa alguna, es una «demostración palpable de las dificultades que se ponen a la asociación para cumplir con la legítima función social que nos reconocen todas las leyes democráticas», aseguran.
«Confiamos en que la Justicia esclarezca los hechos y sea un paso para proteger mejor el patrimonio almeriense», sentencian.
«Este es un paso adelante a la denuncia presentada por Amigos de la Alcazaba el día 26 de febrero por posible delito contra la Ley de Patrimonio Histórico por destrucción parcial de la zona arqueológica El Chuche, declarada Bien de Interés Cultural desde 1999», han expresado desde la asociación mediante un comunicado.
En la denuncia, se comunicaba a la Fiscalía que los trabajos de desmonte efectuados para el acondicionamiento de la carretera nacional 340 «han supuesto el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados, obras que han invadido prácticamente mil metros cuadrados del yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche. Una zona protegida, delimitada y amojonada como Bien de Interés Cultural desde mayo de 1999, en la que se ha destruido, al menos, una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre».
Poco después, el 20 de marzo, Amigos de la Alcazaba remitió a la Fiscalía una ampliación de la documentación con la localización del área afectada y del desmonte de una parte del yacimiento arqueológico de El Chuche, así como una recopilación documental fotográfica del yacimiento y pronunciamientos públicos de colectivos ciudadanos, instituciones y grupos políticos, publicados en prensa, además de escritos de los partidos políticos elevados al Parlamento Andaluz y al Congreso de Diputados.
Amigos de la Alcazaba es una asociación cultural que desde hace casi 14 años tiene como lema sus 3D: Defensa, Difusión y Disfrute del patrimonio almeriense. Sin embargo, «hay que destacar las enormes dificultades en las que nos movemos por la labor de defensa del patrimonio, especialmente cuando son las propias Administraciones las causantes de los daños al patrimonio», afirma la presidenta, María Teresa Pérez.
«Este ha sido el caso de El Chuche, donde las obras realizadas por el Ministerio de Fomento y que han dado lugar a la denuncia han sido no sólo justificadas por el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, sino que de manera impropia de su cargo público y con total desconsideración a Amigos de la Alcazaba y a la función social que desarrolla, nos ha dirigido una retahíla de descalificaciones y ataques por el hecho de que haber cumplido con lo establecido por la Ley al denunciar los hechos ante la Fiscalía Provincial», añade la presidenta de la Asociación.
Desde Amigos de la Alcazaba consideran que «el esperpento» ha sido que, en el uso de su poder, ha impuesto una multa a la presidenta de la Asociación por una foto-denuncia que ha calificado como concentración ilegal. Dicha multa, que ha sido recurrida por Amigos de la Alcazaba sin respuesta administrativa alguna, es una «demostración palpable de las dificultades que se ponen a la asociación para cumplir con la legítima función social que nos reconocen todas las leyes democráticas», aseguran.
«Confiamos en que la Justicia esclarezca los hechos y sea un paso para proteger mejor el patrimonio almeriense», sentencian.
