«Esta situación es un vergüenza, los señores Prior son las víctimas pero están pagando un precio infinitamente más caro que cualquiera»
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| Un manifestante exhibe un cartel reclamando el pago de la indemnización durante la intervención del alcalde de Vera (archivo). |
EUROPA PRESS / 10·08·2017
El Ayuntamiento de Vera ha notificado al matrimonio británico jubilado formado por Leonard y Helen Prior un total de 24.843,51 euros en concepto de costas judiciales en virtud del procedimiento que iniciaron para reclamar daños y perjuicios por la demolición de su vivienda en enero de 2008, y que fue previo a la consecución de una nulidad de la licencia y la sentencia que dictara la responsabilidad patrimonial del Consistorio veratense, condenado posteriormente a abonar a los afectados 425.185,43 euros por la demolición.
La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) ha criticado el «calvario» que atraviesa el matrimonio, de 73 años de edad, después de haber recibido la carta de pago cuando perdieron su vivienda «ante una denuncia de la Junta de Andalucía por la ilegalidad de la vivienda municipal». En este sentido, la organización asegura que, a día de hoy, ambos viven aún en un garaje desde hace nueve años.
«Esta situación es un vergüenza, los señores Prior son las víctimas pero están pagando un precio infinitamente más caro que cualquiera que haya sido declarado culpable de un delito urbanístico en la última década», ha considerado la presidenta de AUAN, Maura Hillen.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vera mantiene un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que le condena como responsable patrimonial a indemnizar con 425.185,43 euros la pareja por la demolición de su vivienda unifamiliar, la cual construyeron con licencia municipal de obras concedida por el Consistorio y que años después fue declarada ilegal. Pese a esta decisión, adoptada en abril del pasado año, desde el Ayuntamiento se trasladó que se trataría de abrir «vías amistosas entre las partes para llegar a un entendimiento».
Previamente al reconocimiento de esta indemnización, la justicia falló en contra de los intereses del matrimonio en un procedimiento anterior a la declaración de nulidad de la licencia —resuelto en primera instancia en marzo de 2012—, ya que, según la resolución, no se podía inferir la responsabilidad del Ayuntamiento hasta no resolver el estado del permiso municipal.
Los afectados mantienen su residencia en el municipio de Vera y residen en un garaje desde que el 9 de enero de 2008 después de que su casa fuera derribada en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego, en abril de 2009, fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC) al declarar vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva por no haber sido parte en el procedimiento judicial que derivó en la demolición de su vivienda.
El Juzgado de lo Contenciosos-administrativo 3 de Almería señaló posteriormente, en abril de 2016, la responsabilidad del Ayuntamiento y no del Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le reprocha al Consistorio que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento y que, además, no examinase «como le correspondía» si el proyecto presentado para vivienda unifamiliar era conforme a las normas urbanísticas.
La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) ha criticado el «calvario» que atraviesa el matrimonio, de 73 años de edad, después de haber recibido la carta de pago cuando perdieron su vivienda «ante una denuncia de la Junta de Andalucía por la ilegalidad de la vivienda municipal». En este sentido, la organización asegura que, a día de hoy, ambos viven aún en un garaje desde hace nueve años.
«Esta situación es un vergüenza, los señores Prior son las víctimas pero están pagando un precio infinitamente más caro que cualquiera que haya sido declarado culpable de un delito urbanístico en la última década», ha considerado la presidenta de AUAN, Maura Hillen.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vera mantiene un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que le condena como responsable patrimonial a indemnizar con 425.185,43 euros la pareja por la demolición de su vivienda unifamiliar, la cual construyeron con licencia municipal de obras concedida por el Consistorio y que años después fue declarada ilegal. Pese a esta decisión, adoptada en abril del pasado año, desde el Ayuntamiento se trasladó que se trataría de abrir «vías amistosas entre las partes para llegar a un entendimiento».
Previamente al reconocimiento de esta indemnización, la justicia falló en contra de los intereses del matrimonio en un procedimiento anterior a la declaración de nulidad de la licencia —resuelto en primera instancia en marzo de 2012—, ya que, según la resolución, no se podía inferir la responsabilidad del Ayuntamiento hasta no resolver el estado del permiso municipal.
Los afectados mantienen su residencia en el municipio de Vera y residen en un garaje desde que el 9 de enero de 2008 después de que su casa fuera derribada en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego, en abril de 2009, fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC) al declarar vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva por no haber sido parte en el procedimiento judicial que derivó en la demolición de su vivienda.
El Juzgado de lo Contenciosos-administrativo 3 de Almería señaló posteriormente, en abril de 2016, la responsabilidad del Ayuntamiento y no del Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le reprocha al Consistorio que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento y que, además, no examinase «como le correspondía» si el proyecto presentado para vivienda unifamiliar era conforme a las normas urbanísticas.
